Veeduría le puso la lupa a la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente (e) de Ecopetrol: estos son los motivos

Al igual que la Red de Veedurías de Colombia, que ha hecho una serie de advertencias sobre la situación que estaría ocurriendo al interior de la estatal petrolera Ecopetrol, otra organización de inspección ciudadana, la Veeduría por la Verdad y la Justicia, pidió en la jornada del martes 28 de julio de 2026 que se reviese la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado, al advertir posibles conflictos de intereses.

La solicitud de investigar el nombramiento del titular de la compañía quedó en manos de los organismos de control, luego de que la veeduría precisó en sus canales de comunicación oficiales sobre la manera en que Hurtado, según su denuncia, estaría impedido para administrar una empresa; en especial cuando la ejecución presupuestal durante su período de encargo asciende a cerca de 80 billones de pesos.

En efecto, los representantes legales de esta organización pidieron a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República que verifiquen e investiguen el proceso de designación de Hurtado. Del mismo modo, también solicitó a la junta directiva de Ecopetrol que explique los criterios de esa decisión y que informe quién presentó o respaldó su hoja de vida.

Así pues, la Veeduría por la Verdad y la Justicia también sostuvo que recibió información y denuncias de distintas fuentes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del nombramiento. Y añadió que, si las autoridades corroboran esos datos, podrían verse comprometidas la transparencia, la independencia administrativa y la protección del patrimonio público; denuncias que aún no tienen respuesta.

En su pronunciamiento, la entidad añadió que la hoja de vida de Hurtado “habría sido presuntamente impulsada por personas relacionadas públicamente con el denominado cartel de los catalanes”, por lo que pidió que las autoridades revisen “si existen conflictos de interés o cualquier circunstancia que pueda comprometer la transparencia en la administración de la compañía, que ahora volvió a manos de Ricardo Roa.

¿Qué pide la veeduría que se investigue al interior de Ecopetrol?

En ese orden de ideas, la organización reclamó que las autoridades establezcan, mediante las actuaciones correspondientes, si existen eventuales conflictos de interés, vínculos o cualquier otra circunstancia que afecte la independencia de la administración de Ecopetrol o el manejo adecuado de los recursos públicos por parte de Hurtado: que desde el 7 de abril hasta el 27 de julio estuvo al frente, y volverá desde el 31 de julio.

La veeduría precisó que solo las autoridades competentes pueden verificar la veracidad de esa información, sobre una presunta recomendación de personajes como Manuel Grau, uno de los mencionados en estas denuncias. Y añadió que también les corresponde establecer si esos presuntos vínculos existen y si tienen relevancia jurídica o disciplinaria para Hurtado, que aún no ha emitido un pronunciamiento público.

En su misiva, el colectivo ciudadano se refirió a denuncias sobre la presunta influencia de ciudadanos españoles en nombramientos clave y contratos multimillonarios de la petrolera estatal. Con ello, se sumó al apartado de la Red de Veedurías de Colombia, que también pidió a los entes de control investigar esos vínculos y la contratación reciente en la recta final del Gobierno, que ha encendido las alarmas de la opinión pública.

En el cierre del comunicado, la organización pidió al Ejecutivo entrante, a cargo del presidente Abelardo de la Espriella, que las decisiones sobre la dirección de Ecopetrol respondan a criterios de mérito, transparencia, independencia y protección del patrimonio público. A la vez, reclamó respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de las personas involucradas.

Así pues, se elevó una petición formal para revisar la legalidad y la transparencia de procesos contractuales recientes en la estatal; y, en consecuencia, un llamado para crear un equipo independiente durante el empalme presidencial con el fin de proteger el patrimonio público de la compañía. Con este panorama, serán las autoridades las que deben esclarecer estos hechos y despejar dudas que puedan afectar la confianza.