Daniel Briceño instó al Senado a no “prestarse” para posesionar a Wadith Manzur: “La gente que está en la cárcel se debe quedar en la cárcel”

Pese a estar siendo investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos, Wadith Manzur fue elegido como senador en los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026. De acuerdo con datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obtuvo 134.914 votos en las elecciones.

Con base en esa votación, el congresista electo solicitó ser posesionado en el cargo de manera virtual. Manzur no pudo oficializar su elección como senador el 20 de julio de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la instalación del Congreso de la República, porque permanece privado de la libertad, cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, la petición del senador electo se está verificando, para determinar si es posible o no que se posesione. “El secretario general está estudiando el tema, no es fácil, él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución política y a la ley”, precisó ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la solicitud generó inquietud e indignación entre algunos legisladores. Una de las personas que se pronunció al respecto es el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático. Ante la prensa, aseguró que dar luz verde a la petición de Wadith Manzur constituiría un acto de ayuda que no debería ser contemplado.

A su juicio, el Congreso no debe permitir que ningún legislador electo se posesione mientras esté privado de la libertad y tampoco puede avalar que se gestione su salida temporal de la cárcel para tales efectos.

“Que ninguna mesa directiva, y espero que ni la de Cámara, porque también tenemos un caso en Cámara de Representantes, ni la de Senado, se preste para posesionar congresistas desde la cárcel, y mucho menos se presten para ayudar o auxiliar a congresistas para que salgan en permiso especial y venirse a posesionar acá”, señaló Briceño.

Para el exconcejal de Bogotá, el Congreso estaría errando al posesionar congresistas electos desde la cárcel. Desde su perspectiva, estaría enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía, por lo que instó al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, a rechazar cualquier solicitud de ese tipo que se presente.

“Yo creo que la gente que está en la cárcel se debe quedar en la cárcel. Una vez que un juez les levante la medida de aseguramiento, ellos legalmente tendrán que hacer todo el proceso de venirse a posesionar, si aún pueden, porque hay unos temas legales de por medio”, explicó.

Al igual que Briceño, el exsenador Ernesto Macías criticó la petición que hizo Wadith Manzur y recordó que, en su momento, la exrepresentante Aída Merlano Rebolledo hizo esa misma solicitud y el Congreso respondió de manera negativa.

“Para tenerlo presente: en 2018, Aída Merlano, por intermedio de sus abogados, solicitó posesionarse en la cárcel El Buen Pastor. Aún no había sido condenada. Nuestra respuesta fue negativa. Según la ley: la posesión de los congresistas debe realizarse en el Capitolio Nacional”, aclaró.

La investigación contra Manzur

Manzur es investigado por el delito de cohecho impropio por presuntamente haber aceptado ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno nacional a cambio de hacer gestiones irregulares en la comisión que integraba. La Corte Suprema de Justicia acusó a Manzur formalmente por ese delito, al igual que a los entonces congresistas Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al exlegislador Juan Diego Muñoz Cabrera.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, indicó la Corte en un comunicado.