La agresión a un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Girón ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades penitenciarias de Santander. Efraín Quesada Urrego, funcionario del Instituto que llevaba más de 10 años de servicio en el penal, fue asesinado por arma de fuego a escasos metros de la cárcel de Palogordo mientras se dirigía a cumplir su turno matutino.
De acuerdo con información suministrada por medios locales, el ataque ocurrió en una vía destapada, aproximadamente a 600 metros de la entrada principal del penal, alrededor de las 6:10 a. m. del 6 de agosto de 2026. Según reportes iniciales, dos hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon en tres ocasiones antes de huir en dirección a Piedecuesta, dejando al empleado gravemente herido sobre la calzada. Uno de los impactos le dio en el tórax.
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Actualmente, Quesada permanecía en un centro asistencial de Bucaramanga tras recibir los primeros auxilios en el lugar. Sobre el medio día, Noticias Caracol informó que el hombre de 54 años falleció en la institución médica.
La rápida reacción de los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y de la Policía Nacional permitió acordonar la zona y dar inicio a la recolección de pruebas para determinar la identidad de los autores y los motivos del atentado.
Las primeras hipótesis, según el medio de comunicación, es que los responsables harían parte de la organización criminal Los Costeños, que estarían recluidos en este centro de máxima seguridad, más específicamente en el patio 10.
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En Colombia, los ataques y amenazas contra guardianes del Inpec han sido motivo de reiteradas denuncias por parte de sindicatos del sector. Las organizaciones advierten que las agresiones suelen registrarse en las inmediaciones de centros penitenciarios, como el de Palogordo, aumentando la preocupación entre el personal de custodia.
Asesinan a tiros al funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, en Cali
El asesinato de Alexander Mejía Cuéllar, funcionario del Inpec, estremeció a la ciudad de Cali el 24 de julio de 2026. Mejía Cuéllar, que ostentaba el rango de dragoneante y contaba con más de dos décadas de trayectoria en la entidad, fue atacado a tiros en plena vía pública del barrio Nueva Floresta.
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El hecho se produjo alrededor de las 7:00 p. m., cuando sujetos no identificados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el funcionario. Según un reporte interno de la institución, la víctima falleció en el lugar de los hechos. En el ataque también resultó herida su compañera sentimental, que fue trasladada a un centro asistencial y permanece bajo observación médica.
La información oficial confirma que Mejía Cuéllar se vinculó al Inpec el 19 de enero de 2001 y acumulaba 25 años y seis meses de servicio al momento de su muerte.
Judicializan a 17 personas, incluidos 5 dragoneantes del Inpec, por presuntamente facilitar extorsiones carcelarias
La Fiscalía General de la Nación procesó judicialmente a 17 personas por su presunta vinculación con una red de extorsión carcelaria que habría operado desde la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá. Entre los procesados se encuentran cinco dragoneantes del Inpec, acusados de permitir el ingreso de celulares y otros objetos a reclusos para la realización de llamadas extorsivas. Según la Fiscalía, la red contactaba a ciudadanos de distintas ciudades del país y los amenazaba para exigirles dinero.
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La investigación reveló que los implicados cumplían distintos roles en el esquema: algunos recolectaban información de potenciales víctimas y otros trasladaban esos datos a los internos. Desde varios pabellones de El Barne, entre enero y diciembre de 2025, se habrían efectuado numerosas llamadas extorsivas en nombre de estructuras armadas.
Las capturas se llevaron a cabo en operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Fiscalía en varias regiones, incluida Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. El dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez recibió medida de aseguramiento intramural, mientras que los otros procesados permanecen vinculados a la investigación.
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La Fiscalía señaló: “Detrás de los muros del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a ciudadanos de diferencias ciudades del país, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio”. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
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