El ministro de Ambiente Fabio Arjona hizo precisiones sobre decisión relacionada con el páramo de Santurbán: “Dejemos de repetir como loros”

El Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona, revocó la resolución expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro que declaraba como reserva natural 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada fuera del Páramo de Santurbán (en la Cordillera Oriental entre los departamentos de Santander y Norte de Santander).

La decisión, formalizada mediante la Resolución 1037, deja sin efectos la protección legal que había sido otorgada a ese territorio y devuelve el trámite administrativo al punto en que debe garantizarse la participación ciudadana, la transparencia y el debido proceso.

Según el Ministerio, la revocatoria responde a la necesidad de “corregir irregularidades identificadas” en el trámite previo y a la obligación de acatar una tutela del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

El fallo judicial ordenó reiniciar todo el proceso, argumentando que la consulta pública adelantada vulneró derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander, y dejó sin efectos esa consulta.

Además, el Ministerio advirtió que la resolución revocada se expidió cuando existía una tutela admitida y una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada, lo que —según la cartera ambiental— suspendía legalmente la actuación administrativa.

Sin embargo, y luego de varios señalamientos por parte de la oposición, el líder de la cartera de Ambiente realizó una serie de aclaraciones desde su cuenta de X tras la revocatoria de la resolución.

La medida, adoptada por el Ministerio a menos de dos semanas de su llegada al cargo, ha generado debate entre organizaciones ambientales y la ciudadanía, y en especial por la movilización convocada por el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.

En su publicación, Arjona expuso “cinco cosas sobre Santurbán” para responder a críticas y aclarar el alcance de la decisión ministerial:

• 1) Minería ilegal, el verdadero riesgo: El ministro señaló que durante los últimos cuatro años, mientras se hablaba de proteger Santurbán y el agua, la minería ilegal creció sin control, causando graves daños al ecosistema.

“Hoy tenemos documentadas más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá”, afirmó Arjona, que criticó la falta de acción de las administraciones anteriores frente a esta problemática.

• 2) Participación de las comunidades: Arjona cuestionó que el proceso de delimitación realizado previamente se hiciera con solo “unos cuantos”, dejando de lado a las comunidades que viven en el territorio.

“Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan, reconocer sus realidades y garantizar que las decisiones tengan participación y legitimidad”, insistió el líder de la cartera de Ambiente.

• 3) Cumplimiento del mandato judicial: El ministro puntualizó que la revocatoria obedece a una orden judicial. Además, Arjona recordó que la resolución que declaraba la reserva se expidió a menos de 24 horas de finalizar el gobierno anterior, existiendo una tutela admitida y una recusación pendiente contra la ministra encargada.

“El juez determinó que debía reiniciarse el proceso y dejarse sin efectos la consulta pública. Por eso revocamos la decisión”, enfatizó.

• 4) Las hectáreas no eran páramo: Arjona aclaró que las 1.499 hectáreas de La Baja no estaban dentro del ecosistema de páramo, sino por fuera de sus límites.

“La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del Gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento. Por eso la revocamos: no para renunciar a la protección ambiental, sino para rehacer el proceso con participación, transparencia, ciencia y seguridad jurídica”, explicó el funcionario del Gobierno de De la Espriella.

• 5) Desinformación sobre fracking: El ministro desmintió versiones sobre la posibilidad de fracking en los páramos, aclarando que en estos ecosistemas no hay petróleo ni gas. Recordó que la ley colombiana prohíbe la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en los páramos.

“Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez”, agregó el ministro de Ambiente.

Al final, Arjona concluyó que la administración del presidente Abelardo de la Espriella tiene el compromiso de cuidar el agua, la biodiversidad y a las comunidades, y dejó en firme que las decisiones recientes buscan garantizar una protección basada en ciencia, legalidad y participación real de los habitantes del territorio.

¿Qué viene ahora? Esto se señaló desde el Ministerio de Ambiente sobre el páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente anunció que realizará una nueva evaluación técnica y jurídica “integral” sobre la protección de la zona, pero aclaró que esto no significa el rechazo a los fundamentos científicos y ambientales que motivaron la protección inicial.

El trámite ahora deberá garantizar la participación efectiva de las comunidades locales y un proceso administrativo transparente.

Santurbán es considerado uno de los ecosistemas más estratégicos para el abastecimiento de agua en Colombia, puesto que surte a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander.

El área en cuestión forma parte de los territorios señalados por organizaciones ambientales y sociales como fundamentales para la protección de fuentes hídricas y la biodiversidad del país.

La revocatoria provocó el rechazo inmediato del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que expresó su preocupación por lo que consideran un retroceso en la protección ambiental.

A través de su cuenta en X, el Comité denunció que, a menos de un mes de posesionado, el gobierno de Abelardo De La Espriella “empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán”.

Según la organización, la resolución anulada era la primera que prohibía el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, en la zona, y su revocatoria pone en riesgo el acceso al agua de cerca de 2 millones de personas.

El Comité convocó a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y las movilizaciones que emprenderán en defensa del páramo, bajo la consigna de que “el agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden”.

Además, cuestionó que la decisión se haya tomado mientras el país enfrenta la emergencia provocada por el reciente terremoto, sugiriendo que el momento fue aprovechado para debilitar la protección ambiental.