Consejo de Estado suspendió designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por irregularidades en la resolución

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz. La decisión fue adoptada tras resolver dos solicitudes de medida cautelar presentadas dentro de demandas que buscan la nulidad de ese acto administrativo.

La Sección Primera del alto tribunal estudió dos procesos distintos contra la resolución expedida por el Ejecutivo. Solo una de las solicitudes fue acogida, al concluir que existían elementos suficientes para decretar la suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la legalidad del nombramiento.

De acuerdo con la providencia, la resolución no estableció con precisión el límite temporal de la designación, las actividades que debía desarrollar Mancuso ni el territorio en el que cumpliría sus funciones como gestor de paz, aspectos que, según el Consejo de Estado, debían estar definidos en el acto administrativo.

Las dos demandas que analizó el Consejo de Estado

El primer recurso fue presentado por el abogado Luis Carlos Domínguez Prada, mediante un medio de control de nulidad, con el que solicitó dejar sin efectos la resolución por considerar que existía una “falsa motivación” en la designación de Mancuso.

La segunda demanda fue interpuesta por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz, quien pidió al Consejo de Estado decretar de manera urgente una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución que otorgó la condición de gestor de paz al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tras analizar ambas solicitudes, el alto tribunal negó la medida cautelar solicitada por Domínguez Prada, al considerar que la demanda no cumplió con la carga argumentativa exigida para decretar una suspensión provisional.

En esa acción también se alegaba que el nombramiento desconocía el principio de no revictimización; sin embargo, el Consejo de Estado señaló que no se identificaron de manera precisa las normas que habrían sido vulneradas ni se explicó cómo se habría configurado esa presunta afectación.

La demanda que dio lugar a la suspensión provisional

En contraste, la solicitud presentada por Samuel Ortiz sí fue acogida por la Sección Primera.

En su demanda, el estudiante sostuvo que la Resolución 244 de 2023 habría incurrido en infracción de normas superiores, expedición irregular y falta de motivación, debido a que el Gobierno no delimitó los aspectos esenciales de la designación.

Entre sus argumentos indicó que el acto administrativo debía establecer el periodo durante el cual Mancuso ejercería como gestor de paz, el aporte concreto que realizaría a la construcción de paz y el territorio donde desarrollaría esas actividades.

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado concluyó, de manera preliminar, que esos elementos no quedaron definidos.

“La Resolución 244 designó al señor Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz sin determinar el límite temporal de la designación y sin precisar las actividades que desarrollaría y el territorio en el que las desempeñaría”, señaló el tribunal según conoció Semana.

Asimismo, explicó que la resolución únicamente indicaba que Mancuso contribuiría “con su conocimiento y experiencia en el diseño de procesos de desarme colectivo de grupos territoriales”, una descripción que calificó como “general e insuficiente”.

El alcance de la facultad presidencial para designar gestores de paz

En su decisión, el Consejo de Estado recordó que el presidente de la República tiene la dirección de los procesos de paz y cuenta con facultades para adoptar las medidas que considere necesarias en esa materia.

No obstante, precisó que esa potestad discrecional no es absoluta y debe ejercerse dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.

En ese sentido, el despacho señaló que el ejercicio de dichas facultades “no debe entenderse como arbitrariedad”, pues las decisiones adoptadas por el Ejecutivo deben contar con la motivación y los fundamentos jurídicos correspondientes.

La providencia también hizo referencia a un pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2024, en el que se indicó que la figura del gestor de paz no puede tener un alcance “ilimitado, descontrolado o irrestricto” en los ámbitos geográfico, temporal y funcional, debido a los derechos de las víctimas.

La decisión deja suspendidos los efectos de la resolución

Con base en ese análisis, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 244 de 2023, mediante la cual Salvatore Mancuso había sido designado gestor de paz desde el 14 de agosto de 2023.

La suspensión tiene carácter cautelar y permanecerá vigente mientras la jurisdicción contencioso administrativa resuelve de fondo las demandas de nulidad presentadas contra ese acto administrativo.

El contexto de la designación de Salvatore Mancuso

La Resolución 244 de 2023 fue expedida por el Gobierno nacional dentro de la política de ‘Paz Total’.

En ese documento, el Ejecutivo señaló que se habían adelantado reuniones entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y exintegrantes de las Autodefensas para conformar mesas técnicas, y sostuvo que Mancuso había manifestado su disposición de contribuir con la construcción de paz y aportar verdad sobre el conflicto armado.

Con esos argumentos, el Gobierno lo designó como gestor de paz para contribuir, según la resolución, con su conocimiento y experiencia en el diseño de procesos de desarme colectivo.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró, de manera preliminar, que esa motivación resultó insuficiente, al no precisar el alcance de las funciones, el tiempo de la designación ni el ámbito territorial en el que serían desarrolladas.

La decisión se limita a la Resolución 244 de 2023

La providencia conocida este lunes se refiere exclusivamente a la Resolución 244 de 2023, mediante la cual fue designado Salvatore Mancuso como gestor de paz.

No obstante, existen otros procesos judiciales relacionados con la Resolución 327 de 2025, mediante la cual el Gobierno designó a Mancuso y a otros exjefes paramilitares para integrar una Mesa Técnica de Diálogo Social.

Esas actuaciones corresponden a un acto administrativo diferente y continúan su trámite de manera independiente ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Por ahora, la decisión del Consejo de Estado suspende provisionalmente los efectos del nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, mientras la corporación adopta una decisión definitiva sobre la legalidad de la Resolución 244 de 2023.