La denuncia de la exfiscal Lucy Laborde contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntas presiones para modificar la acusación contra Nicolás Petro Burgos tuvo su primera consecuencia institucional: la Red de Veedurías Ciudadanas pidió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se investigue una posible injerencia indebida en un caso cuyo desenlace aún depende de las pruebas que el Tribunal Superior del Atlántico admita para el juicio penal.
El planteo ante ese órgano legislativo incluyó una solicitud concreta para que se indague a Camargo por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. Por los mismos hechos, también se pidió una investigación disciplinaria contra la jefa del ente acusador.
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“El 23 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde, negando en entrevista los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde; sin embargo, la claridad sobre lo acaecido solo podrá brindarla la autoridad competente a través de las investigaciones respectivas, mediando el debido proceso y derecho de defensa y contradicción respectivos”, señala la denuncia.
La denuncia fue presentada ante el presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Cuenca Chaux, después de que Laborde afirmara que recibió una orden directa para retirar el cargo de lavado de activos en el proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
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La exfiscal sostuvo en una entrevista con Semana que la instrucción consistía en reemplazar ese delito por el de enriquecimiento ilícito. El medio publicó un relato en el que Laborde describió la supuesta intervención de Camargo durante el avance del expediente.
La denuncia apunta al cambio del cargo de lavado de activos
De acuerdo con Lucy Laborde, la modificación pedida no era menor porque afectaba la estructura de la acusación contra Nicolás Petro Burgos, investigado por presuntamente haber recibido millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta.
Esos hechos ocurrieron en marzo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. En ese momento, Petro Burgos actuaba como enlace de la campaña en el departamento del Atlántico.
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Ese pasaje fija el eje del pedido: la organización reclamó que la versión de Laborde y la negativa de Camargo sean contrastadas por la autoridad competente, dentro de un proceso formal y con garantías para todas las partes.
Laborde relató una reunión con cinco funcionarios en el despacho de Camargo
En la reconstrucción difundida por el medio citado, Laborde ubicó el episodio en una reunión celebrada en el despacho de la fiscal general, en el búnker ubicado en el occidente de Bogotá, cuando el proceso penal avanzaba ante un juez especializado de Barranquilla.
La exfiscal identificó a los asistentes con nombre y cargo. “En una reunión en el despacho de la señora fiscal general. Hay varios funcionarios. Estaba la señora delegada Aura Liliana Trujillo; la señora fiscal general, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la director de lavado de activos, en ese entonces la doctora Alexandra (Ladino)”, recordó.
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Laborde añadió que en ese encuentro estaban cinco personas y que la conversación giró sobre la viabilidad del cargo de lavado de activos. Su relato atribuye a Camargo una pregunta directa sobre ese punto y una sugerencia posterior para modificar la imputación.
“Estábamos los cinco y la señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos’. Y le dije: ‘Si hay’. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice (la fiscal Camargo): ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos’?. Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?’. Antes de decirme eso, le preguntó a la doctora Aura Liliana: ‘¿Qué consecuencias tendría el lavado de activos?’. La doctora Aura Liliana le dijo: ‘Ingresaría a la Lista Ofac’”.
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En la actualidad, el proceso contra Nicolás Petro Burgos está a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico defina las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio penal.
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