Tutela de la periodista Lina Marcela Castillo llegó a la Corte Constitucional tras denunciar a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral

La Corte Constitucional anunció que seleccionó para revisión la acción de tutela presentada por la periodista Lina Marcela Castillo Nisperuza contra la Fiscalía General de la Nación, en el marco del caso que se originó tras sus denuncias públicas contra Hollman Morris por presuntos hechos de acoso sexual y laboral.

La tutela busca que el alto tribunal examine las actuaciones y garantías constitucionales involucradas en ese trámite, dado que la accionante reclama inacción y deficiencias en el actuar del ente acusador.

La decisión está contenida en el oficio No. OF. UT-811 de 2026, expedido por la Secretaría General de la Corte Constitucional, en el que se informa que el expediente fue seleccionado por la Sala de Selección número 7 de 2026, y luego fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien tendrá a su cargo el trámite correspondiente junto con los demás integrantes de esa sala.

Porteriormente, la comunicación fue dirigida a las personas que intervienen en la acción de tutela.

El origen del proceso

El caso tiene como antecedente las acusaciones que Lina Marcela Castillo hizo públicas en enero de 2019 contra el entonces concejal de Bogotá Hollman Morris. La comunicadora señaló comportamientos que consideró inapropiados y denunció presuntos hechos de acoso sexual y laboral ocurridos durante su relación con el entorno político de Morris.

Morris negó las acusaciones y posteriormente acudió a la justicia mediante una denuncia por presunta injuria y calumnia contra Castillo, al considerar que las declaraciones afectaban su honra.

El proceso penal avanzó hasta una decisión del Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que el 29 de julio de 2026 resolvió precluir las acusaciones por injuria y calumnia contra las manifestaciones de Castillo sobre los hechos denunciados. La decisión judicial estableció que esas declaraciones estaban relacionadas con denuncias de posibles violencias basadas en género y correspondían al ejercicio de la libertad de expresión y de denuncia pública.

El componente que continúa dentro del proceso penal

Aunque el juzgado precluyó ese componente de la investigación, mantuvo abierto otro relacionado con una afirmación de Castillo sobre un atropellamiento que, según su relato, le habría ocasionado 15 días de incapacidad.

Sobre ese punto, la jueza consideró que no existían elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión definitiva. Por esa razón, dispuso separar ese aspecto del expediente y mantenerlo pendiente de resolución mientras continúa el análisis dentro del proceso penal.

La actuación de la Fiscalía también tuvo modificaciones durante el desarrollo del caso. Mediante la resolución No. 0-0061 del 23 de marzo de 2026, el organismo trasladó el expediente a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que asumiera la investigación con un enfoque especializado en violencia basada en género.

La Fiscalía explicó que el traslado buscaba permitir un análisis integral del caso y aplicar estándares reforzados de atención a posibles víctimas, teniendo en cuenta no solo la denuncia presentada por Morris, sino también las acusaciones formuladas inicialmente por Castillo.

Lo que manifestó Castillo durante la audiencia

Durante la audiencia en la que se conoció la decisión del Juzgado 86 Penal Municipal, Castillo relató situaciones que, según su testimonio, ha enfrentado desde que hizo públicas sus denuncias en 2019. “No se lo deseo a nadie”, expresó la comunicadora al referirse a los cuatro años de persecución y hostigamiento que aseguró haber vivido.

También manifestó: “Ha sido muy revictimizante hoy escuchar al señor Hollman Morris, sobre todo la forma de referirse hacia mí”. Castillo sostuvo que familiares y allegados de Morris la han atacado en redes sociales y que incluso se han utilizado fotografías personales de sus cuentas para esos cuestionamientos.

Durante la diligencia, además, afirmó: “He tenido que pasar por todo esto y aun así estar acá y seguir siendo señalada”, e hizo referencia a episodios de extorsión y presión que, según su testimonio, se presentaron en Choachí, Cundinamarca, y cuestionó el uso de recursos públicos para respaldar la imagen de Morris. En ese contexto preguntó ante el juzgado: “¿Eso no es la instrumentalización del recurso público de este país para defender el buen nombre?”

Cabe destacar que la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional no contiene, en el oficio del 18 de agosto, una decisión sobre el fondo de las controversias entre las partes. El documento se limita a informar que el expediente fue seleccionado para revisión y quedó repartido a la Sala Sexta de Revisión, donde continuará el trámite constitucional para dar un último veredicto.