Caso de Álvaro Uribe por La Granja y El Aro pasaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara; Miguel Ángel del Río se opuso a la decisión

La defensa del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez logró que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad la promoción de un conflicto de competencias para asumir el expediente contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta relación con el Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

El argumento, según pudo verse en la comunicación firmada por el representante Carlos Alberto Cuenca, presidente de la célula legislativa, sería que el caso tocaría hechos de 2003, cuando el exmandatario tenía fuero presidencial, al desempeñarse entonces como jefe de Estado. Con esto, el caso ya no estaría en el despacho de la fiscal delegada tercera ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuenca, en su comunicación, pidió la remisión del expediente tramitado bajo la ley 600 de 2000, y advirtió que, si la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte no accede, el asunto deberá ir a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima la colisión. De esta manera se plantearía de entrada un eventual análisis ante el alto tribunal por un posible cruce de competencias entre ambos órganos.

“De no acceder su despacho a esta solicitud”, se leyó en el oficio, el expediente deberá remitirse a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva “de plano” la colisión de competencia, con base en el artículo 95 de la ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.

¿Cuál fue la postura de la defensa de Álvaro Uribe?

La solicitud de la defensa se apoya en la “hipótesis investigativa” sobre la presunta participación de Uribe en concierto para delinquir agravado por hechos vinculados con la conformación del grupo paramilitar que operaba en Guacharacas y que después fue conocido como Bloque Metro, pues la tesis sostiene que se trata de un delito permanente, que se ubica en la fecha de consumación en 2003.

“Atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento”, se leyó en la argumentación. Se habla de ese año, pues fue cuando el Bloque Metro desapareció tras su guerra interna con el Bloque Central Bolívar.

A lo que se suma el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, que marca el cierre de las conductas delictivas. La hipótesis de la Fiscalía en este caso sostiene que la alianza ilegal, aunque iniciada años antes, pues la masacre de La Granja dataría del 11 de junio de 1996 y la de El Aro entre el 22 y el 25 de octubre de 1997; y el crimen de Valle en febrero de 1998, se mantuvo hasta ese año (2003).

La disputa se concentra en si el fuero presidencial cambia el juez del caso

La comunicación oficial señala que la Comisión Legal de Investigación y Acusación recibió un memorial de la defensa del expresidente en el que se pidió proponer el conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema. Se trata de un asunto que no gira sobre una absolución ni sobre el fondo de los hechos, sino sobre el que debe llevar en consecuencia la actuación penal.

La carta también recuerda el sustento constitucional de la petición, pues citó los artículos 174, 175, 178 y 235 de la Constitución para afirmar que el presidente de la República y otros altos funcionarios tienen condición de aforados, y que su investigación corresponde a la Cámara, con eventual acusación ante el Senado y juzgamiento por la Corte Suprema en caso de delitos comunes.

Miguel Ángel del Río se opuso al eventual traslado del caso a la Cámara: estos serían los efectos judiciales

En medio de esta eventual decisión, el abogado Miguel Ángel del Río, una de las voces que reaccionó a la determinación, rechazó de plano ese traslado y expresó el motivo de la discordia en este caso. “Enviar el expediente del señor Uribe Vélez por la masacre del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle a la comisión de acusación de la Cámara es un ejercicio de impunidad”, reiteró el letrado en su perfil.

Con esto se sumó a la controversia entre si, para un sector, el fuero presidencial determina el juez competente; pero para otro, llevar el expediente a esa instancia vacía de eficacia la investigación. Y es que, a juicio del jurista, este traslado buscaría dilatar el inicio del proceso penal contra el expresidente, que ya le había ganado el pulso por el caso de presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.