Gustavo Petro le cierra la puerta al “fracking”: insiste en que es “un inmenso error” y que aplicarlo aumenta la pobreza y destruye el empleo

Durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2026-2027, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “un inmenso error económico nacional” cualquier intento de implementar el fracking en el país. El mandatario advirtió que, de aprobarse el proyecto de ley que busca prohibir esta técnica, se evitaría “aumentar la pobreza y destruir el empleo”, por lo que resaltó que la promoción de la técnica representa un riesgo para la economía nacional.

En su discurso ante el Congreso de la República, Petro aseguró que el éxito económico reciente se atribuye a la transición de la economía desde la extracción de hidrocarburos hacia sectores como la agricultura, la industria y el turismo. “Ir al fracking es un inmenso error económico nacional”, sostuvo el presidente, quien reiteró que regresar a modelos basados en la explotación intensiva de hidrocarburos solo agravaría los problemas sociales y económicos del país.

Con esto, se reabrió en Colombia la discusión sobre si el país debe prohibir de forma expresa el fracking en Colombia o mantenerlo como opción ante la seguridad energética, las reservas de gas natural y las finanzas de Ecopetrol. El debate enfrenta la postura oficial de cerrar esa puerta por sus riesgos con posiciones técnicas y políticas que advierten posibles efectos sobre regalías, producción e importaciones de gas.

Y es que, como se recordará, el fracking es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Consiste en perforar pozos verticales y horizontales a gran profundidad, inyectando millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a alta presión para romper la roca y liberar los hidrocarburos

Con anterioridad, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó la decisión como una definición política dentro de la transición energética. “He acordado con la ministra de Ambiente que el 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas”.

Palma también contrapuso la apuesta del Gobierno con intentos previos de impulsar esa técnica. “Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron", dijo el funcionario saliente. Insistió en que “nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”.

Riesgos ambientales y límites de sostenibilidad del fracking

Por supuesto, la aplicación de fracking divide opiniones. Así lo dejaron entrever expertos consultados por Infobae Colombia. Para el profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana Néstor Sánchez, el punto de partida del debate es técnico. “El fracking es una técnica que se emplea para la producción de hidrocarburos de forma no convencional”, dijo.

Sánchez explicó que el método consiste en inyectar un fluido que permite fracturar la roca para extraer el gas retenido. A partir de esa definición, situó los principales impactos en agua, aire, suelo, salud humana y biodiversidad. Sobre el uso del agua, el académico puso el foco en un rango de consumo que, a su juicio, vuelve más delicada la discusión en el caso colombiano.

“Varios estudios han estimado que el consumo de agua puede oscilar entre 264.000 y 2.600.000 de galones de agua”, afirmó.

El profesor agregó una equivalencia para dimensionar esa demanda. Ese volumen, dijo, puede corresponder al agua necesaria para abastecer a 80 ciudades de 50.000 habitantes. Sánchez sostuvo que, antes de destinar agua a esa actividad, el país debe asegurar el suministro a la población. También advirtió sobre el peso climático del gas fugado durante la operación.

“El metano (molecula principal del gas natural) tiene un impacto ambiental 28 veces mayor que el del dióxido de carbono”, señaló. A su juicio, las emisiones de metano asociadas al uso del fracking no se pueden controlar y por eso pueden elevar de forma considerable los gases de efecto invernadero.

Añadió que, además del metano, pueden liberarse compuestos orgánicos volátiles vinculados con enfermedades respiratorias y cáncer. “Un estudio realizado en Utah, determinó que las fugas de metano asciende a 60 toneladas por hora”, afirmó.

Su balance comparó además el gas obtenido con esta técnica frente a otras fuentes. Según expuso, el gas natural extraído por fracturamiento hidráulico tiene un mayor impacto en acidificación, ecotoxicidad terrestre, salud humana, eutrofización y huella de carbono que el gas natural convencional y que energías renovables como la solar y la eólica.

Sánchez introdujo un matiz al reconocer que en los últimos años se han explorado vías para reducir daños. Entre ellas mencionó el uso de fluidos distintos al agua como una alternativa para disminuir parte del impacto ambiental de la extracción. Aun con ese margen, su conclusión sobre sostenibilidad fue negativa. “En conclusión, el fracturamiento hidraúlico genera un impacto ambiental significativo y es insostenible”, apuntó.

De igual manera, el académico explicó que, desde una visión amplia de sostenibilidad, no basta con mitigar daños ambientales. Según dijo, cualquier evaluación debe incluir estabilidad económica de largo plazo, protección de la biodiversidad y desarrollo social de las regiones.

Así las cosas, sostuvo que hacer sostenible el fracking es muy difícil porque siempre habrá una esfera de sostenibilidad afectada por la práctica. Añadió que harían falta más estudios para establecer si esa viabilidad puede demostrarse, aunque dijo que la mayoría de trabajos apuntan a una insostenibilidad ambiental por la dificultad de controlar emisiones fugitivas y posibles afectaciones a fuentes subterráneas de agua.

Pese a ese diagnóstico, Sánchez no respaldó una prohibición legal inmediata. “No veo conveniente una ley antifracking”, apuntó. Dicho argumento se apoyó en la seguridad energética y en la necesidad de diversificar la canasta. “Colombia atraviesa una situación compleja en materia de seguridad energética y la diversificación de la canasta es uno de los factores claves para garantizar la seguridad energética”. agregó.

