
El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció un plan de rescate para el sistema de salud que contempla movilizar hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de mandato. La propuesta fue presentada por Iván Sánchez, vocero del sector salud, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el paquete de medidas busca atender la crisis humanitaria, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre EPS, IPS, proveedores, pacientes, médicos y entidades públicas. El anuncio llega en medio de alertas por deudas acumuladas, tratamientos pendientes y fallas en la entrega de medicamentos.
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Sánchez aseguró que el nuevo Gobierno reconoce la gravedad de la situación y que los primeros reportes del empalme muestran cientos de miles de pacientes con atenciones represadas. Entre ellos habría personas con cáncer, enfermedades crónicas y pacientes trasplantados que enfrentan riesgo de interrupción en sus tratamientos.
El vocero aclaró que esas cifras deberán ser verificadas y auditadas, pero sostuvo que servirán como punto de partida para las primeras decisiones del Ejecutivo. La prioridad, según dijo, será impedir que la crisis financiera siga afectando la atención directa de los usuarios.

Recursos para nóminas, medicamentos y pacientes represados
El plan de salvamento plantea destinar hasta 4 billones de pesos para pagar nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas. Esta será una de las primeras líneas de intervención, debido a que muchas instituciones prestadoras han advertido dificultades para sostener su operación y cumplir compromisos laborales.
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Otros 3 billones de pesos se orientarían a garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos. Este punto será clave para pacientes que dependen de terapias permanentes, fórmulas de alto costo o insumos que no pueden interrumpirse sin afectar su estado de salud.
El paquete también incluye 2 billones de pesos para reducir la represa de pacientes con enfermedades de alto costo y 1 billón adicional para atender otras necesidades prioritarias del sistema.
Sánchez afirmó que los recursos no se girarán sin control. Según explicó, el plan tendrá criterios técnicos, auditorías, cronogramas públicos y mecanismos de seguimiento para garantizar la trazabilidad del dinero. La intención es que los pagos respondan a obligaciones verificadas y no profundicen el desorden financiero del sector.
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Mesa nacional depurará deudas del sistema
El vocero informó que el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con participación del Gobierno, EPS, IPS, Adres, Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas.
El objetivo será establecer una metodología para aclarar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026. La mesa deberá diferenciar las obligaciones debidamente certificadas de aquellas que están en litigio, tienen inconsistencias o carecen de soporte suficiente.
En materia de financiación corriente, Sánchez anunció que el Gobierno entrante garantizará el flujo oportuno de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y de los presupuestos máximos. También dijo que se separará el manejo de la deuda histórica de la operación diaria del sistema, para evitar que los atrasos sigan afectando los pagos ordinarios.
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Desde el 7 de agosto también comenzará una mesa técnica para definir la UPC de 2027. La metodología tendrá en cuenta variables como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad y los costos efectivos de prestación de servicios.
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