El Gobierno de Abelardo De La Espriella activó la emergencia económica en 15 departamentos por el terremoto del 10 de agosto, una medida que regirá durante 30 días y que le permite expedir decretos con fuerza de ley para financiar ayudas, acelerar la reconstrucción y atender una crisis que, según el más reciente balance oficial con corte al 20 de agosto a las 6:30 a. m., has dejado 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y daños masivos en vivienda e infraestructura.
El alcance territorial quedó definido en el Decreto 1261 de 2026, expedido el 19 de agosto. La declaratoria cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, además de los municipios identificados por la UNGRD y de otras localidades que logren acreditar afectaciones concretas derivadas del sismo.
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El reporte situacional registró 476 municipios con afectación directa, más de 30.000 viviendas destruidas y cerca de 170.000 averiadas.
La emergencia no crea de manera automática subsidios, créditos o transferencias para los damnificados. Lo que hace es habilitar al Ejecutivo para dictar, dentro de ese plazo, normas temporales que deberán estar ligadas de forma directa a la calamidad y a la contención de sus efectos.
El punto central para los departamentos afectados es que el Gobierno puede adoptar medidas que no tendría disponibles por la vía ordinaria. El propio decreto prevé normas presupuestales, de crédito público, tributarias, cambiarias y financieras para liberar liquidez y generar recursos destinados a la atención del desastre.
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Entre las herramientas mencionadas aparecen modificaciones presupuestales, operaciones de crédito público, uso de recursos del Sistema General de Regalías, donaciones, ingresos de fondos especiales y recursos de capital vinculados con la emergencia.
También contempla préstamos con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y el uso temporal de saldos de fondos especiales mediante mecanismos reembolsables.
El Gobierno sostuvo que los recursos ordinarios no alcanzan para responder con la rapidez requerida. La subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dispone de $47.265 millones para la línea de manejo de desastres, un monto que el decreto considera insuficiente frente a las necesidades de atención, rehabilitación y reconstrucción.
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La norma también anuncia alivios tributarios, aduaneros y cambiarios de carácter temporal. Su alcance, los sectores beneficiados y los requisitos de acceso deberán quedar fijados en decretos legislativos posteriores, porque la declaratoria por sí sola no define montos, beneficiarios ni procedimientos.
En materia de control, el decreto ordena que el Ministerio del Interior rinda al Congreso un informe motivado sobre las causas de la declaratoria y las medidas adoptadas. Además, dispone el envío del texto a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición para el control automático de constitucionalidad.
Antioquia enfrenta un impacto rural alto en vivienda y servicios
Para Antioquia, la emergencia económica abre la posibilidad de acelerar decisiones en uno de los frentes más delicados: la vivienda rural. Según los datos entregados por el Dagran, cerca del 70% de las casas afectadas por el terremoto en el departamento están ubicadas en zonas rurales.
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Ese dato empuja la prioridad del plan de recuperación hacia áreas dispersas, donde la reconstrucción suele enfrentar más obstáculos logísticos y técnicos.
Los organismos de socorro ya recorrieron más de 50 municipios para avanzar en la identificación y valoración de daños, mientras el Dagran reforzó sus equipos con apoyo de otras entidades y universidades.
El balance departamental también indica que unas 1.500 familias presentan daños estructurales en sus viviendas y se alojan temporalmente con familiares o vecinos. En ese escenario, los próximos decretos podrían flexibilizar subsidios de vivienda, facilitar reasentamientos y habilitar soluciones de alojamiento temporal.
La misma lógica se extiende a la infraestructura. Las facultades extraordinarias podrían acelerar recursos para vías, acueductos, redes eléctricas, colegios, hospitales y otras obras afectadas tanto en Antioquia como en los demás territorios cobijados.
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Cundinamarca consolidó daños en viviendas, colegios y centros de salud
En Cundinamarca, la Gobernación presentó ante el Puesto de Mando Unificado Nacional un balance consolidado con información de 92 municipios. El reporte registró 89 viviendas afectadas, 80 instituciones educativas y cinco instituciones de salud con daños tras el sismo de magnitud 7,4.
De las viviendas afectadas, 79 están en zonas urbanas y 10 en áreas rurales. En educación, 46 instituciones reportadas se ubican en sectores urbanos y 34 en zonas rurales.
El balance también incluye cuatro iglesias, cinco sedes de alcaldías, tres estaciones de Policía, una plaza de mercado y tres establecimientos del sector empresarial. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, tampoco viviendas destruidas ni edificaciones colapsadas.
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La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca explicó que la información fue consolidada con los reportes de las administraciones municipales dentro de la articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La entidad señaló: “Este consolidado nos permite tener una lectura actualizada de las afectaciones y avanzar en la ruta de atención establecida por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Continuamos acompañando a los municipios y verificando la información”.
