La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, denunciada penalmente después de ordenar, como expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.
El caso fue revelado en exclusiva por El Tiempo, que conoció el auto de 46 páginas en el que el magistrado instructor Misael Rodríguez recoge testimonios, registros de reuniones, chats y elementos documentales sobre presuntas gestiones de Arizabaleta alrededor de los procesos que cursaban contra Petro en la Comisión.
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Según el expediente, la investigación no solo se centra en la decisión de suspender al mandatario. También revisa encuentros entre Arizabaleta, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, y el secretario de la Comisión, Jairo Corzo, en los que la exrepresentante habría usado indebidamente sus funciones.
El auto señala que Arizabaleta habría hecho solicitudes o exigencias al entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente Petro, en este último caso de manera indirecta por medio de su abogado. Esas actuaciones, según la Corte, tendrían relación con decisiones y procesos contra el jefe de Estado dentro de la Comisión de Acusaciones.
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Reuniones con el abogado de Petro
De acuerdo con la investigación, uno de los primeros encuentros habría ocurrido entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante con salones privados en Bogotá. Carranza declaró que Arizabaleta le pidió servir como “vehículo” para acercarla al Gobierno Nacional y hablar de una “gestión política” frente a los expedientes contra Petro.
El abogado también aseguró que la entonces representante le dijo que el objetivo era cerrar esos procesos antes de un eventual cambio de gobierno. Otro encuentro fue registrado el 27 de enero de 2026 en la residencia de Arizabaleta, ubicada en la vía Bogotá-La Calera. Allí, según los registros, primero llegó Corzo y luego ingresó Carranza.
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La Corte también reconstruyó una tercera reunión, realizada el 8 de junio de 2026 en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá, con videos de seguridad y registros de comunicaciones. Según Carranza, Arizabaleta habló de los votos necesarios para una eventual decisión en la Comisión y le habría dicho que “ustedes tienen que buscar los votos” y “negociar”.
Carranza declaró que durante esa conversación le respondió que la propuesta le parecía inconveniente e irregular. También sostuvo que Arizabaleta mostró inconformidad porque Petro no respondía sus mensajes y lanzó críticas contra Germán Ávila.
Presuntas presiones al Dapre y a Hacienda
El expediente también documenta una reunión que habría ocurrido en febrero de 2026 en la Casa de Nariño con la entonces directora del Dapre, Nhora Mondragón, Arizabaleta, Corzo y Carranza. Según la declaración de Mondragón, la excongresista le pidió nombrar a una mujer en un cargo directivo de Fiduprevisora y le habría enviado la hoja de vida por Signal.
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La Corte cruzó registros de ubicación de teléfonos celulares y encontró coincidencias en celdas identificadas como Casa de Nariño y Palacio de Nariño el 20 de febrero de 2026, por lo que concluyó que esa sería la fecha del encuentro.
El auto también menciona acercamientos de Arizabaleta con el entonces ministro Germán Ávila. Su asesora, María Mónica Martínez, declaró que recibió al menos cinco llamadas en las que la exrepresentante pedía reuniones privadas y en lugares “discretos”. Ávila afirmó ante la Corte que la congresista buscaba un “acuerdo corrupto” a cambio de votos favorables en la Comisión.
La publicación en exclusiva de El Tiempo señala que estas pruebas, junto con registros del 9 de junio, día en que Arizabaleta radicó el auto que ordenaba suspender a Petro, y el allanamiento a su vivienda en La Calera, llevaron a la Corte a abrir investigación por prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto.
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Por ahora, el proceso apenas entra en fase formal de investigación. La Corte deberá determinar si las reuniones, chats y presuntas solicitudes descritas en el expediente configuran delitos o si corresponden a actuaciones sin responsabilidad penal.
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