Defensoría del Pueblo exigió medidas inmediatas por feminicidios en Colombia tras el caso de María Camila Potosí

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento que pide la puesta en marcha “urgente” de medidas contra el feminicidio, tras los crímenes cometidos contra María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca; María Alejandra Castaño en Líbano, Tolima; Herianny Montilla —adolescente de 16 años— en Barranquilla, Atlántico; y Yasleidis Martínez en Valledupar, Cesar.

Particularmente, en el contexto del feminicidio de Potosí, la joven de 21 años en estado de gestación avanzado, cuyo cuerpo fue hallado en una vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali, sin su bebé en el vientre.

A través de un comunicado, la institución reiteró que falta trabajo en la activación temprana de los mecanismos de búsqueda y en la divulgación de interpretaciones que reduzcan estos hechos a situaciones aisladas o de conflictos de pareja.

De hecho, pidió a instituciones como la Fiscalía General de la Nación que aceleren las investigaciones, porque resulta “indispensable” establecer —por la gravedad “y las características de varios de los casos”— si existen “conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia”, y que no se puede únicamente reconstruir el momento de la muerte en la divulgación de los hechos.

Es decir, exigieron que se indague con más precisión en “los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y factores de riesgo”.

El organismo recordó que el feminicidio representa “la forma más extrema de violencia basada en género” y suele estar antecedido por patrones de control, amenazas y otras agresiones que restringen la autonomía de las mujeres.

Los casos que más alertaron a la Defensoría del Pueblo

El caso de María Camila Potosí fue señalado como “especialmente grave” por la Defensoría. Incluso, pidió establecer vigilancia en las acciones de búsqueda, para determinar si han sido ”oportunas y suficientes", tras su desaparición y posterior asesinato. Incluso, exigió la búsqueda y hallazgo del nasciturus —bebé no nacido—.

“Frente a la información conocida públicamente según la cual la bebé que esperaba no habría sido encontrada en su cuerpo, las autoridades deben adelantar todas las acciones necesarias para establecer su paradero de inmediato, garantizar su protección y el esclarecimiento integral de los hechos, sin descartar ninguna hipótesis investigativa y preservando los derechos de su familia”, indicó la Defensoría.

Otro caso fue el asesinato de Herianny Montilla, sobre el cual la Defensoría enfatizó la necesidad de una investigación que reconstruya tanto el momento de la muerte como el contexto.

En el comunicado también se extendió un mensaje especial de solidaridad con las familias de María Camila, María Alejandra, Herianny y Yasleidis, y se reiteró que prevenir la violencia de género requiere actuar ante las primeras señales de riesgo.

Los llamados a las autoridades y a los medios

Desde la entidad se formuló un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones penales contra los autores de estos crímenes.

“Que avancen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos”, pidieron al órgano de control.

De la misma manera, en la Fiscalía deberán, según la solicitud, “fortalecer las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres”.

A las autoridades nacionales y territoriales les exigió que hagan una minuciosa revisión de “los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas”, para que brinden respuestas oportunas, “coordinadas y libres de estereotipos de género”.

El último llamado fue a los medios de comunicación, para que informen sobre estos hechos de manera clara e imparcial, “sin culpabilizar a las víctimas, sin justificar a los agresores, sin reproducir explicaciones que naturalicen la violencia”.

Incluso, pidieron evitar el suministro de información que pueda “convertir la sevicia en espectáculo”.