Buscan devolver el proyecto del PGN de 2027 para que sea revisado por el nuevo Gobierno: hay alerta por desfinanciación

La bancada del Centro Democrático solicitará al Congreso de la República devolver el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 (Proyecto de Ley N* 152 de 2026 Cámara), debido a presuntas falencias que se identificaron. Los legisladores buscan que el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pueda corregir esos “problemas”.

En ese sentido, presentará una proposición en la que se autoriza la devolución del proyecto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ahora liderado por Miguel Gómez Martínez, por parte de las comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

“Resuelven: Devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, para que presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar su plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”, se lee en el documento.

Según la bancada, el proyecto presentado por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro incorpora ingresos contingentes por $30,2 billones. Sin embargo, ese monto está desfinanciado. Su materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales.

Esa no fue la primera propuesta de presupuesto desfinanciada que radicó la administración anterior. En dos oportunidades, el ex jefe de Estado solicitó al Congreso la aprobación de presupuestos incompletos y dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) para poder completar los recursos faltantes. En esas dos ocasiones, las comisiones económicas del Legislativo archivaron las reformas.

Así las cosas, el Centro Democrático aseguró que es necesario revisar el proyecto y la iniciativa que debe tramitarse para garantizar el financiamiento del presupuesto. “Se requiere precisar su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o recaudo inferior al previsto”, detalló la bancada en la proposición.

De igual manera, aseguró que es necesario contar con los respectivos soportes que demuestren que hay consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones proyectadas, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el plan financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal. Esto, teniendo en cuenta el déficit fiscal y su proyección, así como la deuda pública actual y las necesidades de financiamiento de la Nación.

Asimismo, indicó que es necesario identificar las apropiaciones que dependen de los ingresos contingentes. A esto se suma una sustentación técnica de la incorporación de $17 billones, aproximadamente, que corresponden a “otros recursos de capital”. Sobre ese monto, se debe indicar su naturaleza, origen, fundamento legal, entidad responsable de su certificación y cronograma de disponibilidad.

Otra suma que debe revisarse es la de $13 billones que se adicionan a las rentas de capital. El proyecto actual no expone los soportes técnicos suficientes para determinar su origen, cuantificación, disponibilidad y viabilidad de recaudo

“Deben incorporarse los ajustes derivados de las observaciones presentadas por el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de las Comisiones Económicas Conjuntas, especialmente aquellos relacionados con los supuestos macroeconómicos, las proyecciones de crecimiento, inflación, tasas de interés, recaudo tributario, balance fiscal y sostenibilidad de la deuda”, añadió.

La bancada también planteó en la proposición la incorporación de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que en su momento advirtió sobre riesgos de desfinanciación del presupuesto.

“Las Comisiones concluyen que el proyecto, en su estado actual, requiere enmiendas y soportes adicionales para acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los principios de planificación, anualidad, universalidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal, así como de las demás disposiciones aplicables del Estatuto Orgánico del Presupuesto”, indicó.