
La auditoría externa internacional sobre la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 concluyó que el proceso contó con condiciones técnicas y operativas adecuadas y que no encontró pruebas de manipulación sistemática de datos, una definición que apunta al núcleo más sensible de la jornada: la integridad de los sistemas que respaldaron la elección de presidente y vicepresidente.
El informe final fue elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de Capel, y revisó 10 componentes del proceso electoral durante las fases preelectoral, electoral y poselectoral.
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“El Informe Final de la Auditoría Externa Internacional, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), concluyó que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026 dispusieron de condiciones técnicas y operativas adecuadas para contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral”, se observa en el comunicado expedido por la Registraduría.ñ.
El documento sostuvo que las verificaciones no detectaron modificaciones no autorizadas ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, la continuidad operativa o la trazabilidad de los componentes evaluados.
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Según el reporte, disponible en la página web de la Registraduría Nacional, el análisis incluyó jurados de votación, kit electoral, la plataforma aVotar, biometría, control y monitoreo, preconteo y comunicaciones, escrutinio, formularios E-14, actas E-11 y consolidación y divulgación de resultados.

Capel presentó ese dictamen al concluir que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados dispusieron de condiciones adecuadas de preparación, operación y cierre, con alcance sobre toda la segunda vuelta de las elecciones de 2026 y no solo sobre la jornada de votación.
En su conclusión central, el documento afirma que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”.
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La evaluación también señaló que existieron mecanismos de control, seguimiento y validación técnica, además de una articulación adecuada entre los distintos componentes revisados. A eso sumó medidas para la protección de la información, control de accesos y trazabilidad de las operaciones.

El estudio indicó además que se verificó la disponibilidad de infraestructura tecnológica y de mecanismos de comprobación destinados a garantizar la continuidad operativa de los servicios examinados. Esa revisión se extendió a la gestión de riesgos operativos, tecnológicos y de procedimiento.
Uno de los puntos más precisos del informe aparece en el examen forense de la información procesada. Allí se establece que los datos evaluados presentaron consistencia, integridad y coherencia estadística, sin evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática.
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En ese apartado, Capel sostuvo: “Las verificaciones efectuadas no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados durante el desarrollo de la jornada electoral”.
El dictamen agrega que “la integración de las diferentes líneas de evaluación, respaldó la confiabilidad de los sistemas y de los procedimientos tecnológicos auditados”. Sobre esa base, emitió un concepto técnico favorable respecto de los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos de seguridad que respaldaron la segunda vuelta.
Así mismo, el informe no limitó su alcance a la operación del día de la elección. En la etapa poselectoral, la auditoría reportó la correcta ejecución de los procedimientos de cierre, incluida la consolidación de la información procedente de los distintos componentes auditados.
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También dio por verificados la validación de los resultados obtenidos, el funcionamiento de los mecanismos de control y trazabilidad y la consistencia de la información divulgada conforme a los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Finalmente, el documento señaló además que las limitaciones operativas propias de un proceso electoral de alta complejidad fueron atendidas mediante procedimientos alternativos de auditoría, que permitieron obtener evidencia suficiente, competente y adecuada para sustentar las conclusiones del encargo.
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