La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, expresó su desacuerdo frente a la citación a debate de control político programada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para analizar el estado del sistema penitenciario heredado de la administración anterior.
La congresista sostuvo que la evaluación del estado de las entidades públicas corresponde a los procesos de empalme institucionales y no a un debate contra el actual gabinete de Abelardo de la Espriella.
A través de su cuenta en la red social X, Mafe Carrascal respondió a los anuncios sobre el debate, citando al representante citante y cuestionando los tiempos y mecanismos elegidos para revisar la gestión saliente.
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“Hay que decirle a @TrianaCongreso que eso no es ahora como control político porque el que está gobernando es @ABDELAESPRIELLA; para ver el estado de entrega de las entidades es que se hacen los EMPALMES, a los que no quisieron acudir (sic)”, escribió la legisladora.
“Están un poquito confundidos sobre los momentos y las obligaciones correspondientes”, escribió la representante al concluir su mensaje.
La congresista señaló que no es momento de desviar la conversación, especialmente cuando el país atraviesa una situación difícil tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el Pacífico colombiano. Asimismo, dejó claro que este proceso no puede llevarse a cabo de manera adecuada si el gobierno entrante no participó en las reuniones de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro.
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Argumentos sobre el sistema carcelario y el hacinamiento para pedir un debate de control
El pronunciamiento de la congresista del Pacto Histórico se dio luego de conocerse la citación efectuada por el representante Julio César Triana, que convocó al ministro de Justicia, Iván Cancino; al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez, y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), Fidel Espitia.
El objetivo de la citación es revisar las cifras sobre infraestructura y sobrepoblación en las cárceles del país durante el cuatrienio anterior.
Según las cifras presentadas por el congresista citante, la administración pasada no cumplió los compromisos trazados para la ampliación de la capacidad instalada en los centros de reclusión.
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“El gobierno Petro se comprometió a generar 10.000 cupos nuevos en los centros de reclusión y de 124 establecimientos de reclusión solo se generaron en cuatro años 378 cupos”, sostuvo el representante Triana.
El representante de la citación enfatizó que la falta de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios agravó los índices de hacinamiento en diversas regiones del territorio nacional.
“Y esto sin mencionar que el gobierno Petro se comprometió a la construcción de nueve nuevos establecimientos carcelarios y a la fecha no hay uno solo construido. Este mismo gobierno permitió que en algunas regiones el hacinamiento superara el 246%, en otras más del 88% y en la gran mayoría casi el 30% de hacinamiento”, agregó el congresista.
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Finalmente, el citante defendió la necesidad de realizar el debate en la célula legislativa para aportar insumos técnicos a las autoridades actuales y reestructurar la atención a la población privada de la libertad.
El congresista agregó al respecto: “Colombia requiere una nueva visión del sistema carcelario. El nuevo gobierno tendrá con este debate todas las herramientas para diseñar una verdadera política de resocialización y de respeto de derechos humanos a los internos”.
“Sin duda alguna, llegó la hora de invertir en el sistema carcelario de Colombia, en devolverle la dignidad a los internos y combatir de una buena vez por todas el hacinamiento carcelario”, concluyó Triana.
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A fondo, el representante Julio César Triana busca evidenciar los incumplimientos en infraestructura del gobierno saliente para responsabilizarlo directamente de la crisis carcelaria actual.
Al citar al nuevo ministro, el congresista pretende dejar un registro de las metas no alcanzadas —como los cupos no creados y el hacinamiento crítico— para presionar al nuevo Gobierno a ajustar la política penitenciaria, reorientar la inversión pública y fijar compromisos concretos que resuelvan la sobrepoblación en los centros de reclusión.
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