Defensoría alertó por constantes amenazas contra personeros del Catatumbo tras bombardeos: pidió reforzar su protección

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos registrados esta semana en municipios del Catatumbo, Norte de Santander, en medio de la persistencia de la violencia en la región y de las operaciones militares adelantadas contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pronunciamiento se produjo después de que la Defensoría conociera nuevos hechos que han generado afectaciones a la población civil en Sardinata y Tibú. Según la información preliminar recopilada por el organismo, en el sector de Mate Lata, zona rural de Sardinata, seis personas habrían resultado heridas luego de la explosión de un artefacto lanzado desde un dron. Tres de ellas habrían sufrido lesiones de gravedad.

La entidad hizo un llamado urgente para garantizar la protección de las comunidades que permanecen en el territorio, particularmente en zonas rurales donde continúan presentándose hechos relacionados con el conflicto armado y donde la población civil se encuentra expuesta a diferentes riesgos.

A este hecho se sumó lo ocurrido en Pachelli, jurisdicción de Tibú, donde un adulto mayor resultó gravemente herido por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar, conocidas como MAP-MUSE. De acuerdo con la información entregada por la Defensoría, el hecho habría provocado la pérdida de una extremidad.

Amenazas en redes sociales generan llamado de protección

Además de los hechos relacionados con explosiones y artefactos, la Defensoría señaló que conoció amenazas y mensajes estigmatizantes dirigidos contra la labor de los personeros del Catatumbo a través de redes sociales.

El organismo manifestó su solidaridad con la Asociación de Personeros del Catatumbo, cuyos integrantes desarrollan labores de defensa de derechos y acompañamiento a las comunidades de la región. Para la entidad, los señalamientos que buscan relacionar a funcionarios encargados de estas tareas con actores armados representan un riesgo para quienes ejercen sus funciones en los municipios de la zona.

“Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos con los actores armados”, señaló la Defensoría.

Según el organismo, este tipo de estigmatizaciones incrementa los riesgos para la vida, la integridad y el ejercicio independiente de los personeros. Por esta razón, pidió a las autoridades competentes que adoptaran las medidas necesarias para garantizar su protección.

La Defensoría también recordó que las personerías municipales cumplen funciones de defensa y acompañamiento de las comunidades, especialmente en territorios afectados por hechos de violencia. En el caso del Catatumbo, estas labores se desarrollan en un contexto marcado por la confrontación entre grupos armados y por las afectaciones que esta situación ha generado sobre la población civil.

El llamado ocurre después de los bombardeos y operaciones militares realizados durante la noche del lunes 10 de agosto y la madrugada del martes en zonas rurales de Tibú y San Calixto, acciones dirigidas contra una estructura del ELN y ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido un pronunciamiento el martes 11 de agosto sobre estos hechos. En esa comunicación señaló que autoridades de San Calixto y El Tarra se habían trasladado hasta las zonas afectadas para verificar posibles consecuencias sobre la población civil.

“Conocimos que autoridades de San Calixto y El Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran tres personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo”, informó la entidad.

En ese momento, la Defensoría solicitó a las autoridades municipales y departamentales disponer de los recursos y mecanismos necesarios para atender de manera oportuna a las personas afectadas y a quienes tuvieran que desplazarse como consecuencia de los hechos.

Defensoría pide aplicar el Derecho Internacional Humanitario

Ante los nuevos reportes conocidos en Sardinata y Tibú y las amenazas contra personeros, la Defensoría reiteró sus llamados tanto a las autoridades como a los actores armados.

El organismo recordó que los grupos armados tienen la obligación de respetar a la población civil y observar las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. “Las comunidades, las autoridades civiles y quienes defienden los derechos humanos deben permanecer por fuera de las hostilidades”, sostuvo la Defensoría.

La entidad también había pedido a las Fuerzas Militares reforzar la planeación y evaluación de las operaciones a partir de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad, con el propósito de prevenir afectaciones contra la población civil.

Los hechos se presentan en una región que atraviesa una prolongada situación de violencia derivada de la confrontación entre estructuras armadas. Organizaciones sociales han advertido sobre las consecuencias de los enfrentamientos para las comunidades rurales y sobre los desplazamientos que se han producido hacia municipios y zonas cercanas.

La Defensoría señaló que continuará haciendo seguimiento a los hechos reportados en Sardinata, Tibú y otros municipios del Catatumbo, además de acompañar a las comunidades y a las personerías municipales dentro de las competencias que le corresponden.