Nueva reforma de De la Espriella no tocaría las tarifas de las empresas, pero sí acabaría con beneficios y haría que más colombianos declaren

La reforma tributaria en Colombia que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de conseguir recursos en medio de restricciones fiscales y de un debate centrado en si esos recursos deben salir de beneficios tributarios, evasión y ampliación de la base gravable, antes que de nuevas alzas a las tarifas empresariales.

La discusión técnica plantea que los recursos de la nueva reforma deberían salir, ante todo, de ampliar la base gravable, revisar beneficios tributarios y reducir la evasión de IVA y renta.

El enfoque busca recaudar entre $25 y $32 billones en 2027 sin trasladar otra vez el ajuste a empresas y contribuyentes formales que ya pagan impuestos. Ese rango equivale a entre 1,2% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). La senda planteada llevaría el recaudo adicional hasta cerca de 2,5% del PIB en 2030. La referencia inmediata es el faltante de $30,2 billones que enfrenta el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo proyecto fue devuelto por las comisiones económicas. Incluso con los recursos de la reforma tributaria que hoy está en trámite, todavía quedarían $8,3 billones por financiar.

Al respecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que, para cumplir la meta de balance primario de -0,5% del PIB en 2027, serían necesarias medidas equivalentes a 3,7% del PIB entre mayores ingresos y menores gastos. Para retornar a la regla fiscal en 2028, el ajuste requerido subiría a 5,5% del PIB. Dicha presión muestra que la necesidad fiscal supera el tamaño de la propia reforma. También empuja la discusión hacia fuentes de recaudo distintas de un nuevo aumento de tarifas.

Beneficios tributarios y límites de subir más la carga empresarial

Una de las principales apuestas consiste en revisar el gasto tributario antes de crear nuevas cargas. Entre 2019 y 2023, los beneficios tributarios pasaron de $68 billones a más de $136 billones. De ese monto, más de $88 billones se concentraron en IVA y más de $25 billones en renta empresarial. Ese universo aparece como una de las mayores fuentes potenciales de ingresos para la nueva reforma.

La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Sonia Liliana Tejedor, considera que depurar una parte de esos beneficios podría generar más recursos que una nueva sobretasa. El planteamiento apunta a una mayor eficiencia de la estructura tributaria vigente, en lugar de repetir aumentos de tarifas que no necesariamente se tradujeron en un incremento proporcional del recaudo.

Colombia tiene una tarifa de renta corporativa de 35%, frente a un promedio de 24,2% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y de 21,2% entre 146 jurisdicciones. Además, las sobretasas llevan la tarifa hasta 40% para los sectores financiero y minero-energético.

Pese a ese nivel de tributación empresarial, el recaudo tributario del país alcanzó 19,9% del PIB en 2024. Dicho registro fue el mismo de 2015 y quedó por debajo del promedio de la Ocde de 34,1%.

Tejedor dice que “subir tarifas dejó de producir recaudo”. La académica plantea que la reforma debería priorizar la ampliación de la base gravable para obtener ingresos adicionales sin trasladar otra vez el peso del ajuste a empresas y trabajadores formales.

Evasión y activos virtuales como frente de recaudo y formalización

El otro frente central es la evasión. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estima niveles cercanos a 35% en IVA y 40% en renta. Reducir esas brechas requeriría metas verificables, facturación electrónica plena y un mayor cruce de información entre las bases disponibles para la administración tributaria. El punto aparece como otra de las fuentes posibles de recaudo para 2027.

Asimismo, el CEO de Asoblockchain, Camilo Suárez, coincide en que una reforma cercana a $30 billones puede ser realista, pero advierte que “el tamaño de la reforma, cercano a $30 billones, puede ser realista, pero el origen de los recursos resulta más importante que la cifra”.

Suárez plantea que al menos un tercio de la meta de recaudo provenga de beneficios tributarios y evasión. También pide indicadores públicos y auditables año a año para medir si esa promesa se convierte en ingresos.

En esa discusión aparece la economía digital. La Resolución 000240 de 2025 ordena que los proveedores de servicios de criptoactivos reporten a la Dian las operaciones de los usuarios desde el año gravable 2026. El primer informe está previsto para mayo de 2027. El umbral de reporte quedó en $50.000 y las sanciones pueden llegar a 1% del valor no informado.

La medida incluye trazabilidad en un mercado que, según Chainalysis, mueve en Colombia transacciones con activos digitales por USD28.455 millones al año. Suárez sostiene que “el objetivo no debería ser establecer exenciones para este sector, sino generar certeza jurídica”.

Añadió que un marco legal para activos virtuales permitiría convertir parte de la actividad informal en actividad declarante. Bajo esa lógica, la base gravable crecería sin necesidad de aumentar tarifas.

Deuda, reconstrucción y eficiencia del gasto en el debate tributario

La propuesta también incluye una revisión de la administración tributaria. Una de las ideas es que la Dian pase de administrar unos 15 impuestos a concentrarse en tres grandes categorías: renta, IVA interno e IVA externo. El argumento es que 85% del recaudo ya está en dos de esos tributos. Aun así, la propuesta exige determinar cuánto recaudo podría perderse con una simplificación de ese tipo y cómo sería reemplazado.

Las presiones sobre las finanzas públicas no terminan en el recaudo. El servicio de la deuda previsto para 2027 asciende a $118 billones, mientras la inversión pública suma $90 billones.

A eso se agrega el costo de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. BTG Pactual estima de forma preliminar que esa tarea costaría unos $20 billones, cerca de 1% del PIB, y plantea financiarla con crédito y cooperación, no con impuestos permanentes.

El comportamiento reciente del recaudo muestra señales favorables, aunque no resuelve el desbalance. Entre enero y julio, la Dian recaudó $182 billones, con un crecimiento de 9,7% y una ejecución de 100,2% de la meta fijada para ese periodo.

Tejedor plantea además un compromiso de estabilidad tributaria durante 10 años. La propuesta busca reducir la incertidumbre para las empresas en un escenario en el que el propio ministro ubica la inversión privada en 17% del PIB. Desde Asoblockchain también surge una propuesta sobre el uso de los recursos públicos. El gremio plantea llevar la contratación pública, cercana a $174,8 billones, a registros trazables e inmutables para recuperar recursos y reducir pérdidas sin imponer nuevas cargas.

Ahora, esta visión contrasta con el proyecto del Gobierno saliente, que buscaba $21,9 billones adicionales en 2027. La iniciativa incluía una tarifa máxima de 41%, una sobretasa financiera permanente de 15 puntos y una reducción de la exoneración de aportes de 10 a tres salarios mínimos.