
La Administración distrital de Carlos Fernando Galán presentó ante el Concejo de Bogotá un proyecto de reforma tributaria que contempla un aumento en el impuesto predial para cerca de 870.000 predios, principalmente residenciales de alto valor y no residenciales, con el objetivo de financiar la modernización del alumbrado público e impulsar la infraestructura urbana inteligente en la capital.
La medida, que incluye la creación de una sobretasa específica para este fin, ha generado un intenso debate político y social por el impacto que tendría en propietarios y sectores productivos. De acuerdo con la propuesta, la nueva sobretasa recaerá sobre 531.189 viviendas de estratos 4, 5 y 6, así como sobre predios de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo supere las 20.000 UVT, es decir, inmuebles de alto valor.
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En el sector no residencial, la obligación se extiende a 338.766 predios comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes urbanizables, cubriendo el 98% de estos inmuebles. En total, 869.955 predios estarán sujetos al incremento, con un recaudo potencial estimado en $403.000 millones anuales, que tras descontar la evasión proyectada sería de $354 mil millones para 2026 y $379.000 millones para 2027.

¿Cómo será la nueva sobretasa predial para alumbrado público?
La iniciativa establece tarifas diferenciadas:
- 0,4 por mil para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, y para los de estratos 1, 2 y 3 con avalúos superiores a 20.000 UVT.
- 0,9 por mil para predios dotacionales y urbanizables no edificados.
- 1 por mil para predios comerciales, industriales y financieros.
El impacto promedio anual sería de $133.051 para viviendas de estrato 4, $227.214 para el estrato 5 y $348.162 para el estrato 6. En el sector productivo, los valores promedio serían de $807.569 para predios comerciales, $1.672.343 para industriales, $2.342.643 para financieros y $2.400.543 para dotacionales. Los lotes tendrían un cobro de $577.970 al año.
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El proyecto fija topes de pago: máximo 600 UVT anuales para residenciales y 1.200 UVT para los demás predios. El 60% del recaudo provendría del sector comercial, el 25% del residencial, el 7% del dotacional, 5% del industrial, 1,2% del financiero y 2% de los lotes.
Críticas desde el Concejo
La administración justifica la medida como indispensable para la sostenibilidad y modernización del alumbrado público, un componente clave del “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”. Se proyecta una inversión de $78,3 billones en infraestructura y la creación de hasta 215.000 empleos en la próxima década, facilitando además la transición a sistemas de iluminación LED, redes IoT y mejoras en seguridad y movilidad.
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El concejal Julián Uscátegui del Centro Democrático criticó duramente la propuesta, señalando que “los bogotanos no resisten un impuesto más” y que la administración debería enfocarse en la eficiencia del gasto antes de recurrir a nuevos tributos. Uscátegui advirtió que la capital ya enfrenta una de las mayores cargas fiscales del país y que el incremento del predial afectaría tanto a familias como al aparato productivo, especialmente en un contexto de crisis económica y tras la actualización catastral.
El cabildante argumentó que “antes de crear nuevos cobros, la alcaldía tiene la obligación de demostrar que está ejecutando eficientemente el presupuesto, reduciendo gastos innecesarios y destinando los recursos a las verdaderas prioridades de Bogotá”. Anunció que buscará ampliar los alivios tributarios para deudores, proponiendo descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones, frente al 50% contemplado por la administración.
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Progresividad y exenciones
El nuevo esquema tributario mantiene la progresividad del predial: los propietarios de inmuebles de mayor valor pagarán proporcionalmente más. Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, así como los rurales de bajos ingresos, estarán exentos salvo en casos de avalúos muy altos. Para predios de muy alto valor, las tarifas básicas subirán:
- De 12,3 x 1.000 a 13,1 x 1.000 para predios entre $3.188 millones y $4.411 millones.
- De 12,3 x 1.000 a 13,9 x 1.000 para predios superiores a $4.411 millones.
La reforma incluye incentivos a la inversión, microempresas y desarrollo urbano, y descuentos a más de un millón de contribuyentes en mora.
La administración Galán sostiene que la medida es necesaria para robustecer la infraestructura inteligente de la ciudad, garantizar la sostenibilidad fiscal y simplificar el sistema tributario, eliminando tarifas confusas y promoviendo la equidad. Sin embargo, la propuesta enfrenta el rechazo de sectores políticos y sociales que advierten sobre el impacto en el costo de vida y la competitividad de Bogotá, y exigen alternativas que no impliquen nuevas cargas para los contribuyentes.
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