Sánchez amplió la idea al recordar que la seguridad energética no se limita al acceso a la electricidad. También abarca combustibles para movilidad y para desarrollo industrial, con el gas natural como una de las fuentes más utilizadas. Mencionó opciones como la producción de gas natural sintético y de biometano mediante digestión. Pero sostuvo que el país debe usar la tecnología con mayor grado de desarrollo mientras avanza hacia alternativas más limpias.

“En este caso, en esta transición el fracking puede ser una opción a corto plazo mientras se despliegan otras tecnologías más factibles a nivel ambiental y social”, afirmó. Sobre las finanzas públicas, advirtió además que la industria del fracking es muy volátil por las tensiones geopolíticas actuales y que el país no debería depender de una sola tecnología.

Reservas, regalías y seguridad energética

La dimensión económica del debate fue planteada por el también profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana David Celeita Rodríguez. “Es importante aclarar que el fracking sí actualmente está aportando a las finanzas de Ecopetrol y, y en efecto a la nación, aunque este no se realice aquí en Colombia”, dijo.

Celeita vinculó ese aporte a la participación de Ecopetrol con Occidental Petroleum en la cuenca de Permian, en Estados Unidos. Allí, indicó, sí se realiza fracking y esa producción ya pesa en los resultados de la petrolera colombiana.

“En el 2025, la participación de, de la producción de esa cuenca para Ecopetrol representó cerca del catorce por ciento”, afirmó. Añadió que ese porcentaje ha sido alto dentro de la producción de la empresa y que creció frente a 2024.

Asimismo, el académico sostuvo que ese desempeño ayudó a sostener los números de producción de la compañía en los últimos años. También precisó cómo se traslada ese efecto a las cuentas públicas. “Esa rentabilidad beneficia directamente al país mediante dividendos que recibe la nación y, y, y algunos impuestos pagados por la compañía”, señaló. Pero hizo una distinción sobre el alcance territorial de esos beneficios.

“Esa producción que se hace en Estados Unidos no genera regalías para los territorios colombianos”, dijo. Según su explicación, ese sería uno de los cambios centrales si una explotación mediante fracking llegara a realizarse dentro del territorio nacional.

Celeita recordó que en Colombia no existe actividad comercial de ese tipo. “No existe producción comercial mediante fracking en la nación”, puntualizó. Atribuyó esa ausencia a la suspensión de los proyectos piloto de investigación integral que buscaban evaluar factibilidades. A partir de ese punto, planteó que una eventual explotación interna podría alterar tanto las reservas como el flujo de recursos hacia las regiones.

“Si uno quisiera evaluar en el futuro conjuntamente, lo que podría pasar es que los beneficios por reservas y producción de Ecopetrol, en caso de que se empiece a explotar con fracking en la nación, pues claro, aportarían bastante a los números y aportarían a las regalías en los territorios”, afirmó.

David Celeita Rodríguez también dijo que ese análisis exigiría revisar seguridad energética, ingresos fiscales, riesgos ambientales, riesgos sociales y emisiones, además de una articulación con las comunidades. “Sí se podría hacer de una manera responsable y segura evaluando las múltiples dimensiones, eh, en la nación, pues tendríamos posibilidad de aumentar nuestras reservas”, agregó.

Apuesta técnica y económica

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta vinculó la discusión con el abastecimiento de gas y con la caída de reservas de hidrocarburos. Según su postura, la interrupción de los pilotos impidió revertir esa tendencia y llevó a importar gas para cubrir la demanda interna desde diciembre de 2024.

“El Gobierno Petro y el Pacto Histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial”, afirmó. De acuerdo con él, la decisión de cerrar la puerta al fracking tuvo un efecto directo sobre la seguridad energética.

Acosta sostuvo que las críticas habituales suelen apuntar a una versión inicial de la técnica y no a sus desarrollos más recientes. Según expuso, el debate ya no debería centrarse en el llamado fracking 1.0, sino en métodos que él identifica como fracking 6.0.

Dicha evolución, dijo, incorpora inteligencia artificial (IA) y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación y reducir impactos. “Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos”, anotó.

Y en el plano de los recursos disponibles, Acosta citó estimaciones sobre el Valle del Magdalena Medio. Allí ubicó un potencial de 4.600 millones de barriles de petróleo y 18 terapiés cúbicos (TPC) de gas natural.

Para defender el escenario, acudió a una valoración del reconocido experto senior en Infraestructura y Energía Juan Benavides. Detalló que “el aumento de oferta por fracking aumentará los recursos fiscales del país, eliminará la amenaza de desabastecimiento, reducirá el costo del gas para los hogares y la industria y puede convertirse en una oportunidad de desarrollo de las regiones productoras”.

Acosta también introdujo una discusión sobre el principio de precaución mediante referencias al exministro de Ambiente Manuel Rodríguez. “Cuando existan indicios de daño ambiental, así no se cuente con total certeza científica, es imperativo tomar todas las medidas que sean del caso para evitarlo”, citó. Acto seguido, destacó otra precisión del mismo exministro. “No se puede ni se debe, caprichosamente, apelar al Principio de Precaución para impedir el desarrollo o la utilización de nuevas tecnologías”, remarcó.

El exministro recordó además que durante su gestión se expidieron regulaciones con exigencias técnicas y ambientales. Entre ellas mencionó el monitoreo sísmico a cargo del Servicio Geológico Colombiano, la reutilización del agua y el levantamiento de información base antes de iniciar actividades.

La transparencia frente a las comunidades apareció como otra condición. “Con respecto al fracking, el tema también es de transparencia… la información debe ser de libre acceso para las comunidades y no como la caja negra de los aviones”, citó Acosta al reproducir otra postura del exministro Rodríguez.