Un juez ordenó prisión preventiva en cárcel para dos sospechosos por el homicidio de un conductor de aplicación en Usaquén, Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, dos ciudadanos venezolanos de 18 y 20 años sindicados del homicidio de Juan Pablo Vargas Becerra, conductor de una aplicación de transporte asesinado en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

Los cargos imputados incluyen homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Según la investigación, los dos procesados solicitaron un servicio de transporte desde el centro de la ciudad con destino al norte y, durante el recorrido por la carrera Séptima, intimidaron a la víctima con un arma de fuego para obligarla a desviarse de la ruta.

El conductor fue llevado contra su voluntad hacia la zona alta de Usaquén, en el sector de Soratama, hasta llegar al sector de El Codito. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que Vargas Becerra fue obligado a bajar del automóvil.

Los elementos materiales probatorios indican que la víctima intentó negociar con sus agresores: les pidió que le permitieran descender del vehículo, que tomaran el automóvil y sus pertenencias, y que respetaran su vida. La súplica no tuvo efecto y Vargas Becerra fue ejecutado a tiros cuando se encontraba en estado de indefensión.

La reacción policial se activó tras el reporte de una persona herida por arma de fuego en la vía pública. El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1, explicó que la intervención fue posible gracias a la respuesta de las patrullas del sector y a la información aportada por la comunidad.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida”, señaló el oficial.

Tras el crimen, los sospechosos huyeron a bordo del automóvil de la víctima. Las autoridades activaron un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén para cerrar las vías del sector. Durante la persecución, los ocupantes del vehículo perdieron el control del automotor y colisionaron contra el separador de la calle 183 con carrera Séptima. Allí fueron capturados, y las autoridades les incautaron una pistola con proveedor y cinco cartuchos, elementos que forman parte del material probatorio del proceso judicial.

En la audiencia de medida de aseguramiento realizada por el Juzgado 70 Civil Municipal De Bogotá, el juez advirtió que la Fiscalía aportó elementos suficientes para inferir que los procesados actuaron en coordinación con un tercer individuo cuya identidad permanece sin establecer.

El despacho señaló que “con una tercera persona, que para este momento no se sabe nada de él, optaron por realizar un hurto y, en razón a este hurto, se desarrollaron una serie de actuaciones que derivaron en el fallecimiento del señor Juan Pablo Vargas Becerra”.

Al analizar el riesgo que representan los procesados, el juez fue explícito: “La conducta atribuida no solamente afectó el bien jurídico de la vida y el patrimonio económico, sino que, por su modalidad concreta de ejecución, revela un riesgo actual y jurídicamente relevante para la comunidad, pues al haber usado presuntamente armas de fuego y realizar amenazas previas y posteriores a la víctima”.

Con base en esa valoración, determinó que ambos representan un peligro para la sociedad y que existía riesgo de no comparecencia al proceso, dada la gravedad de los hechos y la falta de arraigo en Colombia.

Ninguno de los capturados aportó información verificable sobre su domicilio o lugar de residencia. En el caso de Armas Pérez, el funcionario judicial subrayó que al momento de la captura presentó una identidad y edad falsas —aseguró tener 15 años y otro nombre—, lo que generó demoras en las actuaciones judiciales. El juez también destacó que fue necesario reducirlo y esposarlo por su comportamiento agresivo durante el procedimiento.

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario quedó vigente mientras avanza el proceso penal en su contra. La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para establecer si hubo más personas involucradas en el crimen y para identificar al tercer sospechoso mencionado durante la audiencia.