Mintic revisa contrataciones de servicios digitales con Inravisión durante la administración de Hollman Morris por más de 7.255 millones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la gerencia de Inravisión detectaron un uso de recursos públicos que reaviva el debate sobre la asignación presupuestal en entidades oficiales.

En el transcurso de 2026, la contratación dentro de la Sistema de Medios Públicos reveló desembolsos por cerca de 7.255 millones de pesos, orientados a servicios bajo el rótulo de pauta, plan y/o contenido digital.

De acuerdo con la ministra Alexandra Falla Zerrate, los fondos provienen de convenios celebrados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El análisis detallado identificó un convenio firmado durante la administración anterior con Educación, el cual ascendió a 10.000 millones de pesos. De ese monto, 6.362 millones se habrían canalizado al pago de servicios digitales en el período comprendido entre junio y agosto de 2026.

La investigación del Mintic arrojó que dos empresas recibieron la mayoría de estos recursos: 3D MOBILE 3DM SAS fue adjudicataria de 1.364 millones, mientras que Prowess SAS recibió 4.998 millones. Paralelamente, otro convenio interadministrativo, el 390-2026, con Dapre, sumó 1.500 millones. De ese total, 892 millones se aplicaron al pago de servicios de plan digital en diferentes meses del año.

La cartera ministerial subrayó que los desembolsos coincidieron con el periodo electoral presidencial, la primera vuelta se celebró el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio, lo que generó cuestionamientos sobre la priorización de esos recursos en plena campaña.

En términos concretos, el Ministerio TIC denunció que estos contratos, con montos millonarios, se ejecutaron en detrimento de sectores tradicionalmente necesitados, como la educación y la Vicepresidencia, en una coyuntura de restricciones financieras para el Estado. El hallazgo forma parte de una revisión integral a la contratación de Inravisión durante 2026.

Hasta el momento, la revisión gubernamental no permite concluir que los contratos hayan sido diseñados con fines electorales. La respuesta definitiva dependerá de futuras indagaciones sobre los objetos, ejecución y contenidos específicos de cada acuerdo.

El volumen de la actividad contractual también fue objeto de análisis. Según el balance oficial, Inravisión suscribió más de 1.051 contratos en 2026, por un valor global superior a 100.000 millones de pesos. Llama la atención la concentración de contratos en apenas dos días: entre el 6 y el 7 de agosto, se firmaron 87 acuerdos por casi 4.000 millones.

Frente a la magnitud de estos hallazgos, la entidad solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia y la revisión de los criterios adoptados en la contratación.

En Colombia, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, establece normas especiales para el periodo electoral presidencial. Durante los cuatro meses previos a los comicios y hasta la conclusión del proceso, incluyendo una eventual segunda vuelta, las entidades estatales no pueden celebrar contratos de manera directa.

Además, la norma impide suscribir convenios interadministrativos que impliquen la administración de recursos públicos entre entidades nacionales o territoriales. En materia de personal, la ley limita la posibilidad de hacer cambios en la estructura de las plantas, impedir la creación de nuevos cargos y restringir cualquier movimiento, excepto cuando se trate de nombramientos producto de concursos públicos. Estas disposiciones buscan preservar la imparcialidad y evitar el uso de recursos estatales con fines electorales.

El proceso de revisión continúa, con el objetivo de determinar si la asignación de recursos a servicios digitales se ajustó a los objetos de los convenios y a la normativa vigente sobre el manejo de fondos públicos. Por ahora, los hechos corresponden a hallazgos preliminares y la eventual determinación de responsabilidades recaerá en los organismos de control.