Gobierno impulsa nuevo Código de Minas con más exigencias ambientales para las empresas

Las nuevas reglas que el Gobierno propone para la actividad minera ponen el foco en una vigilancia ambiental más estricta, mayores obligaciones para las empresas y la posibilidad de cancelar títulos cuando se comprueben afectaciones a las fuentes hídricas. Con ese argumento, el Ejecutivo defendió el proyecto de ley que busca reemplazar el actual Código de Minas.

La iniciativa, según explicó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, plantea una reforma de fondo a una legislación que, de acuerdo con el Gobierno, ya no responde a las necesidades ambientales, sociales y económicas del país. El propósito, afirmó, es actualizar las normas que regulan el sector durante más de 25 años.

Durante una entrevista con Blu Radio, la funcionaria rechazó las versiones que señalan que el proyecto fue elaborado en la recta final del actual Gobierno. Aseguró que el proceso comenzó en 2024 y que incluyó consulta previa, además de espacios de participación con comunidades, gremios, la academia y entidades públicas. Entre los cambios que contempla la propuesta figura la creación de una licencia ambiental integral que permita hacer seguimiento a todas las fases de un proyecto minero. Ese control abarcaría desde la etapa de exploración hasta el cierre y el poscierre de las operaciones.

Otro de los puntos centrales consiste en establecer la caducidad de los títulos mineros cuando las autoridades comprueben daños sobre fuentes hídricas. Además, el proyecto amplía las restricciones para excluir determinadas zonas por razones ambientales, sociales o culturales. La iniciativa también exige que cada proyecto presente, desde su inicio, planes de cierre progresivo y definitivo, respaldados financieramente. Con ello, el Gobierno busca que las empresas asuman de manera anticipada las responsabilidades relacionadas con el fin de las actividades extractivas.

A esas medidas se suma un régimen especial orientado a facilitar la formalización de pequeños mineros. Según Aroca, el objetivo es ofrecer herramientas para que este segmento pueda desarrollar su actividad dentro de la legalidad y con mayores condiciones de acompañamiento institucional.

La viceministra afirmó que las disposiciones incluidas en el proyecto apuntan a corregir pasivos ambientales, sociales y laborales que, según sostuvo, la actividad minera deja durante décadas. En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer las exigencias para quienes desarrollan proyectos de explotación. La funcionaria también respondió a las críticas relacionadas con el crecimiento de la minería ilegal en distintas regiones del país. Aseguró que la reforma busca precisamente entregar más herramientas al Estado para ejercer controles y reforzar la vigilancia sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.

“El Ejecutivo de este gobierno dio un paso clave para el futuro económico y ambiental del país”, afirmó. De acuerdo con Aroca, la propuesta modifica de manera estructural la legislación vigente y fortalece la capacidad de las autoridades para planificar, administrar y supervisar la actividad minera.

La viceministra agregó que el proyecto incorpora mecanismos dirigidos a impulsar la formalización de miles de pequeños mineros y a promover alternativas productivas en los territorios. Con esas medidas, el Gobierno espera avanzar hacia una actividad con mayor seguimiento institucional y mejores condiciones para quienes desarrollan su trabajo de manera legal.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el posible efecto de las nuevas exigencias sobre la inversión extranjera en el sector minero. Frente a ese cuestionamiento, Aroca sostuvo que el Gobierno mantiene una relación positiva con las empresas y que los inversionistas entienden la necesidad de reforzar los controles ambientales.

Según explicó la funcionaria, la propuesta pretende dejar atrás un modelo enfocado únicamente en la extracción de minerales para avanzar hacia otro que genere mayor valor en las regiones y fortalezca la relación entre la actividad minera y su entorno social y ambiental. Con ese planteamiento, el Gobierno insiste en que la reforma busca modernizar el sector sin renunciar a la protección de los recursos naturales y a una mayor vigilancia sobre las operaciones mineras.