Contraloría enciende las alarmas por giros de $64,44 billones al cierre del Gobierno Petro: hay pagos duplicados y contratos bajo lupa

La Contraloría General de la República ordenó una investigación de carácter urgente tras detectar giros por más de 64,44 billones de pesos durante las últimas cinco semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La entidad de control dispuso la realización de visitas de Policía Judicial a las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para revisar la legalidad de las operaciones.

La evaluación técnica cubre del 22 de junio al 28 de julio de 2026. En estas cinco semanas, tras superar las restricciones contractuales de la Ley de Garantías —que evita el uso de recursos o cargos públicos para favorecer campañas—, las entidades nacionales cerraron compromisos por 48,14 billones de pesos y realizaron pagos acumulados por 60,35 billones de pesos.

Anomalías en la ejecución contractual que detectó la Contraloría

Los análisis adelantados por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas identificaron conductas inusuales en el manejo de los fondos del tesoro nacional.

Los auditores documentaron desembolsos por la totalidad de las obligaciones el mismo día de la firma de los contratos, giros simultáneos a un mismo contratista procedentes de diferentes dependencias y pagos diversos sustentados con una misma documentación soporte.

De igual forma, la revisión institucional registró transacciones duplicadas a personas naturales en una misma fecha, con valores idénticos y amparadas bajo el mismo informe de ejecución.

Frente a estos patrones, la Contraloría activó un grupo de investigación especial para comprobar si las obligaciones pactadas fueron efectivamente entregadas o si se presentaron esquemas de fraccionamiento de pagos.

Concentración de recursos en fondos y ministerios

Dentro de los giros bajo examen sobresalen 7 billones de pesos dirigidos a la Ungrd. El informe del órgano de control advirtió que la institución no mostró eficiencia en el uso de los fondos destinados para responder a las emergencias causadas por el frente frío, evento que dejó cerca de 230.000 hectáreas inundadas en el país.

Adicionalmente, el organismo fiscalizador halló la asignación de 6 billones de pesos en el rubro de gastos generales del Ministerio de Salud. La magnitud y la variación constante de estos montos llevaron a la Contraloría a revisar de manera directa las cuentas y los comprobantes de egreso de esa cartera ministerial.

El seguimiento financiero se enfocó especialmente en las transferencias a esquemas de administración fiduciaria. Los patrimonios autónomos administrados por Fiduciaria La Previsora S.A. recibieron giros por cerca de 4,33 billones de pesos durante el periodo analizado.

Asimismo, la Contraloría delegada advirtió sobre serias inconsistencias en 31 informes financieros presentados por la Fiduprevisora. La anomalía principal se concentró en el informe sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde la revisoría fiscal dejó constancia expresa sobre las cuentas de los prestadores de salud.

“No es posible obtener las evidencias suficientes sobre cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud”, se lee en el comunicado del ente de control fiscal.

El ente fiscalizador señaló de igual manera la falta de actas administrativas del Consejo Directivo, lo que impidió verificar las autorizaciones sobre movimientos financieros de gran escala en dicha entidad.

Auditorías e intervención institucional que llevaron a las alertas

Frente a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría remitió los antecedentes a sus dependencias sectoriales con el fin de iniciar auditorías directas en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

A través del comunicado de prensa expedido en la ciudad de Bogotá, el organismo de control fiscal fijó su posición oficial frente al inicio de las indagaciones judiciales y administrativas:

“El propósito de esta actuación no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que un volumen extraordinariamente significativo de recursos públicos cuente con plena trazabilidad, justificación y soporte”, se lee en el documento.

“La Contraloría General continuará realizando seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del Estado y adoptará, de acuerdo con los resultados de las verificaciones sectoriales, las actuaciones de control fiscal a que haya lugar”, añadió la entidad.

Los equipos auditores evalúan la proximidad entre el registro presupuestal y el desembolso de recursos, en varios casos antes del primer mes del contrato, para verificar si los tiempos coinciden con la entrega real de los bienes.