
El Congreso de la República ya definió a los seis integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp): una célula legislativa que tiene como principal función vigilar las operaciones de deuda externa del Gobierno nacional y, en consecuencia, recomendar una serie de correctivos si el Ejecutivo compromete la capacidad de pago del país, en un panorama a todas luces complejo en materia fiscal.
La designación de los congresistas que hacen parte de esta comisión se llevó a cabo en medio de la influencia que aún tiene el antecedente ocurrido en la anterior administración: el megacaso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pues varios de sus exmiembros se vieron salpicados en medio de las implicaciones por presuntas actuaciones irregulares.
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La nueva integración se repartió entre tres senadores y tres representantes a la Cámara, elegidos por las Comisiones Terceras de cara corporación. En el Senado fueron escogidos Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático; Álex Yirley Vargas, del Partido Liberal; y David Racero, del Pacto Histórico; que tendrán la responsabilidad de ser los veedores de la capacidad financiera del Estado en el cuatrienio.
Por su parte, en la Cámara de Representantes fueron designados en la jornada del martes 25 de agosto María Camila Salas, del Partido Conservador; Héctor Chaparro, del Partido Liberal; y Santiago Castro, del Centro Democrático; a los que se suman Jorge Rodrigo Tovar y Karen López, de las circunscripciones de paz (Citrep). De sus sesiones participa el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
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Entre sus funciones, la comisión es la encargada de revisar las operaciones de crédito público externo que coordina el Gobierno y, en ese orden de ideas, emitir informes sobre esos movimientos; como ocurrió en el Gobierno Petro, como la ampliación del cupo de endeudamiento externo; y la emisión de Títulos de Tesorería (TES) para obtener dinero en efectivo, durante el tramo final de la administración.
Exdirector de Asobancaria hará parte de la Comisión de Crédito Público
El vallecaucano Santiago Castro, representante del Centro Democrático y exdirector de Asobancaria, fijó el alcance que, a su juicio, tendrá su llegada a esa instancia. “Es una célula muy importante donde hacemos el análisis, donde damos concepto y donde rendimos informe sobre todas las operaciones de crédito que emprende la nación”, reiteró el congresista, uno de los más experimentados en este campo.
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Castro también reveló el criterio con el que dice que actuará dentro de la célula legislativa. “Voy a actuar con toda la transparencia para traerle rigor técnico a esta comisión y, junto con mis compañeros, María Camila Salas, con Héctor Chaparro y los compañeros de Citrep, vamos a mostrar que el Congreso de la República se la juega”, agregó el congresista, que prometió trabajar “por los intereses de la nación”.

La dinámica de la sala le da un margen de acción poco usual frente a otras células legislativas, pues el Gobierno puede convocarla incluso cuando el Congreso esté en receso para informarle los movimientos que planea efectuar en materia de financiamiento externo. De hecho, el ministro Gómez ya anunció que citaría a esa sala para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial.
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Escándalo de la Ungrd aún salpica a la Cicp
La conformación de esta comisión se dio después de que, en la administración Petro, algunos de los congresistas que pasaron por esa célula resultaran mencionados en el escándalo del saqueo a la (Ungrd); como Karen Manrique, de las curules de paz; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde; y Liliana Bitar y Wadith Manzur, del Partido Conservador.
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