
En un juzgado de Villavicencio, Alexander Díaz Calarcá fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de delitos cometidos en Meta y otras regiones de Colombia, en una diligencia en la que el señalado cabecilla de disidencias de las Farc fue procesado como persona ausente.
Según el ente acusador, Díaz no asistió a las audiencias solicitadas por un fiscal contra el crimen organizado. Los cargos incluyen homicidio agravado y uso de armas sin los permisos requeridos y el asesinato con fusiles de siete militares del Ejército Nacional en zona rural de San José del Guaviare.
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“Alexander Díaz, en su condición de comandante del ‘bloque Jorge Suárez Briceño’, no requería intervenir como ejecutor material para conservar el dominio del hecho, pues la acción fue realizada por integrantes subordinadas del ‘frente Isaías Carvajal’”, señaló el fiscal.
También fue señalado por su participación en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el departamento de Antioquia, durante la cual fueron incautados computadores con información sensible sobre el accionar de las disidencias.
Alias Calarcá se había sumado a la política de Paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, un proceso en el que se mantuvieron suspendidas sus órdenes de captura para facilitar negociaciones.
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La fiscal general Luz Adriana Camargo le envió una carta a Petro en la que indicó que desde 2024 alias Calarcá habría continuado delinquiendo pese a su inclusión en la “Paz total”.
Durante la audiencia, también se oficializó la declaración de persona ausente alias Calarca, lo que habilita al ente acusador para seguir el proceso penal aunque el investigado no comparezca. En este expediente, la imputación se centra en dos delitos: concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
El juez consideró suficientes los intentos de ubicación

El juzgado examinó las actuaciones desplegadas por la Fiscalía para ubicar y notificar a “Calarcá”. Entre esas gestiones estuvo una solicitud de apoyo al Alto Comisionado para la Paz, que respondió que no tiene funciones relacionadas con notificaciones judiciales ni mecanismos institucionales para localizar integrantes de grupos armados.
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“El Alto Comisionado de Paz, con quien al parecer se adelantan conversaciones o acuerdos de paz y reconciliación, informó reiteradamente que no es de su función la notificación judicial, que no dispone de canales institucionales para trasladar citaciones a miembros de estructuras armadas ni posee información actualizada de datos de contacto del indiciado. De tal manera que no fue posible”, fundamentó el juez la decisión.
En efecto, agregó que el órgano investigativo amplió la búsqueda por otras vías: “Pero la Fiscalía no se quedó allí, también dispuso otra serie de actos investigativos, como consultas a entidades institucionales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Inpec, Sisbén, entre otras actividades de campo y de policía judicial”.
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Con base en esas actuaciones, el despacho concluyó que las medidas de búsqueda fueron suficientes y razonables. Esa valoración tomó en cuenta las condiciones del procesado, señalado de integrar una organización criminal y con órdenes de captura vigentes.

Mientras se resuelve el caso judicial contra alias Calarca, el presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc: dio una semana para que se entreguen a la justicia y advirtió que quienes no lo hagan serán dados de baja por la fuerza pública.
De la Espriella afirmó que no cree en “falsos proceso de paz” y sostuvo que “la única paz es la que se impone con armas y con el sometimiento de la justicia”. En ese marco, exigió la entrega de Alexander Díaz alias Calarcá, Luciano Vargas alias flaco del ELN, Luis Alfredo Urbano alias el Pastuso o Mariscal de las disidencias de las Farc, Cristian Alexis Rocha Ordóñez alias Sergio Carvajal del frente Darío Gutiérrez y Hugo Gómez alias Hugo Huguito o Vinagre, del Clan del Golfo.
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“Tienen ya menos de una semana para entregarse, bandido que no se someta lo vamos a darle baja, Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la fuerza pública”, dijo el líder del movimiento político Defensores de la Patria.
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