El ministro Antonio Sanguino insistió en sus acusaciones contra Lina María Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo: “Por promover la captura del presidente Petro por un gobierno extranjero”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entregó el miércoles 29 de julio de 2026 nuevas pruebas a la Corte Suprema de Justicia dentro de la denuncia penal contra los excongresistas Lina María Garrido y Miguel Polo Polo y el actual senador Jota Pe Hernández, en un expediente con el que la Sala de Instrucción debe decidir si abre una investigación formal por pedidos públicos de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia que incluyera la captura del presidente Gustavo Petro.

El nuevo material incluye una recopilación de publicaciones posteriores a los hechos: trinos, videos y comentarios en plataformas digitales. Con ese acervo, la Corte definirá si avanza contra el hoy senador electo Jota Pe Hernández y los exrepresentantes Garrido y Polo Polo.

La diligencia se produjo después de que el alto tribunal le pidiera al ministro ampliar la denuncia y robustecer la acción penal. Sanguino volvió así a la Sala de Instrucción para responder una nueva citación relacionada con el caso.

La denuncia sostiene que los tres congresistas solicitaron al Gobierno de Estados Unidos una operación militar en Colombia similar a la ejecutada en Venezuela por la administración de Donald Trump, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Esa petición, de acuerdo con el denunciante, también contemplaba la captura de Gustavo Petro.

Uno de los mensajes más controvertidos fue dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien le pidieron ejecutar en Colombia una operación militar como la de Venezuela. En esa solicitud, el Gobierno de Petro fue equiparado con el de Maduro.

Sanguino afirmó que esas conductas encajan en los delitos de traición a la patria e incitación a la guerra en territorio colombiano. El diario también recogió la explicación del ministro sobre el alcance político e institucional de esos mensajes.

“Es un ataque contra el presidente, contra la unidad nacional y contra la integridad del territorio de Colombia. Un territorio no es un espacio geográfico vacío: el territorio colombiano es su ciudadanía y su ordenamiento constitucional, el cual debe ser respetado, sobre todo por personas que ostentan la condición de congresistas de la República”, dijo.

Los hechos que dieron origen a la denuncia se remontan al 3 y 4 de enero de 2026, cuando una incursión militar directa en Venezuela terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas. Después de esa operación, los tres congresistas pidieron públicamente una acción semejante en territorio colombiano.

El 5 de enero el ministro anunció en su cuenta de X que presentaría una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra Jhonatan Ferney Pulido Hernández, Lina María Garrido y otros señalados de promover conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia. Esa misma noche publicó el documento completo de la acción judicial.

La denuncia se apoya en dos artículos del Código Penal y ya provocó contradenuncias

El escrito invoca dos tipos penales. El artículo 455 castiga el menoscabo de la integridad nacional, es decir, actos que comprometan la soberanía, la independencia o la integridad territorial del Estado.

El artículo 458 tipifica la participación en hostilidades contra la patria. Esa figura abarca conductas orientadas a promover o facilitar acciones hostiles contra el país, incluso fuera de un escenario armado.

“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, afirmó Sanguino el 5 de enero. En Señal Informativa de Radio Nacional de Colombia añadió: “Yo, como ciudadano, estoy pensando en interponer acciones legales contra algunas personas que están pensando en someter a Colombia. Eso es prácticamente una traición a la patria”.

La reacción de los denunciados también quedó plasmada en el expediente público del caso. Lina María Garrido denunció a Sanguino ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia y escribió: “La pelea es pelando, Antonio Sanguino. Tome su denuncia penal por injuria y calumnia, por bocón. Los verdaderos TRAIDORES A LA PATRIA son ustedes: Gustavo Petro y su gobierno lleno de parásitos”.

La exrepresentante agregó: “Salen a amenazarme con denunciarme por ‘traición a la patria’ solo por decir, de frente y sin miedo, que el presidente de Estados Unidos es bienvenido a Colombia y que lo esperamos con los brazos abiertos”. Miguel Polo Polo respondió en su cuenta de X: “Vea… una más, una menos”.

Jota Pe Hernández también acudió a la Fiscalía por injuria y calumnia y en abril citó al ministro a una diligencia ante un fiscal local, a la que Sanguino no asistió. La respuesta del jefe de la cartera fue: “No podré comparecer ante un fiscal que no es competente”, y añadió: “Nos veremos en la Fiscalía Delegada ante la Corte para reafirmarle que lo he denunciado por traición a la patria”.

Hernández, cuyo nombre de pila es Jhonatan Ferney Pulido Hernández, se posesionó el 20 de julio de 2026 como senador de la Alianza Verde para el periodo 2026-2030. Garrido, representante a la Cámara por Arauca de Cambio Radical, buscó el Senado el 8 de marzo de 2026, obtuvo 30.502 votos y quedó en el puesto 15 de la coalición de Cambio Radical con Alma, sin alcanzar curul.

Polo Polo llegó a la Cámara en 2022 por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes con el aval del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo y cerca de 40.000 votos. En 2026 se presentó con Gran Vía de los Remedios y quedó cuarto, por fuera de las dos curules afro.

La denuncia de Sanguino no fue la única por estos hechos. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, radicó otra ante la Sala Especial de Instrucción contra Garrido, Jota Pe Hernández y la senadora María Fernanda Cabal por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional.