Nueva cúpula policial anunciada por Abelardo de la Espriella creó controversia al interior de la institución: saldrían varios oficiales

Mientras el país se prepara para observar la transmisión de mando que convertirá oficialmente a Abelardo de la Espriella en el nuevo presidente de la República, en la Policía Nacional se vivió un verdadero ‘revolcón’ para definir a la nueva cúpula que llevará las riendas de la institución.

De hecho, aunque se creía que el nuevo mandatario ya tenía decidida su elección, al interior de la institución castrense se vivió una disputa reservada que reordenó las opciones iniciales del gobierno entrante y abrió, al mismo tiempo, otra puja por la Dirección Nacional de Inteligencia.

Según una reciente investigación de la revista Cambio, el proceso dejó al descubierto tensiones entre aspirantes, apoyos políticos cruzados y una preocupación de fondo por el estado de la inteligencia estatal.

Durante las dos últimas semanas, mientras se daba por cerrada la elección del nuevo director de la Policía Nacional, generales retirados, antiguos directores, dirigentes políticos y personas cercanas al nuevo gobierno habrían movido nombres y hojas de vida para influir en una de las decisiones más sensibles del arranque de la nueva administración.

Hasta hace pocos días, el mayor general en retiro Luis Enrique Méndez Reina aparecía como la principal opción para dirigir la Policía Nacional. A su alrededor incluso se contemplaba una fórmula en la que el mayor general en retiro Alejandro Barrera Peña asumiría la Subdirección General.

El nombre de Méndez Reina llegó al escritorio del presidente electo por gestión de Carlos Ríos, uno de los hombres de confianza de Abelardo de la Espriella. En esa misma puja también entró el mayor general en retiro César Augusto Pinzón, exdirector de Antinarcóticos y de la Dijín, cercano al mandatario electo.

Pinzón participó en las conversaciones iniciales sobre la nueva cúpula, pero su presencia encontró resistencias por cuestionamientos que arrastra desde su salida de la institución hace más de una década. En 2014, autoridades de Estados Unidos le revocaron la visa y distintos medios divulgaron información según la cual la DEA analizaba señalamientos de testigos sobre presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico, acusaciones que él rechazó, calificó como un montaje y por las que sostuvo que nunca ha sido condenado.

La puja cambió cuando comenzó a circular un documento anónimo con reparos contra Méndez Reina. Varias personas que conocieron el proceso sostuvieron a la revista que ese papel sin un remitente fiable reabrió el debate, aunque no fue el único elemento que alteró la decisión.

La inflexión habría llegado tras una conversación privada entre Abelardo de la Espriella y el general (r) Méndez Reina. Quienes conocieron ese encuentro afirmaron a Cambio que el presidente electo no objetó su trayectoria, pero sí quedó con dudas sobre si tenía el talante operativo y de inteligencia que buscaba para enfrentar el escenario de seguridad que recibirá el próximo 7 de agosto.

A partir de ese momento, Barrera dejó de figurar como opción para la Subdirección y pasó a encabezar la carrera por la dirección de la Policía. El presidente electo lo escuchó en persona y, según personas cercanas al proceso, su propuesta para recuperar la capacidad operativa de la institución terminó por convencerlo.

Barrera estuvo cerca de un año al frente de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), pero quienes intervinieron en las conversaciones describen su fortaleza principal en el mando territorial y operativo. Su carrera de más de tres décadas se concentró en cargos de comando regional y en unidades de seguridad ciudadana.

Esa característica abrió espacio para una segunda ficha en la nueva fórmula: el mayor general en retiro Norberto Mujica Jaime. Su nombre tomó fuerza para la Subdirección General por su cercanía profesional con Barrera y por perfiles que, según quienes siguieron el proceso, se complementan.

