Gobierno radicó proyecto de ley de competencias para cambiar la distribución de recursos entre regiones

La distribución de los recursos públicos entre la Nación y las regiones tendrá nuevas reglas si avanza en el Congreso el proyecto de ley de competencias presentado por el Gobierno nacional. La iniciativa busca establecer cómo se repartirán las responsabilidades y los recursos entre departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas tras la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

El proyecto fue radicado como el desarrollo normativo de la reforma constitucional aprobada en 2024, la cual definió un aumento gradual de las transferencias que reciben las entidades territoriales. Ahora, el Gobierno plantea los mecanismos para aplicar ese cambio y determinar la forma en que serán administrados los nuevos recursos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es un periodo de transición de 12 años durante el cual el Sistema General de Participaciones pasaría de representar 29,5% a 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). El incremento se realizaría de manera progresiva y con aumentos distribuidos en partes iguales durante cada año de la transición.

El articulado propone una nueva organización del sistema mediante dos componentes. El primero corresponde al Sistema General de Participaciones Primario, que mantendrá la estructura tradicional de las transferencias. El segundo será el Sistema General de Participaciones Incremental, creado para administrar exclusivamente los recursos adicionales que lleguen a las regiones como resultado del aumento en la participación sobre los ingresos nacionales.

La propuesta también define la destinación de esos recursos adicionales. De acuerdo con el proyecto, el primer porcentaje asignado será de 1% para los resguardos indígenas y de 5% para el Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales. Después de esas asignaciones, el saldo restante tendrá como prioridad reducir las brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios. Para ese objetivo se destinará 80% de los recursos, mientras que el 20% restante tendrá una distribución enfocada en propósito general y desarrollo económico.

Dentro de ese último porcentaje, el propósito general concentrará 70% de los recursos y el desarrollo económico recibirá el 30% restante. Con esta estructura, el Gobierno plantea una distribución que combine el fortalecimiento territorial con objetivos de reducción de desigualdades. En el caso del Sistema General de Participaciones Primario, el proyecto conserva una distribución sectorial definida. La mayor parte de los recursos continuará dirigida a educación, con 58,5%, seguida por salud, con 24,5%; propósito general, con 11,6%; y agua potable y saneamiento básico, con 5,4%.

El articulado establece además que 4% adicional corresponderá a asignaciones especiales. Dentro de este grupo se incluyen recursos para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), los resguardos indígenas, el Programa de Alimentación Escolar y los municipios ubicados en las riberas del río Magdalena.

Otro de los cambios que plantea la iniciativa está relacionado con la distribución de responsabilidades entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. La Nación mantendría la rectoría, regulación y seguimiento de sectores como salud, educación y agua potable, mientras departamentos y municipios asumirían mayores funciones en la prestación de servicios, ejecución de programas y manejo de recursos.

El proyecto establece que esas nuevas competencias no podrán trasladarse de manera inmediata. Su implementación deberá hacerse de forma gradual y con la financiación necesaria para que las entidades territoriales puedan cumplir las funciones asignadas.

Con esta propuesta, el Gobierno busca reglamentar el nuevo esquema de descentralización derivado de la reforma al Sistema General de Participaciones y definir las condiciones para que las regiones administren una mayor cantidad de recursos. La iniciativa iniciará ahora su discusión en el Congreso de la República. El trámite será clave para definir el alcance final de los cambios planteados, luego de que una primera versión presentada en diciembre de 2025 no lograra avanzar en el proceso legislativo.