Implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado a 21 años de prisión: esta fue su participación en el asesinato

Un juez penal de Bogotá condenó a Harold Daniel Barragán Ovalle a 21 años y 4 meses de prisión tras encontrarlo culpable de participar en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial asesinado en junio de 2025.

La investigación demostró que Barragán coordinó el atentado mediante cuatro videollamadas, un detalle que resultó clave en la reconstrucción de los hechos y aportó pruebas determinantes para la decisión judicial.

El proceso penal partió de la labor de la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas sobre la implicación de Barragán en varias fases del crimen. Según el expediente, el ahora condenado intervino tanto en los preparativos como en las acciones posteriores al asesinato, destacándose la coordinación logística con otros miembros de la estructura criminal.

Las autoridades constataron que Barragán Ovalle participó activamente en la selección del lugar donde se cometió el atentado. Mediante las videollamadas, coordinó actuaciones antes y después del ataque, aspecto considerado de especial gravedad en el expediente.

Entre las conductas más graves se encuentra la selección del adolescente encargado de disparar contra el senador Uribe Turbay. El fallo también considera la colaboración directa de Barragán en la protección de Elder José Arteaga, conocido como “Chipi”, al que le facilitó su ocultamiento y la evasión de la persecución policial tras el crimen.

La sentencia describe que Barragán integraba una organización delictiva dedicada a homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes. La investigación identificó vínculos estructurales entre este grupo y distintos hechos de violencia ordenados por encargo, lo que llevó al juez a calificar su responsabilidad como agravada.

El juzgado no concedió ningún beneficio carcelario, ni permitió la posibilidad de prisión domiciliaria. Además, el fallo impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025, subrayando la gravedad de los delitos: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas.

En palabras del juez que dictó la sentencia: “No hay atenuantes ni razones para postergar ni suspender la ejecución de la condena. La gravedad de los hechos y la utilización de menores evidencia un desprecio absoluto por la vida y la legalidad”.

Congresista pidió investigar al expresidente Gustavo Petro por presunta instigación contra Miguel Uribe

El representante Jaime Arizabaleta solicitó a la Fiscalía que profundice en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Bogotá, señalando la necesidad de que el proceso no se limite a los autores materiales. “Hacer un llamado hoy a que la Fiscalía tome cartas en el asunto, porque solamente ha tomado cartas en el asunto con los autores materiales y no con los autores intelectuales”, reclamó durante una intervención pública.

Según el legislador, existe una dimensión política que debe ser aclarada, pues afirmó: “aquí también hay una responsabilidad política”. Arizabaleta apuntó directamente hacia el expresidente Gustavo Petro, asegurando que antes del crimen se generó un clima hostil contra Uribe Turbay.

“Hay que decirlo, del presidente de la República, de Gustavo Petro Urrego, que antes de ese magnicidio expuso cuarenta y tres tiros contra Miguel Uribe Turbay, exponiéndolo día y noche, diciendo que el abuelo de Miguel era un genocida”, expresó ante los medios.

La petición de Arizabaleta se produce a un año del asesinato de Uribe Turbay, en medio de cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones judiciales. El congresista recordó la retórica empleada por Petro cuando era mandatario, evocando episodios donde, según él, la confrontación política escaló. “Recuerda Colombia cómo ondeaba esa bandera de guerra a muerte y salía en plaza pública, en las tarimas, desencajado, diciendo que los congresistas que se oponían a sus reformas no pasarían”, insistió.

En este escenario, las declaraciones de Arizabaleta han reavivado el debate sobre el impacto de la polarización política y la responsabilidad de los líderes en los hechos violentos. El legislador subrayó una frase atribuida a Petro en ese contexto: “Decía: ‘¡No pasarán!’”.

El pedido formal de Arizabaleta exige que la Fiscalía cite a Petro para que rinda declaración sobre la presunta instigación. “La justicia tiene que interrogar a Gustavo Petro Urrego”, concluyó el representante, marcando así una nueva etapa en la discusión pública sobre el caso Uribe Turbay.

La solicitud busca que la investigación no se limite a la identificación y sanción de los ejecutores directos, sino que avance hacia las posibles responsabilidades indirectas derivadas del discurso político anterior al crimen.