Deudores morosos contrataron y recibieron pagos con dinero público: la Contraloría alertó por deudas que superan los $160 billones

La cartera morosa del Estado llegó a cerca de $165,64 billones y el registro oficial acumuló 996.611 deudores, según un análisis de la Contraloría General de la República sobre el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme), que reúne información de personas naturales y jurídicas con obligaciones a favor de entidades públicas superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y con mora de más de seis meses.

La revisión, con corte al 31 de mayo de 2026, halló fallas de reporte en entidades públicas y detectó que deudores recibieron pagos con recursos públicos, mientras otros celebraron contratos con el Estado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

“En los 22 años de expedición del Bdme, este comportamiento evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora”, señaló la Contraloría. Añadió que esa evolución refuerza la necesidad de fortalecer el reporte, el seguimiento, la depuración y la gestión de cobro.

Entidades públicas que siguen sin reportar cartera

Sobre la situación, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) cruzó desde 2019 los boletines de deudores morosos con un listado de 6.398 entidades del Estado remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El resultado mostró que:

• 2.545 entidades reportaron cartera, equivalentes al 39,78%.
• 3.853 entidades no registraron reportes, lo que representa el 60,22% del universo revisado.

La Contraloría advirtió que “una de las principales alertas identificadas por la Diari corresponde a la completitud del reporte”. El resultado será remitido a las delegadas competentes para el próximo ejercicio auditor. La revisión buscará establecer si la ausencia de reporte obedece a inexistencia real de cartera o a posibles omisiones en el cumplimiento de la obligación legal.

Dónde se concentra la deuda

El análisis también estableció una fuerte concentración en pocos acreedores públicos. Las 20 entidades con mayores saldos reportados reúnen cerca de $135,8 billones, el 82% del total inscrito en el Bdme. La Contraloría indicó que esa concentración permite orientar acciones de seguimiento, priorización y control sobre los principales acreedores. También permite revisar su gestión de cobro, recuperación, depuración y registro contable en el próximo Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.

Al respecto, el director de la Diari, Andrés Felipe Cifuentes, detalló la lista principal de acreedores.

Dentro de las primeras cinco están:

• Consejo Superior de la Judicatura: $59 billones.
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): $37,4 billones.
• Central de Inversiones S. A.: $12,5 billones.
• Bogotá Distrito Capital: $7,6 billones.
• Unidad para Atención y Reparación de Víctimas: $6,56 billones.

Antigüedad de la cartera y las depuraciones elevan las alertas

La Diari identificó obligaciones con antigüedad igual o superior a cinco años por aproximadamente $65 billones. El componente, según el análisis, exige seguimiento por:

• Riesgos de caducidad.
• Prescripción.
• Pérdida de oportunidad de recaudo.
• Deterioro de la gestión de cobro.
• Necesidad de depuración documentada.

En el tramo más reciente de la cartera, cerca de $100,64 billones corresponden a obligaciones con menos de cinco años de antigüedad. La Contraloría sostuvo que ese segmento podría ofrecer mayor potencial de recuperación si las entidades activan acciones oportunas de cobro y seguimiento. Otro foco del informe recayó sobre los retiros de deuda del Bdme. Más del 70% del valor retirado se asoció a procesos de depuración de la información, con un impacto aproximado de $26,4 billones.

Asimismo, la entidad explicó que el comportamiento obliga a verificar si los retiros obedecen a ajustes válidos, correcciones soportadas o recuperación efectiva de cartera. También registró retiros por pago, venta de cartera y acuerdos de pago, mecanismos que deberán analizarse por separado para medir su efecto real sobre el recaudo y la confiabilidad del registro.

Cruces con Siif y Secop muestran pagos y contratos a deudores morosos

La Contraloría General de la República comparó la información del Bdme con varias bases oficiales. Entre ellas incluyó:

• Sistema Integrado de Información Financiera (Siif Nación).
• Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
• Registros sobre delitos contra la administración pública.
• Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI).
• Registro Único de Beneficiarios Finales de la Dian.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026:

• La Diari identificó 13.282 personas naturales y jurídicas registradas como deudores morosos que recibieron pagos con recursos públicos a través de Siif Nación.
• Esos pagos sumaron cerca de $124,9 billones, mientras sus obligaciones pendientes con el Estado rondaban los $20,9 billones.
• El cruce con Secop mostró 570.827 personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos registrados en el sistema en ese mismo periodo.
• Dentro de ese grupo, 20.238 deudores morosos celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones, pese a acumular obligaciones por unos $11,8 billones.

La Contraloría señaló que esos resultados sirven para que las entidades competentes verifiquen el cumplimiento de las disposiciones aplicables, fortalezcan los procesos de cobro y revisen la calidad de la información reportada. También sostuvo que la información obtenida permite focalizar acciones de seguimiento sobre contratación pública, gestión de cobro y recaudo de recursos.

Con base en esos hallazgos, la CGR propuso siete frentes de trabajo:

• Verificar la completitud del reporte.
• Analizar la concentración de la deuda
• Seguir las obligaciones con más de cinco años de antigüedad.
• Revisar los retiros asociados a depuración para establecer si cuentan con soporte, trazabilidad y justificación suficiente.
• Inconsistencias frente a otras fuentes oficiales, como SIBOR, SECOP, SIIF, eKOGUI y registros de beneficiarios finales.
• Lineamientos internos y externos para el reporte y seguimiento
• Articulación directa entre la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

La entidad advirtió que hoy no existe un procedimiento institucional estandarizado que defina roles, responsabilidades, flujos de información y mecanismos de seguimiento sobre la cartera morosa. A partir de este análisis, la Diari entregará insumos técnicos a las delegadas competentes para focalizar controles, revisar el cumplimiento legal y reforzar la confiabilidad del boletín.