
Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, defendió la autorización otorgada por el Senado al expresidente Gustavo Petro para salir del país y sostuvo que impedirle viajar sin que exista una acusación formal, una imputación o una orden judicial que restrinja su movilidad supondría una afectación a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La posición fue expresada por Uribe en una publicación en X, en medio de la controversia política generada por el permiso concedido al exmandatario.
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En su mensaje, hizo énfasis en que las garantías constitucionales deben aplicarse incluso cuando se trata de personas cuestionadas políticamente y aseguró que el Estado de derecho depende de que las restricciones a la libertad estén sustentadas en procedimientos previamente establecidos.
“La libertad es un valor sagrado. Cualquier limitación a ella debe ser la consecuencia de un proceso profundamente riguroso y justo”, escribió.

Uribe señaló además que su familia ha experimentado directamente lo que considera una privación de la libertad derivada del abuso de garantías constitucionales.
Según explicó, esa experiencia lo llevó a desarrollar un respeto especial por la presunción de inocencia y las garantías procesales.
La defensa del debido proceso
En su pronunciamiento, Jerónimo Uribe también destacó las posiciones que, según él, han sostenido el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, frente al papel de los abogados defensores.
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Recordó que durante la campaña ambos fueron cuestionados por algunos de los clientes que defendieron y que sus explicaciones sobre el ejercicio de la defensa le parecieron acertadas.
Uribe sostuvo que el trabajo de un abogado consiste, entre otras cosas, en garantizar que a su cliente se le respeten la presunción de inocencia y las garantías procesales.
A su juicio, el cumplimiento de esas garantías no significa favorecer la impunidad.
“La observancia de las garantías no genera impunidad; por el contrario, legitima el proceso penal y hace posible una aplicación correcta y sostenible de la justicia”, afirmó.

Según su argumento, una eventual condena obtenida sin respetar las garantías procesales podría terminar debilitando el Estado de derecho debido al riesgo de que la decisión sea posteriormente anulada.
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El caso de Gustavo Petro
Al referirse directamente al expresidente Gustavo Petro, Uribe sostuvo que actualmente no existe una actuación judicial que justifique restringir su movilidad.
“Nos guste o no, el expresidente Petro no está acusado ni imputado”, afirmó.
En ese sentido, enumeró varias de las circunstancias que, según su publicación, no se presentan actualmente: no existe un proyecto de acusación que haya sido sometido a votación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no hay una imputación de cargos o llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía, tampoco existe una imputación o solicitud de extradición de otro país y, según indicó, no hay una orden judicial que restrinja su movilidad.
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Por ello, consideró que prohibirle salir del país en estas condiciones podría convertirse en una sanción anticipada.
El hijo del expresidente Álvaro Uribe también recordó que los exmandatarios están sometidos a un procedimiento especial cuando se investigan hechos relacionados con el ejercicio de la Presidencia.
Explicó que una causa penal contra un expresidente debe pasar por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, posteriormente por la plenaria de esa corporación y luego por el Senado, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar e imponer una eventual pena.
En los casos relacionados con delitos cometidos durante el ejercicio presidencial o con indignidad, agregó, el Senado puede adelantar un juicio de responsabilidad política y eventualmente imponer la destitución, para lo cual se requiere una mayoría de dos tercios del quórum decisorio.
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El antecedente de otros expresidentes
Otro de los argumentos utilizados por Uribe para defender el permiso a Petro fue el antecedente de otros expresidentes.
Recordó que el artículo 196 de la Constitución establece que los exmandatarios requieren autorización previa del Senado para salir del país durante el año siguiente al término de sus funciones.
Según su interpretación, la norma no obliga a establecer previamente una fecha de regreso.
Como ejemplo, mencionó que en 2010 el Senado otorgó a Álvaro Uribe un permiso con vigencia de un año, bajo el compromiso de informar cada salida. También aseguró que los expresidentes Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque salieron del país con permisos que no establecían una fecha específica de retorno.
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Para Uribe, restringir ahora la salida de Petro, sin una decisión judicial o una actuación formal que lo justifique, podría establecer un precedente contrario a la igualdad que debe existir entre los exmandatarios.
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