Sectores de izquierda advirtieron sobre borrador de decreto que, aseguran, permitiría la privatización de colegios públicos: “Estamos listos para demandar”

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, anunció que su bancada se prepara para presentar acciones legales en respuesta a un borrador de decreto del Ministerio de Educación que, según ha denunciado, significaría uno de los golpes más fuertes contra la educación pública en Colombia en los últimos años.

Hernández aseguró que el documento, liderado por Viviane Morales, contempla la posibilidad de entregar la administración de los colegios de primaria y secundaria de todo el país a operadores privados, empresarios y sectores religiosos.

En palabras de la congresista, la medida se inserta dentro de una tendencia internacional de las extremas derechas y responsabilizó a Abelardo de buscar “dilapidar el derecho a la educación y la prestación del servicio público a cargo del Estado”.

Hernández advirtió sobre el riesgo de que se pretenda “entregar el negocio a sus empresarios, amigos y a las iglesias cristianas aliadas y financiadoras de las campañas de Salvación Nacional y de los defensores de la patria”.

La senadora remarcó que el país se encuentra “ante una alerta nacional porque buscan convertir los colegios en sus nuevos contrataderos”.

Según Hernández, instituciones religiosas que no pagan impuestos aspiran a tomar control sobre la educación pública y obtener beneficios económicos a expensas “de los derechos de todas y todos los colombianos”. En su intervención, la legisladora rechazó los señalamientos previos contra su bancada, los cuales acusaban al Pacto Histórico de querer adoctrinar.

“Nos acusaron a nosotros de querer adoctrinar y resulta que son ellos quienes quieren dejar la educación en manos del dogmatismo”, manifestó.

Hernández señaló que la condición religiosa de la titular del Ministerio no constituye el problema, sino la posibilidad de que “pretenda imponerle su agenda y sus creencias a una sociedad a través de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes”.

Frente a la eventualidad de que el decreto sea firmado, Hernández convocó al movimiento estudiantil y al magisterio a oponerse activamente ante lo que calificó como “privatización de la educación”.

La parlamentaria enfatizó: “No vamos a permitir que negocien con el futuro de la juventud. ¡Estamos listos para demandar!”. Además, informó que su equipo ya prepara un borrador de acción de nulidad para responder legalmente a lo que consideran “un intento de vulneración sistemática del Estado social de derecho a manos de la ultraderecha colombiana”.

El senador Agmeft Escaf, también integrante del Pacto Histórico, confirmó que el Ministerio de Educación puso en consulta un proyecto de decreto que modifica y mantiene esquemas de participación de entidades privadas en la administración de colegios públicos. De acuerdo con Escaf, estos contratos podrían “extenderse hasta por 12 años”.

El legislador subrayó la magnitud de la propuesta: “Estamos hablando de millones de niños, niñas y adolescentes y de un derecho fundamental”.

Escaf alertó sobre las consecuencias de introducir intermediarios entre el Estado y los derechos de la ciudadanía, advirtiendo que “la garantía de un derecho termina sometida a lógicas de contratación, rentabilidad e intereses particulares”.

“El derecho a la educación pública no puede convertirse en un negocio”, remarcó Escaf, y añadió que se trata de “una responsabilidad indelegable del Estado”.

Por su parte, Gabriela Muñoz, militante del Pacto Histórico, denunció que el objetivo del proyecto es “privatizar nuestra educación: entregar colegios oficiales a operadores privados e iglesias hasta por 12 años”.

Muñoz sostuvo que el golpe recaerá “sobre quienes menos tienen y más necesitan oportunidades, que son la mayoría”. Ante esto, la activista llamó a la organización social e insistió en que “la educación pública no se vende ni se convierte en negocio, se defiende”.

Por último, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en X el borrador de decreto impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella que permitiría “entregarle el derecho de la educación pública a los intereses de privados, incluyendo sectores cristianos”.

Romero advirtió: “Si se meten con los niños y niñas, a quienes dicen falsamente proteger, son capaces de todo”. Llamó a la acción legal: “Hay que demandar semejante infamia”.