Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, solicitó al juez que lo declare víctima en caso contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

Las acusaciones contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, han adquirido un nuevo matiz con la petición de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, para ser reconocido como víctima en el caso por la compra del apartamento 901 en el barrio Chicó de Bogotá.

El proceso, actualmente a cargo del Juzgado 6 de Conocimiento de Bogotá, expuso las tensiones internas y las posibles represalias sufridas por quienes se opusieron a la adjudicación de un millonario contrato de regasificación.

La audiencia de acusación, que comenzó al mediodía del jueves 20 de agosto, gira en torno al presunto tráfico de influencias por parte de Roa. Según la Fiscalía, el exdirectivo habría negociado la compra de un lujoso apartamento por 1.800 millones de pesos, muy por debajo de su valor de mercado de 2.727 millones, a cambio de favorecer con un contrato a Juan Guillermo Mancera, expolicía y representante de Gaxi SA ESP. El diferencial de cerca de 927 millones de pesos estaría vinculado a la promesa de adjudicación del proyecto Chuchupa-Ballena LNG en La Guajira.

El ente acusador sostuvo que Ricardo Roa utilizó su posición en Ecopetrol para presionar a Luis Enrique Rojas y asegurar la entrega del contrato a la empresa de Mancera. La fiscal Claudia Garrido enfatizó que “la influencia ejercida por Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer intereses particulares del señor Mancera”.

Durante la audiencia, Luis Enrique Rojas solicitó ser acreditado como víctima. Su abogado, Diego Henao, argumentó que Rojas no solo tenía conocimiento de las decisiones relativas al proyecto de regasificación, sino que se opuso a la entrega del contrato a Gaxi, pues consideraba que la empresa no cumplía con los requisitos exigidos.

“Precisamente por haberse opuesto a que dicho negocio fuera direccionado hacia esta empresa, mi representado habría sido objeto de hostigamientos, amenazas y actuaciones encaminadas a afectar su permanencia como presidente de Hocol”, señaló el abogado.

En los primeros meses de 2025, tras una serie de enfrentamientos internos y presiones, Rojas habría recibido mensajes directos, entre ellos uno de Roa, a través de Mancera, sugiriendo su salida de la filial petrolera. Además, los registros señalan que desde agosto de 2024 Rojas sufrió episodios de acoso laboral y amenazas, incluyendo la interceptación de un vehículo de su esquema de seguridad en diciembre de ese año.

El rol de la Fiscalía y las posiciones encontradas

La Fiscalía respaldó la solicitud de Rojas, al considerar que las presuntas presiones ejercidas por Roa justifican su reconocimiento como víctima. Claudia Garrido sostuvo que el daño emocional y profesional sufrido por Rojas en el ejercicio de su cargo amerita que se le permita participar en el proceso judicial en esa condición.

Por su parte, la Procuraduría coincidió en que no se requiere “una verificación plena” para acreditar el daño sufrido por Rojas, dado que es evidente la afectación a su seguridad y reputación como consecuencia de las presiones para favorecer a Gaxi.

En contraste, el abogado defensor de Roa, Juan David León Quiroga, rechazó la idea de que Rojas haya sido víctima de presiones. Sostuvo que, según la narración previa de la Fiscalía, no existían pruebas de que Rojas hubiese sido obligado a tomar decisiones contrarias a la ley. Para León Quiroga, “no es cierto que se haya opuesto (…) Dio gestión a la solicitud de Gaxi y suscribió memorandos de entendimiento entre Hocol y Gaxi”.

La petición de Luis Enrique Rojas de ser acreditado como víctima en el proceso contra Ricardo Roa se fundamenta en que, según su versión y la de su defensa, fue objeto de hostigamientos y amenazas tras oponerse a la entrega directa del proyecto de regasificación a Gaxi, empresa vinculada a Mancera.

Rojas sostiene que su negativa a direccionar el contrato generó represalias y finalmente su salida de Hocol, lo que a su juicio constituye un daño personal y profesional derivado de las supuestas presiones ejercidas desde la presidencia de Ecopetrol.

Mientras la Fiscalía y la Procuraduría insisten en la necesidad de reconocer a Rojas como víctima, la defensa de Roa mantiene que no existen fundamentos suficientes para dicha acreditación. El juez deberá decidir si acepta la solicitud, lo que podría influir en el desarrollo del juicio y en las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.