Pelea entre ministras de Petro y De la Espriella por millonarios contratos del Invías para La Guajira

A pocos días de que se produzca el cambio de mando presidencial en Colombia, siguen las diferencias entre los ministros salientes y entrantes del país.

El turno fue para el sector de Transporte donde la actual funcionaria María Fernanda Rojas y la ministra designada Elsa Noguera discutieron sobre la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por $3,2 billones para vías terciarias en el departamento de La Guajira, en una controversia que gira sobre la legalidad y la conveniencia fiscal de dejar comprometidas vigencias futuras hasta 2035 a pocos días del cambio de gobierno.

El origen de la polémica se produjo cuando el equipo del Gobierno entrante pidiera abstenerse de firmar esos contratos ya adjudicados, ya que, en sus palabras, la decisión afectaría a la próxima administración por su impacto fiscal y por los recursos comprometidos en los próximos años.

“Las obras corresponden a siete contratos para Uribia, por cerca de $2 billones, y tres para Riohacha, Maicao y Manaure, por aproximadamente $1,1 billones. A estos se suman seis contratos de interventoría por $204.000 millones. También se revisará la participación de varias empresas en diferentes consorcios adjudicatarios, así como la estructuración de los lotes y el nivel real de competencia”, denunció el movimiento Defensores de la Patria en un comunicado.

Revisión de contratos por Elsa Noguera

Inicialmente, la ministra designada de Transporte Elsa Noguera respaldó la denuncia del partido político y enfatizó en que las vías terciarias serán prioridad en el Gobierno entrante.

Sin embargo, planteó que los colombianos tienen derecho a preguntarse sobre la manera en la que el Gobierno saliente decidió dar prioridad a contratos de esa cuantía y compromete vigencias futuras hasta por un periodo de nueve años.

“Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del INVÍAS por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035”, indicó la futura jefa de cartera en su cuenta de X.

Así mismo, anunció que “cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero como corresponde”.

Aclaración del Gobierno Petro

La respuesta de la ministra de Transporte saliente María Fernanda Rojas llegó por la misma vía. La funcionaria defendió la legalidad del proceso y sostuvo que no se trata de decisiones improvisadas ni de última hora.

“Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan. Las concesiones, por ejemplo, también pueden emplear vigencias futuras”, indicó en la misma red social.

Igualmente, la actual encargada del ministerio añadió que la adjudicación se hizo por licitación pública y con participación de empresas que cumplían los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y agregó que estos proyectos responden al cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

“Se cumple además con la sentencia T-302 de 2017 que ordena inversiones en La Guajira desde hace 9 años y este proceso se realizó con estricto cumplimiento del mandato de la mesa del Messep. Espero que pueda informarse usted de ese importante proceso para las comunidades de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia”, explicó.

También recordó que durante el Gobierno Petro se respetaron y ejecutaron contratos con vigencias futuras firmados en la administración de Iván Duque, y recalcó que la información de estos procesos ya había sido incorporada en los informes de empalme publicados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y en las rendiciones de cuentas del sector Transporte.

“Adelantamos y, en muchos casos desenredamos, numerosos contratos por un total de $15 billones de dicho período presidencial; incluso, la mayoría tuvieron el mayor porcentaje de ejecución en este gobierno, no en el anterior. Si hubiera asistido al empalme, junto con el equipo que nos informaron que iba a asistir, tendría la información clara”, puntualizó.

Invías también se pronunció

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vías salió a defender la contratación mediante un comunicado en el que afirmó que todos los procesos cumplieron las etapas previstas por la ley. La entidad rechazó la idea de que se trate de contratos armados en los últimos días del Gobierno.

El instituto explicó que las obras para vías terciarias en La Guajira fueron estructuradas desde diciembre de 2025 y hacen parte de la ejecución del CONPES 4161, una política pública diseñada para garantizar derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayuu. Según la entidad, ese plan contempla una inversión total cercana a $3,5 billones.

El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, cuestionó de forma directa los señalamientos del equipo entrante. “Resulta completamente equivocado afirmar que contratos de esta magnitud puedan estructurarse, licitarse y adjudicarse en pocos días. Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley”, manifestó.

Jiménez también sostuvo que los cuestionamientos del gobierno entrante se habrían evitado si el proceso de empalme no hubiera sido suspendido por Abelardo De La Espriella. Según explicó, ese mecanismo habría permitido verificar que los contratos para La Guajira venían tramitándose desde meses atrás.

“El Estado colombiano no comienza ni termina cada cuatro años. Las instituciones tienen continuidad y las obras públicas responden a políticas de Estado, no a intereses políticos de cada administración”, complementó.