Alertan por “grave precedente” tras la presunta presión del Gobierno en la elección de Carolina Soto como presidenta de la Cámara de Infraestructura

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) cuestionó la actuación del Gobierno nacional tras la elección y posterior declinación de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

La organización señaló que la controversia constituiría una intervención del Ejecutivo en una decisión que, de acuerdo con su pronunciamiento, correspondía exclusivamente a la junta directiva del gremio.

La elección de Soto se produjo el martes 25 de agosto, cuando la junta directiva de la CCI anunció su designación para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia del gremio tras ser nombrada embajadora en Washington. Sin embargo, horas después de conocerse la decisión, una vocera del Gobierno cuestionó públicamente el nombramiento y señaló que la economista no tendría “cercanía alguna con el Gobierno”.

Este miércoles 26 de agosto, Soto informó que declinaba el ofrecimiento. En una carta dirigida a la junta directiva, la economista explicó: “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento”. Al cierre de la misiva, también hizo referencia a la necesidad de preservar la autonomía del sector privado y al respeto que, según planteó, debe existir desde el Gobierno hacia las decisiones de las organizaciones privadas.

Cuestionan la actuación del Gobierno

A raíz de la decisión, la Fundación para el Estado de Derecho publicó un comunicado en el que cuestionó la reacción del Ejecutivo y calificó lo ocurrido como una intervención en las decisiones internas de una organización privada. “Se trata de una injerencia injustificable en las decisiones autónomas de una organización privada”, señaló la organización al referirse a la elección de Soto y a las posteriores reacciones desde el Gobierno.

La fundación agregó que este episodio plantea un debate sobre los límites de la actuación gubernamental frente a organizaciones que no hacen parte de la estructura estatal. “El Gobierno nacional no debe intervenir en la elección de los directivos de organizaciones privadas ni exigir cercanía política a quienes las dirigen”, afirmó la organización en el documento divulgado este 26 de agosto.

FEDe. Colombia sostuvo además que lo ocurrido representa un “grave precedente de desmesura y arbitrariedad”, al considerar que la actuación del poder público podría implicar un cuestionamiento o condicionamiento de decisiones adoptadas por entidades privadas dentro del ámbito de sus propias competencias.

La organización hizo énfasis en que la separación entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas también funciona como un límite para el ejercicio del poder estatal. En ese sentido, recordó que las competencias del Gobierno nacional están determinadas por el marco institucional y no se extienden a la dirección de gremios, empresas, universidades u organizaciones de la sociedad civil.

La fundación pidió respetar la autonomía del sector privado

En su pronunciamiento, FEDe. Colombia insistió en que la relación entre el Estado y los gremios debe desarrollarse mediante mecanismos de diálogo institucional, pero sin que ello implique subordinación de las organizaciones privadas frente al Gobierno. “La separación entre lo público y lo privado es también un límite al poder”, sostuvo la fundación.

El comunicado añadió que el Gobierno nacional ejerce sus competencias sobre las instituciones correspondientes al nivel central, pero que esas atribuciones no significan que pueda dirigir o condicionar las decisiones de entidades territoriales, otras ramas y órganos del poder público, gremios, instituciones académicas, empresas u organizaciones de la sociedad civil.

La organización también planteó que la interacción entre el Estado y el sector privado debe basarse en la interlocución y el respeto por la autonomía de cada parte. “La relación entre el Estado y el sector privado exige interlocución y respeto por su autonomía, no subordinación de ningún tipo”, afirmó FEDe. Colombia.

Finalmente, la Fundación para el Estado de Derecho hizo un llamado al Ejecutivo a “a respetar estos límites y la independencia de la sociedad civil”, concluyó el comunicado fechado en Bogotá este 26 de agosto de 2026.