
La Corte Suprema de Justicia descartó imponer medida de aseguramiento contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta al considerar que, por ahora, no existen razones para restringir su libertad. El proceso penal continúa y la decisión final podría quedar en manos de nuevos magistrados.
La Sala de Instrucción de la Corte resolvió que la congresista continuará afrontando en libertad la investigación que se adelanta en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión, que será notificada oficialmente durante esta semana, determina que no existen elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, aunque el proceso penal seguirá avanzando.
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La congresista del Pacto Histórico es investigada por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en un expediente que busca establecer si habría actuado como intermediaria política para favorecer la adjudicación de contratos financiados con recursos de la Ungrd.

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, durante las últimas semanas la Sala de Instrucción analizó la situación jurídica de Peralta luego de que compareciera a diligencia de indagatoria. Para garantizar su presencia ante el alto tribunal, la senadora fue conducida con apoyo de la Policía y permaneció retenida mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales.
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Tras varias jornadas de diligencias, Peralta recuperó la libertad el pasado 23 de junio, luego de que la Corte concluyera que no era procedente imponer una medida de aseguramiento en su contra. Durante ese periodo, además, el alto tribunal negó una acción de habeas corpus presentada por su defensa.
Aunque la Corte descartó ordenar su detención preventiva, la investigación sigue su curso. Según el expediente, la magistrada instructora Cristina Lombana considera que existen indicios de una presunta intermediación política en la ejecución de recursos públicos de la Ungrd, hipótesis que continuará siendo analizada durante el proceso.
Como parte de las condiciones impuestas, la congresista firmó un acta de compromiso mediante la cual se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema, informar cualquier cambio de residencia y solicitar autorización en caso de necesitar salir del país mientras avanza la investigación.
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Uno de los factores que podría influir en el desenlace del caso es el calendario judicial. El periodo de la magistrada Cristina Lombana finalizará el próximo 8 de octubre de 2026, por lo que, si la investigación no concluye antes de esa fecha, la decisión de fondo podría quedar en manos de otros magistrados de la Sala de Instrucción.
Ese escenario implicaría que quienes asuman el expediente deberán evaluar las pruebas ya practicadas, revisar el nuevo material probatorio que se recaude y determinar si existen méritos para adoptar una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de la congresista.
La decisión de mantener a Peralta en libertad también generó reacciones entre abogados de otros implicados en el caso de corrupción de la Ungrd.
Según citó El Tiempo, el defensor de uno de los procesados cuestionó el criterio aplicado por la Corte al afirmar que “por menos, están presos Iván Name y Andrés Calle”, en referencia a las medidas de aseguramiento impuestas contra los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes dentro de la misma investigación.
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En medio del proceso judicial también se produjo un cambio en la defensa de la congresista. Entre finales de junio y comienzos de julio, después de rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Henry Montes dejó de representarla.

Según informó Caracol Radio, la decisión fue tomada por el despacho de la propia senadora y no obedeció a una renuncia del jurista. De acuerdo con el equipo de Peralta, la sustitución respondió a un ajuste en la estrategia de defensa, por lo que en los días siguientes se designó un nuevo representante para continuar con el proceso judicial.
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La investigación hace parte del entramado judicial que busca establecer la presunta existencia de una red de corrupción alrededor de la contratación en la Ungrd. En ese expediente también aparecen vinculados exfuncionarios y congresistas señalados de participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos para obtener apoyos políticos.
Por ahora, Martha Peralta continuará en libertad mientras la Corte Suprema recauda nuevas pruebas y define el futuro del proceso.
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