Entre los municipios que reportaron afectaciones figuran Anolaima, Agua de Dios, Ubaque, Une, Fómeque, San Juan de Rioseco, Tibacuy, Girardot, Cachipay, Venecia, Chaguaní, Beltrán, Sibaté, Madrid, Cabrera, Choachí, Nimaima, Supatá, Pulí, Guaduas, Yacopí, Arbeláez y La Mesa.
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Las administraciones municipales continúan diligenciando el Registro Único de Familias y Entidades y avanzan hacia la apertura del Registro Único de Damnificados y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Esos instrumentos permitirán precisar las condiciones de las familias afectadas y definir las medidas de respuesta y recuperación.
Chocó y el Eje Cafetero concentraron los daños más graves
En Chocó, donde estuvo el epicentro, se reportaron daños críticos en estructuras de madera y palafíticas tanto en áreas rurales como urbanas, incluido Istmina. También colapsaron acueductos, hubo interrupción total de energía y varias zonas quedaron aisladas por la dificultad de acceso fluvial y terrestre.
Ese mismo departamento registró una alta concentración de personas desaparecidas y destrucción de viviendas tradicionales. La afectación combinó el impacto directo del sismo con obstáculos logísticos para llegar a las comunidades golpeadas.
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En Quindío, el sismo provocó el colapso y un número elevado de averías en viviendas de mampostería tradicional en Armenia y en municipios de la cordillera. También aparecieron grietas profundas en edificaciones públicas y escuelas, mientras deslizamientos de tierra bloquearon rutas de conexión rural.
Risaralda reportó daños estructurales de consideración en edificaciones e infraestructura habitacional en Pereira y municipios cercanos. A eso se sumaron alertas por riesgos de saqueos e inseguridad en zonas con viviendas evacuadas, además de afectaciones en redes comunitarias y centros educativos.
En Caldas se registraron averías en edificaciones urbanas e instituciones de salud. La remoción de masas en laderas viales dificultó el tránsito hacia el occidente del departamento.
Los servicios públicos y las vías también quedaron comprometidos en varios departamentos
En Valle del Cauca, la emergencia afectó con fuerza las redes de acueducto y de fluido eléctrico en Cali, Cartago y Sevilla. También hubo daños en fachadas de edificios, hospitales y centros de salud, junto con cierres parciales en vías secundarias por desprendimientos de rocas.
En Tolima, las réplicas derivaron en emergencias secundarias asociadas a incendios forestales. El departamento también sufrió remoción de masa y deslizamientos en áreas rurales y de ladera.
Según la Ungrd, además de los departamentos con mayores daños, hubo afectación moderada a leve en Cauca, Nariño, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío y otros departamentos colindantes del área de influencia andina y pacífica.
En esos territorios el balance incluyó daños localizados en infraestructura comunitaria y vial, pero sin el patrón de colapso extendido observado en Chocó y el Eje Cafetero.
Colombia ha decretado 12 emergencias económicas en 30 años
En los últimos 30 años, Colombia ha decretado la emergencia económica en 12 ocasiones por crisis fiscales, desastres naturales, hechos sanitarios y problemas de orden público, según un recuento que reúne medidas adoptadas desde 1997 hasta 2026.
El registro incluye decisiones bajo los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, y agrega un caso atribuido a Abelardo de la Espriella en 2026.
La primera emergencia del listado corresponde a 1997, durante Samper, por “alto déficit fiscal del país”. El texto señala que esa medida fue tumbada por la Corte Constitucional.
En 1998, con Pastrana, se decretó por la crisis financiera derivada del colapso del Upac. Ya con Santos, el recuento ubica tres declaratorias: en 2010 por la temporada de lluvias que dejó 1,7 millones de personas afectadas; en 2015 por las deportaciones de colombianos residentes en Venezuela ante una crisis diplomática; y en 2017 por la avalancha en Mocoa que dejó 300 muertos y 20.000 damnificados.
Durante el gobierno de Duque, figura la emergencia económica de 2020 por los efectos de la pandemia de Covid-19. Con Petro, el texto incluye una declaratoria en 2023 por La Guajira, con planes en salud, educación, energía y agua potable, y cuatro en 2025: tras una crisis de orden público en el Catatumbo, por un brote de fiebre amarilla, por el creciente déficit fiscal y por un escenario que combinó conmoción interior y estado de emergencia económica.
Para 2026, el recuento consigna una emergencia económica para atender afectaciones por el frente frío y las lluvias en ocho departamentos del país, y añade otra por un sismo atribuida a De la Espriella.
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