Defensoría del Pueblo se refirió a los casos de Jorge Alfredo Vargas y Rafael Poveda: pidió repeto por las víctimas que han sido blanco de ataques

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que advirtió sobre ataques y violencia digital contra integrantes del movimiento #YoTeCreoColega, una iniciativa contra el acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia, y otras personas que han hecho denuncias públicas por presunto acoso sexual y violencias basadas en género en los medios.

Las críticas, señalamientos y ataques surgieron luego de que, a través de las redes sociales del movimiento, fuera publicada una denuncia pública de una mujer en contra del periodista Rafael Poveda, al que señaló de haber abusado sexualmente. Junto con ella, otra mujer lo acusó de haberla acosado sexualmente.

Debido al manejo periodístico que se le dio al tema, tanto las periodistas que abordaron las denuncias como las mujeres que decidieron denunciar públicamente al comunicador han sido blanco de señalamientos.

A este caso se suma el del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, señalado por cuatro mujeres de haberlas acosado sexualmente. Tres de las denunciantes decidieron no participar en el proceso penal que se inició en su contra, indicando que solo pusieron la queja ante su empleador, Caracol Televisión, y que no querían que sus identidades fueran reveladas. Por eso, han desestimado sus testimonios.

Todo esto derivó en una escalada de agresiones en línea que incluyó mensajes amenazantes e intimidatorios, insultos, descalificaciones, señalamientos estigmatizantes, cuestionamientos sobre la credibilidad de las denunciantes, difusión no consentida de información personal y campañas de desprestigio en redes sociales, según informó la Defensoría.

“Una reconocida periodista hizo pública, a través de sus redes sociales y en contra de la voluntad de las víctimas, la identidad de tres mujeres que denunciaron hechos de acoso sexual (...). Además, en algunos medios de comunicación se difundió información imprecisa que desconoció el derecho de las víctimas de tomar la legítima decisión de no participar en el proceso penal”, precisó la entidad.

Según la Defensoría, las víctimas de violencias basadas en género tienen derecho a participar en el proceso penal y a exigir justicia, pero esa participación no es una obligación. Una víctima puede no querer intervenir debido a varios motivos, entre ellos, las barreras estructurales que hay en el acceso a la justicia.

Las víctimas pueden querer evitar enfrentar a su agresor, asumir una carga probatoria alta sobre hechos que suelen ocurrir en privado y soportar señalamientos sobre sus decisiones. A eso se suma el temor a las represalias y riesgos personales, laborales, sociales y emocionales.

“Toda mujer tiene derecho a decidir cómo, cuándo y ante quién relata los hechos que afirma haber vivido, así como el grado de exposición pública que desea asumir. Esto comprende la posibilidad de reservar su identidad, no conceder entrevistas, no participar en debates públicos y solicitar un tratamiento confidencial de la información relacionada con su experiencia”, explicó.

En ese sentido, la entidad indicó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deben investigar los hechos así las víctimas no estén interesadas o no estén dispuestas a participar en el proceso penal. Según la entidad, esa obligación es legal y constitucional.

Por otro lado, sobre el caso de Rafael Poveda, la Defensoría advirtió que se ha puesto en duda la credibilidad de las mujeres que lo denunciaron.

“El debate público suscitado alrededor del proceso periodístico ha derivado en nuevos ataques contra las mujeres denunciantes y quienes las acompañan, mediante cuestionamientos sobre su credibilidad, el carácter consentido de los hechos relatados y su decisión de acudir al escrache como mecanismo de denuncia pública”, señaló.

En consecuencia, la entidad aseguró que las víctimas pueden hacer públicos los hechos que afirman haber vivido y señalar a su presunto agresor sin necesidad de que exista una decisión judicial.

Al mismo tiempo, recordó que los presuntos agresores conservan el derecho al debido proceso, a la defensa técnica y a la presunción de inocencia. Por eso, el avance de las investigaciones penales constituye una garantía tanto para las víctimas como para las personas investigadas.

“Proteger a las mujeres que denuncian, respetar sus decisiones sobre la forma en que desean participar y garantizar el debido proceso para todas las personas involucradas son condiciones indispensables para avanzar hacia una vida libre de violencias y una sociedad democrática en la que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la justicia puedan ejercerse sin miedo”, indicó.