Exministro de Defensa de Petro reaccionó a señalamientos de corrupción en el ‘libro blanco’ revelado por el gobierno de Abelardo: “Los efectos negativos por renunciar al empalme”

Las reacciones en el país político siguen conociéndose luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un informe en el que advierte sobre el presunto despilfarro de más de 6,8 billones de pesos en el sector salud durante la administración de Gustavo Petro.

El documento, denominado Libro de la Verdad, revisó el destino de estos fondos entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026, identificando graves deficiencias en el seguimiento y la transparencia del gasto público en salud.

Debido a estos señalamientos del Gobierno de De la Espriella hacia la administración de antecesor, Gustavo Petro, varios exfuncionarios del expresidente mostraron sus reparos ante las acusaciones de algunos integrantes del nuevo mandatario, y argumentaron que el no haber hecho el proceso de empalme no permite que se conozca la verdad.

En esta misma tónica se sostuvo el exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, que la misma noche del martes 18 de agosto, día en que se hicieron los anuncios por el Gobierno de De la Espriella en cabeza del líder del equipo de empalme, el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Por este motivo, Sánchez señaló en un mensaje que publicó vía X que “los empalmes existen para garantizar una transición de gobierno responsable, profesional y transparente”.

En una clara alusión al nuevo gobierno, el exministro de Defensa de Petro afirmó: “Cuando quienes llegan renuncian al empalme, corren el riesgo de interpretar información incompleta o descontextualizada y presentarla como verdad”.

Frente a la publicación de los hallazgos del Gobierno de De la Espriella, Sánchez expresó: “Publicar desinformación toma minutos. Desmentirla exige tiempo, hechos y evidencia. Y, aun así, el daño ya está hecho”.

Por todo lo anterior, el exfuncionario que acompañó hasta el último día de su mandato a Petro, sentenció que “un empalme no es un trámite burocrático: permite conocer lo ocurrido, entender los avances y los problemas para tomar mejores decisiones”.

Al final, Sánchez hizo hincapié acerca de “los efectos negativos por renunciar al empalme”, al concluir que “no los paga un gobierno”, sino que “los paga Colombia”, finaliza la publicación.

Qué más reveló ‘el libro de la verdad’ que presentó el Gobierno de De la Espriella

Según el informe, los recursos fueron asignados a la financiación de equipos básicos en salud destinados a fortalecer la atención primaria en zonas rurales y apartadas del país.

Estos equipos estaban integrados por médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a Empresas Sociales del Estado (ESE).

La estrategia buscaba ampliar el acceso a servicios esenciales, pero la auditoría señala que el Ministerio de Salud no implementó mecanismos de evaluación que permitieran medir la efectividad de la inversión.

La principal crítica del equipo de empalme de De la Espriella apunta a la ausencia de indicadores verificables de impacto y resultados concretos. “El Ministerio de Salud financió equipos básicos en salud durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado”, recoge el informe.

Además, el documento puntualizó que “no existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención”. De acuerdo con el mismo informe, el gobierno anterior solo puede informar cuánto gastó, pero no cómo se tradujo ese gasto en mejoras para la población.

El Libro de la Verdad sostiene que un programa de semejante magnitud, con 6,8 billones de pesos ejecutados y sin indicadores de impacto, “no es una política pública, es una caja de gasto sin control ni rendición de cuentas”.

Este diagnóstico ha sido catalogado como una de las alertas más graves sobre la gestión de la administración anterior, ya que el nivel de ejecución de los recursos a junio de 2026 se ubicaba en apenas el 29%.

Además, el 67% del presupuesto asignado se invirtió entre 2025 y el primer semestre de 2026, lo que, según los autores del informe, evidencia una concentración tardía del gasto y una falta de control sobre el destino de los fondos.

Otra de las preocupaciones señaladas en el Libro de la Verdad es la falta de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que no fiscalizó la ejecución de estos recursos. La ausencia de pronunciamiento por parte de este organismo alimentó las sospechas sobre la transparencia y el impacto real de las inversiones realizadas.

El informe también contrasta el gasto público con el deterioro de la prestación de servicios de salud en el mismo periodo. Se reportaron retrasos en la atención, incumplimientos en la entrega de medicamentos y un aumento de los pasivos con Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores.

Entre 2022 y los primeros seis meses de 2026, las EPS intervenidas acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos, de las cuales 645.794 correspondieron a medicamentos no entregados.

El análisis del empalme también recalcó la paradoja entre el desembolso de recursos y la falta de soluciones concretas para los usuarios del sistema. “Mientras el sistema de salud se desangraba financieramente y millones de colombianos sufrían las consecuencias en la atención, el ministerio comprometía billones sin realizar un seguimiento de su ejecución ni evaluar su impacto”, se detalla en uno de los apartados del documento.

El informe hace referencia a una decisión tomada el 29 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Salud aprobó y asignó más de 2,2 billones de pesos para la ejecución de 60 proyectos de infraestructura hospitalaria.

Según la denuncia desde el Gobierno de De la Espriella, estos fondos se comprometieron en el cierre del año fiscal, sin estudios de conveniencia, diseños definitivos ni presupuestos de obra, lo cual generó preocupación entre los actores del sector salud por el posible uso inadecuado de los recursos públicos.

Otra observación clave del informe apunta a la legalización de los recursos. De los 16,1 billones de pesos destinados a la salud entre 2022 y 2026, únicamente se formalizó el 28,3%, según el sistema de información del ministerio.

Esta baja tasa de legalización llevó a la Contraloría General de la República a no aprobar la cuenta fiscal de 2025. El órgano de control formuló 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen incidencia disciplinaria y uno, fiscal. El documento vincula estas observaciones a deficiencias en la planeación y supervisión del gasto, así como a dudas sobre el destino final de los recursos.

Ante estos hallazgos, el gobierno actual anunció un plan de choque por 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud y garantizar el acceso a servicios básicos. El Ejecutivo se comprometió a mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, y a implementar nuevas herramientas para monitorear el impacto de la inversión pública en salud.

El informe finaliza señalando que la falta de balance y evaluación de los resultados de la estrategia de atención primaria representa un desafío para la gestión pública y la transparencia en el sector.

Los interrogantes sobre el uso y la efectividad de los fondos asignados durante la administración de Gustavo Petro continúan abiertos, mientras la nueva administración busca recuperar la confianza en el sistema y asegurar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios efectivos para la ciudadanía.