La disputa por la Dirección Nacional de Inteligencia

Mientras Barrera acumulaba respaldo para dirigir la Policía, Mujica aparecía como el componente de inteligencia de la nueva cúpula. Durante el gobierno de Iván Duque dirigió la Dipol y participó en operaciones contra organizaciones narcotraficantes y grupos armados ilegales, incluidas investigaciones que ayudaron a ubicar y capturar a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

A esa trayectoria se suman pasos por investigación criminal y antinarcóticos. Esa combinación, según las versiones recogidas en el proceso, llevó al presidente electo a inclinarse por una dupla que reuniera capacidad operativa e inteligencia estratégica.

La tercera ficha fue el mayor general en retiro Ricardo Augusto Alarcón Campos. Su nombre llegó al despacho del presidente electo impulsado por el exsenador Sergio Araujo, con la idea de que encabece la política de seguridad ciudadana del nuevo gobierno y no una línea de mando dentro de la institución.

Alarcón fue director de Antinarcóticos, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y jefe de la Región de Policía No. 8. Esa experiencia encaja, según el nuevo gobierno, con uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad.

Detrás de estas decisiones hubo otro rasgo poco usual. Aunque el presidente electo cuenta con un asesor civil en seguridad cuyo nombre sigue casi fuera del radar incluso para integrantes de su círculo cercano, optó por revisar personalmente cada hoja de vida y escuchar de primera mano a los aspirantes.

Ese ejercicio lo llevó a una conclusión: la Policía necesitaba una cúpula capaz de mezclar liderazgo operativo, experiencia en inteligencia y capacidad de reconstrucción institucional. A juicio del mandatario electo, la institución llega fracturada tras cuatro años de gobierno.

En paralelo, se abrió otra disputa por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), uno de los cargos más delicados del próximo gobierno. Desde el mismo día de la victoria electoral de De la Espriella empezaron a llegar recomendaciones y hojas de vida para encabezar la agencia civil encargada de producir inteligencia estratégica del Estado.

Uno de los nombres con más impulso inicial fue el del mayor general en retiro Jaime Agustín Carvajal Villamizar, oficial del Ejército con trayectoria operativa en acciones como la Operación Sodoma y la Operación Odiseo. Según distintas versiones recogidas por la revista Cambio, el general en retiro Eduardo Zapateiro promovió su candidatura dentro del gobierno entrante.

Carvajal llegó a dar por hecho su nombramiento. En reuniones privadas y encuentros ligados a la transición empezó a presentarse como futuro director de la DNI, pero en las últimas semanas esa posibilidad perdió fuerza.

También llegó al despacho presidencial el abogado Camilo Rojas, exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del gobierno de Iván Duque. Su nombre tenía reconocimiento en la comunidad de inteligencia por sus más de 13 años en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, donde trabajó en asuntos de inteligencia estratégica, aunque esa opción también se fue debilitando.

Tras descartarse varias alternativas, volvió a aparecer Méndez Reina, esta vez para la DNI. Después de perder terreno para la dirección de la Policía, su nombre empezó a figurar entre los de mayores opciones para asumir ese cargo, aunque la decisión aún no se había oficializado.

La definición no es menor porque la DNI no cumple funciones de inteligencia táctica u operativa como las Fuerzas Militares o la Policía. Su tarea consiste en anticipar amenazas contra la seguridad nacional, evaluar riesgos y suministrar insumos para las decisiones del presidente de la República.

El problema de fondo va más allá de los nombramientos. El nuevo gobierno heredará un sistema de inteligencia fracturado por años de choques entre agencias, con desconfianza mutua, información que dejó de compartirse y una disputa interna que convirtió a organismos del mismo Estado en competidores.

A ese cuadro se sumaron las controversias en la propia DNI durante el gobierno saliente. Primero, por el paso de Carlos Ramón González, hoy señalado como prófugo de la justicia en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y luego por la gestión de Jorge Lemus, marcada por revelaciones sobre contactos con el entorno de alias Papá Pitufo, desacuerdos con otros organismos y presuntos ofrecimientos ilegales en el marco de la llamada Paz Total.

El reto, por tanto, no se agota en escoger un director o cerrar una cúpula. La prueba real estará en volver a articular a la DNI, la inteligencia militar y la Dipol para que compartan información, recuperen confianza y actúen con independencia bajo un mismo propósito de Estado.