Cayó alias Chuzo, uno de los terroristas más buscados en Antioquia: había pasado por el ELN y el Clan del Golfo y hacía parte del frente 4 de las disidencias de las Farc

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón confirmó la captura de alias Chuzo, uno de los hombres más buscados del departamento, y ubicó el operativo sobre un corredor clave del Nordeste: “Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito”.

Rendón señaló que el detenido tuvo tránsito por varios grupos armados y describió su recorrido criminal: “Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el Eln, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc”.

Según el mandatario departamental, alias Chuzo es investigado como “uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados” en el Nordeste antioqueño.

En su declaración, el gobernador lo vinculó también con hechos puntuales ocurridos en Remedios: “También sería responsable del asesinato de cuatro personas, ocurrido hace unos meses en Remedios, y de la quema de dos fincas”. De acuerdo con las autoridades por este hombre se ofrecía una recompensa de $100 millones.

Rendón agregó que, tras la captura, se activó una ofensiva operativa en el territorio: “Comenzó la Operación Cazador Antioquia”.

Cayó ‘Marlon’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’

La confirmación de la muerte de “Marlon”, identificado como el segundo al mando de las disidencias al servicio de alias “Iván Mordisco”, marca un cambio relevante en la estructura criminal del suroccidente colombiano. El Ejército Nacional detalló que el operativo ocurrió en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, y estuvo a cargo de unidades de Fuerzas Especiales.

Alias Marlon era considerado el principal responsable del atentado en el túnel de Cajibío, perpetrado el 25 de abril de 2026, donde murieron 20 personas. El expresidente Gustavo Petro lo había señalado públicamente por este crimen. Según el balance oficial presentado por el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, la eliminación de este mando debilita las capacidades operativas del grupo, que ha estado implicado en actividades de narcotráfico y minería ilegal en la región.

Las fuerzas especiales ejecutaron la operación en Buenaventura, con información precisa sobre la ubicación del objetivo. La recompensa ofrecida por el Gobierno, de $5.000 millones, respondía al impacto nacional de los crímenes atribuidos a Marlon y buscaba incentivar la colaboración ciudadana para su captura.

El operativo neutralizó a uno de los líderes más buscados y evidenció los riesgos de los diálogos con grupos armados. La suspensión de la orden de captura contra Marlon, que había sido parte de las negociaciones, fue anulada por incumplimiento de compromisos, lo que generó debate sobre la estrategia de paz total promovida por el gobierno.

De acuerdo con la información oficial, Marlon estaba vinculado estrechamente con miembros de alto perfil como “Max Max” y “Oso Yogui”, expertos en explosivos del Estado Mayor Central de las disidencias. El ministro Sánchez lo describió como “articulador de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos”, lo que lo convirtió en objetivo internacional y en uno de los criminales más buscados por Estados Unidos.

El jefe de cartera en su momento lo calificó como “el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país”. Según Sánchez, Marlon era responsable de la muerte de “más de un centenar de colombianos inocentes”, incluyendo campesinos, indígenas, niños, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública.

“Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio del criminal alias Mordisco en el Guaviare y en el Meta”, afirmó Sánchez.

La eliminación de Marlon genera interrogantes sobre el futuro de la estrategia de paz total y la continuidad de los diálogos con las disidencias. El caso evidencia los desafíos del Estado colombiano para equilibrar la presión militar con los intentos de negociación y reintegración de grupos armados. Las autoridades consideran que la estructura de las disidencias se verá debilitada por la pérdida de un elemento clave en la articulación de operaciones delictivas y en la perpetración de actos violentos.