Representante del Pacto Histórico demandará designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como representante del Gobierno en consejos superiores de universidades públicas: “Es nepotismo”

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, comenzó a cambiar su representación en los Consejos Superiores de las principales universidades públicas mediante el Decreto 1310, expedido el 25 de agosto de 2026 por el Ministerio de Educación Nacional, una decisión que abre un nuevo ciclo de nombramientos presidenciales en los órganos de dirección de la educación superior estatal.

El propio documento presenta esa presencia del Ejecutivo como una vía de enlace entre la administración y las instituciones estatales de educación superior. El texto señala que la representación presidencial “constituye un mecanismo de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y las instituciones de educación superior estatales”, bajo reglas constitucionales, legales y estatutarias.

La decisión más visible en esa reconfiguración fue la designación del profesor Diego Alejandro Torres Galindo como representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. También fue nombrado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, sacerdote, abogado de la Universidad Javeriana, capellán de la Presidencia de la República y primo hermano de Abelardo de la Espriella.

Londoño de la Espriella tendrá asiento en los consejos superiores de las universidades Pedagógica Nacional, de Antioquia, del Valle y del Atlántico. El texto fuente añade que el Ejecutivo hizo más designaciones, aunque no desarrolla en ese fragmento los nombres restantes.

La demanda a la designación de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella

Isabel Vera, representante del Pacto Histórico, confirmó en sus redes sociales que alista demanda contra la designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como representante del presidente ante varios consejos superiores de universidades públicas del país.

Para la legisladora, el nombramiento va en contra de la ley colombiana, puesto que hay un conflicto de intereses por el grado de consanguinidad con el gobernante de los colombianos. Además, sostuvo que la presencia de Londoño de la Espriella es un caso de nepotismo en el Gobierno nacional.

“Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño de La Espriella, a los Consejos Superiores de 5 universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste NO es el gobierno de los nunca, sino del NEPOTISMO”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “El primo de Abelardo fue nombrado en: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad del Valle. Entre estas se administra un presupuesto cercano a los 7 billones”.

Consejo de Estado admitió una nueva demanda contra elección de De la Espriella

La querella que interpondrá Vera no es el único proceso legal que enfrenta la actual administración, el Consejo de Estado admitió el 24 de agosto de 2026 una demanda de nulidad electoral contra la elección del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo, pero rechazó la petición de suspensión provisional mientras avanza el proceso.

Al negar la medida cautelar, la Sección Quinta sostuvo que la violencia psicológica puede ser causal de nulidad, pero advirtió que no alcanza con probar que se pronunciaron ciertas expresiones en campaña para concluir que se afectó la validez de la elección.

La nueva demanda plantea una presunta violencia psicológica dirigida a sectores políticos y sociales que no apoyaban la candidatura del líder del movimiento político Defensores de la Patria. Entre los hechos mencionados, el demandante citó expresiones atribuidas al entonces candidato como “destripar”, “extirpar”, “dar de baja” y la calificación de algunos sectores como “enemigos de la República”.

El alto tribunal señaló que, para que esa causal tenga efectos sobre el resultado, debe establecerse que las conductas denunciadas tuvieron capacidad de afectar la voluntad de los electores y que esa afectación pudo incidir en el resultado de los comicios.

El escrito también cuestionó elementos de la campaña como el uso de símbolos nacionales y la narrativa del denominado “voto fusil”. La Sección Quinta indicó que esos puntos no sustentaron la solicitud de suspensión provisional y quedarán para una etapa posterior del trámite.