Gobierno Petro radicó en el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2027 por $575,6 billones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, una propuesta que asciende a $575,6 billones, monto equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con la información presentada por el Ejecutivo, la iniciativa busca garantizar la continuidad de los programas sociales, así como mantener la inversión pública y las transformaciones que, según el Gobierno, han contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. El proyecto de presupuesto fue presentado oficialmente ante el Congreso, donde iniciará el trámite legislativo correspondiente para su discusión y análisis.

Según lo expuesto por el Gobierno nacional, la propuesta mantiene como prioridad la protección del gasto social y contempla una asignación cercana a los $90 billones para inversión pública. Además, señala que el presupuesto conserva una senda de consolidación fiscal orientada a fortalecer la estabilidad económica del país. En esa línea, el Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto combina responsabilidad fiscal con compromiso social, está alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y proyecta el retorno pleno a la regla fiscal a partir de 2028.

De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, $367,6 billones se destinarán a los gastos de funcionamiento del Estado, lo que representa un incremento de 0,5% frente al presupuesto de 2026. A esto se suman $118 billones para el servicio de la deuda, un rubro que crecería 17,5% en comparación con el año anterior. Dentro de ese componente, el pago de intereses registrará un aumento de 27,6%, reflejando una mayor carga financiera sobre las cuentas públicas.

En materia de inversión, la propuesta contempla recursos por $89,9 billones, un crecimiento nominal de 0,5% frente a 2026. Sin embargo, aunque el monto aumenta en términos absolutos, su participación dentro de la economía disminuirá al representar una menor proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

Con esta iniciativa, el Ejecutivo plantea los recursos que financiarán el funcionamiento del Estado durante la vigencia de 2027, con énfasis en la continuidad de las políticas sociales y el desarrollo de proyectos de inversión. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto también garantiza los recursos necesarios para atender las prioridades sociales del país, mientras el Gobierno sostiene que la distribución de los recursos responde al objetivo de preservar los programas dirigidos a la población, impulsar la inversión pública y mantener un manejo responsable de las finanzas públicas, en el marco del proyecto que comenzará su discusión en el Congreso de la República.

Lo que sigue después de la radicación

La radicación del Presupuesto General de la Nación (PGN) marca el inicio de uno de los debates más importantes del año en el Congreso de la República. A partir de ese momento, el proyecto entra en un proceso de revisión y discusión que definirá cómo se distribuirán los recursos públicos del país durante el siguiente año fiscal.

El primer paso consiste en el análisis por parte de las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Antes del 15 de septiembre, estas comisiones deberán definir el monto definitivo del presupuesto de gastos. Posteriormente, y antes del 25 de septiembre, decidirán si aprueban el proyecto para que continúe su trámite legislativo. Si recibe el visto bueno, la discusión pasará a las plenarias de ambas corporaciones, que iniciarán el debate el 1 de octubre, donde podrán proponerse modificaciones, ajustes y reasignaciones de recursos.

El proceso también tiene plazos estrictos. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, si el Congreso no aprueba el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre, entrará en vigencia automáticamente el proyecto presentado por el Gobierno, garantizando así la continuidad del funcionamiento del Estado.

En esta oportunidad, la discusión tendrá un componente político y económico adicional. Aunque el presupuesto será radicado por el gobierno saliente, su estudio y aprobación quedarán en manos de la administración entrante. Mientras el proyecto inicial contempla un presupuesto cercano a $600 billones, el nuevo gobierno manifestó su intención de impulsar un ajuste del gasto y aplicar una política de austeridad.