Una demanda por presunto fraude contra el excandidato presidencial Santiago Botero fue presentada el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por la venta de la fintech FinSocial, en un proceso que podría derivar en reclamaciones superiores a USD 150.000.000. La acción judicial apunta a la información financiera entregada durante la negociación de 2021 y cuestiona la solidez con la que fue presentada la empresa ante sus compradores.
La operación por la que se adquirió el 100% de las acciones de FinSocial se cerró por cerca de USD 36.000.000. Los demandantes argumentaron que la compañía fue ofrecida como una firma tecnológica enfocada en créditos de libranza y consumo, pero que auditorías posteriores detectaron inconsistencias relevantes en los estados financieros usados durante la venta, informó El Tiempo.
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La demanda fue interpuesta por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registrada en Islas Caimán. Según la publicación, ambas firmas señalan a Botero, al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. de haber suministrado información presuntamente falsa para concretar la transacción.
El expediente cuestiona garantías crediticias y operaciones no reveladas
Uno de los ejes del caso es un préstamo puente por USD 19.000.000 entregado a la fintech para ampliar su cartera crediticia. Los compradores afirmaron que al aprobar ese desembolso se certificó que la información financiera era correcta y que los créditos entregados como garantía eran válidos, aunque la demanda sostiene que parte de esa cartera habría sido inexistente.
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El expediente incorpora además un informe de auditoría de Bancóldex de febrero de 2025. De acuerdo con ese documento, al que accedió el medio citado, el 98% de los créditos ofrecidos como garantía tenía mora superior a 30 días y cerca de $42.000.000.000 del capital de respaldo corresponderían a créditos ficticios o inactivos.
Otro punto central de la demanda es el testimonio del exdirector financiero de FinSocial, Juan Manuel Puerto, a quien los demandantes presentaron como testigo clave. Señalaron que Puerto reconoció irregularidades contables dentro de la empresa.
Sin embargo, el diario precisó que existe una declaración notariada en la que Puerto niega haber dicho que Botero ordenó manipular los libros contables de la compañía. Ese matiz introduce una disputa sobre el alcance real de uno de los testimonios más sensibles del proceso.
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Los compradores denuncian desvío de fondos tras la adquisición
La acción judicial también describe una supuesta red de transacciones entre FinSocial y compañías vinculadas al empresario. El expediente señala que entre 2019 y 2021 se habrían realizado operaciones por aproximadamente $57.000.000.000 con empresas relacionadas con Botero, movimientos que, según los compradores, no fueron revelados durante el proceso de adquisición.
Los demandantes agregaron que, después del cierre de la compra, hubo desvío de fondos y ocultamiento de activos. En efecto, afirmaron que decenas de millones de dólares fueron transferidos sin un propósito comercial legítimo, incluidos pagos directos a Botero y a empresas afiliadas.
El empresario, consultado por El Tiempo, rechazó los señalamientos y calificó la demanda como una “distorsión de los hechos”. También sostuvo que los compradores buscan justificar pérdidas derivadas de la operación y afirmó que todas las transacciones tuvieron supervisión de revisores fiscales.
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“CRC como de pronto ha perdido plata por el tema del dólar, pues tienen unos costos en las aperturas en los que han perdido dinero. Ellos quieren de alguna manera simular que su fondo no se equivocó en la operación, que los engañaron, sabiendo que ellos hicieron una simulación de una compra de una empresa con un fondo de deuda que ellos no lo podían hacer como fondo de ‘equity’ (fondo de capital privado), eso sí es un ilícito. Ellos hicieron la trampa, hicieron un modelo como si fuera una un crédito”, explicó.
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