Organización Venezolanos en Barranquilla reaccionó a anuncio de Abelardo de la Espriella: “La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”

La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de aplicar una estrategia de control migratorio en Barranquilla desencadenó una reacción inmediata entre representantes de la comunidad venezolana.

En respuesta al anuncio presidencial, la organización Venezolanos en Barranquilla reconoció que el Estado colombiano tiene la facultad de hacer cumplir sus leyes y velar por la seguridad. Sin embargo, destacó la necesidad de no retroceder en los logros alcanzados en materia de protección, regularización e integración de migrantes durante los últimos años.

La medida gubernamental plantea la identificación de extranjeros en situación irregular y la posible deportación de quienes no cumplan con los requisitos legales. Esta noticia generó inquietud en la comunidad migrante, que teme que el endurecimiento de los controles derive en un aumento de la estigmatización y la xenofobia.

El grupo advirtió que “una comunicación insuficiente también puede alimentar discursos de estigmatización y xenofobia”.

Respuestas a la estrategia de control migratorio

“La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”, sostuvo la organización en su comunicado, pidiendo que todas las actuaciones oficiales respeten “las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa”. La organizón enfatizó que “quien cometa un delito debe responder ante la justicia, independientemente de que sea colombiano, venezolano o de cualquier otra nacionalidad”.

En los últimos años, Colombia ha sido reconocida por su política de acogida a migrantes. Mediante mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, millones de personas han podido acceder a la regularización y participar activamente en la vida social y económica.

El comunicado precisó que actualmente residen en el país más de 2,8 millones de venezolanos y que se han otorgado más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal.

Las organizaciones solicitaron fortalecer los procesos de regularización para quienes quedaron excluidos de los mecanismos existentes, en particular en casos de “arraigo, unidad familiar, niñez, vulnerabilidad y especial protección”. Sugirieron que una política migratoria efectiva debe no solo identificar la irregularidad, sino también establecer quiénes pueden y deben ser regularizados.

En el caso de posibles deportaciones o expulsiones, la organización reclamó que se analicen las circunstancias personales de cada individuo. Advirtieron que para algunos venezolanos, regresar a su país “no constituye una alternativa segura”, por lo que urge que cada caso se evalúe de manera individual, respetando el principio de no devolución y las obligaciones internacionales de Colombia en materia de protección.

El documento también expuso la preocupación por la incertidumbre que los anuncios oficiales pueden provocar entre la población migrante. Solicitaron al Gobierno una explicación clara sobre los procedimientos, las etapas previstas, las garantías para quienes sean objeto de control y la situación de quienes tengan trámites pendientes.

Propuesta de diálogo y ruta para el futuro

Como alternativa constructiva, Venezolanos en Barranquilla planteó la creación de una mesa de trabajo conjunta con el Gobierno Nacional, la Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles.

La organización concluyó que Colombia no tiene que elegir entre seguridad y derechos humanos. En su visión, “seguridad, legalidad, regularización e integración no son caminos opuestos, sino parte de una misma solución”, por lo que insistieron en continuar promoviendo la integración de la población migrante como una vía para fortalecer la cohesión social y la seguridad en el país.

De esta manera, insisten en que el respeto a los derechos fundamentales debe ser compatible con las acciones de control y seguridad. Piden que la política pública se construya a través del diálogo y la cooperación, evitando que la migración se convierta en un factor de criminalización.

De fondo, la discusión revela la tensión entre la necesidad de mantener el orden y la obligación de garantizar la protección y dignidad de quienes han buscado en Colombia una oportunidad de vida.