El Gobierno de Colombia tiene listo un borrador de decreto con el que busca prohibir la importación de bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, como parte de las medidas con las que pretende hacer cambiar de parecer a Estados Unidos y lograr una reducción del arancel del 12,5%.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece nuevos mecanismos de control para la Dian y se conoce en medio de la disputa comercial con Washington, que elevó del 10% al 12,5% el arancel aplicado a buena parte de las exportaciones colombianas.
De acuerdo con el proyecto, el Ministerio de Comercio, con el apoyo de la Dian y el Ministerio del Trabajo, deberá evaluar los efectos de la medida sobre el comercio exterior durante los dos años siguientes a su entrada en vigencia y, posteriormente, cada dos años.
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En caso de ser expedido, el decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Dian tendría nuevas facultades de control
Uno de los principales componentes del proyecto es otorgar a la Dian herramientas para identificar mercancías que puedan estar relacionadas con trabajo forzoso.
La autoridad aduanera podría verificar operaciones, adelantar investigaciones, solicitar información, practicar pruebas y ordenar la aprehensión y el decomiso de mercancías cuando corresponda.
El borrador adopta la definición establecida en el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual el trabajo forzoso u obligatorio es aquel exigido a una persona bajo amenaza de una pena y para el cual no se ha ofrecido voluntariamente.
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La propuesta también incorpora las excepciones contempladas en ese convenio, entre ellas determinadas actividades relacionadas con el servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas, condenas judiciales y situaciones de fuerza mayor.
Los controles podrían comenzar cuando existan “motivos razonables”, respaldados por información objetiva, verificable y suficiente, para considerar que una mercancía fue producida mediante trabajo forzoso en alguna fase de su cadena de suministro.
Sin embargo, el proyecto establece garantías para los importadores y demás involucrados.
Cualquier decisión definitiva deberá sustentarse en los hechos y pruebas incorporados al expediente, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas.
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La Dian también podría solicitar información a personas naturales o jurídicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior o con las cadenas de suministro.
Los importadores tendrían la posibilidad de presentar documentos sobre el origen de los productos, su trazabilidad, auditorías, certificaciones y procedimientos de debida diligencia.
El decreto contempla, además, la elaboración de listados indicativos de riesgo relacionados con bienes, sectores, regiones, productores, exportadores o cadenas de suministro sobre los cuales exista información objetiva acerca de posibles casos de trabajo forzoso.
La inclusión en estos listados no constituiría por sí misma una sanción ni una prueba definitiva.
Su función sería servir como herramienta para la gestión del riesgo aduanero y la selección de operaciones que requieran controles adicionales. Los interesados podrían solicitar la revisión, actualización o exclusión de los registros.
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El impacto para el sector floricultor
La discusión se da en un momento en el que distintos sectores exportadores enfrentan el impacto del nuevo arancel impuesto por Estados Unidos. Uno de los más expuestos es el floricultor.
Según Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, cerca del 33 % de los productos colombianos cobijados por la nueva tarifa corresponden a flores. Estados Unidos representa alrededor del 80 % de las exportaciones de flores colombianas, lo que convierte a ese país en un mercado clave para el sector, de acuerdo con declaraciones entregadas por Valdivieso a La FM.
De acuerdo con Valdivieso, las ventas de flores colombianas hacia ese país alcanzan cerca de 2.000 millones de dólares anuales.
La dirigente gremial explicó que, aunque el arancel debe ser pagado formalmente por el importador estadounidense, su aplicación genera negociaciones entre compradores y vendedores para definir cómo se distribuye finalmente ese costo.
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A esta situación se suman otras presiones para los floricultores, como el aumento de los costos laborales, los precios de los insumos agrícolas y los fletes, además de la apreciación del peso colombiano.
Valdivieso estimó que la revaluación cercana al 26 % durante el último año y medio representa una reducción equivalente en los ingresos del sector.
El nuevo arancel también afecta a otros productos colombianos, entre ellos confecciones, manufacturas industriales, plásticos, alimentos procesados, chocolates y cosméticos.
En contraste, quedaron excluidos bienes como café, petróleo, carbón, oro, banano, aguacate, cacao, medicamentos y varias frutas tropicales.
Según reportes de La Silla Vacía, el arancel del 12,5 % comenzó a aplicarse el pasado 23 de julio a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia, como parte de una medida que también alcanzó a otros países por la falta de controles para impedir el ingreso de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
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