Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará proyecto de ley para frenar los cobros excesivos en el avalúo catastral

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez anunció que la bancada del Centro Democrático presentará un proyecto de ley en el Congreso de la República para poner un tope al avalúo catastral en Colombia y limitar el impacto del impuesto predial sobre los propietarios.

De acuerdo con los lineamientos expuestos por el líder del colectivo político, la iniciativa fija que el avalúo de un predio no podrá superar el 50% de su valor comercial, con el argumento de frenar cobros que la bancada califica como abusivos.

La propuesta también introduce un cambio inmediato sobre las actualizaciones ya realizadas. El comunicado oficial señala que esas revisiones catastrales deberán ajustarse a los nuevos límites en un plazo máximo de dos meses, y los impuestos liquidados para la vigencia 2026 tendrían que ser reliquidados con base en esas reglas.

El también exgobernador de Antioquia sostuvo que el proyecto busca “aliviar el bolsillo y frenar el abuso a los colombianos”. En esa línea de ideas, planteó un sistema con reglas diferenciadas según la fecha de actualización del predio, el uso del suelo y, en el caso rural, la productividad ajustada a la realidad del campo.

El texto presentado por Uribe Vélez y avaldado por el Centro Democrático apunta a una tensión concreta: mantener actualizada la información catastral sin trasladar aumentos que, según sus autores, terminan en cobros excesivos. La consecuencia práctica que propone es doble: fijar límites al avalúo y poner techos al crecimiento anual del predial.

El impuesto predial tendría un tope de 15% o quedaría atado al IPC

Uno de los ejes del proyecto es la creación de topes al incremento del impuesto predial. Para los predios actualizados en los últimos 12 meses, el impuesto solo podría subir hasta 15% frente al valor pagado el año anterior.

Para los inmuebles cuya actualización catastral ocurrió antes de ese plazo, el aumento máximo sería el equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La propuesta diferencia así entre actualizaciones recientes y antiguas para evitar que ambos casos reciban el mismo tratamiento tributario.

En paralelo, el articulado establece que los mismos límites al crecimiento del predial se aplicarían a la sobretasa ambiental. Ese punto extiende el alcance del alivio más allá del impuesto base.

Las actualizaciones vigentes deberían corregirse en dos meses

El proyecto no se limita a futuras liquidaciones. También dispone que las actualizaciones catastrales ya realizadas deberán ajustarse a los nuevos límites dentro de un plazo de dos meses. Ese criterio tendría efecto sobre la vigencia 2026. El texto señala que los impuestos liquidados para ese año deberán ser reliquidados conforme a las nuevas reglas.

Si un contribuyente ya pagó por encima de lo que correspondería tras esa revisión, el excedente sería reconocido como saldo a favor para futuras obligaciones tributarias. La medida evita, según la redacción del comunicado, que el ajuste quede solo en una corrección formal del avalúo.

El proyecto crea tarifas diferenciadas para vivienda, campo y lotes sin construir

La iniciativa también redefine los rangos de las tarifas del impuesto predial. “Para predios de uso habitacional y agropecuario, plantea un rango entre uno y 10 por mil”.Para otras destinaciones, “la tarifa iría de cinco a 16 por mil. En el caso de terrenos urbanizables no urbanizados y lotes urbanizados no construidos, podría llegar hasta 20 por mil”.

La propuesta incorpora además una regla específica para los predios rurales. Allí, los avalúos deberán considerar la productividad ajustada a la realidad del campo colombiano, con el objetivo declarado de evitar cobros que lleven a la quiebra a agricultores y campesinos.

Los municipios podrían fijar una tarifa de cero por mil para VIS y VIP

Otro capítulo del proyecto amplía el margen de decisión de los gobiernos locales. “Los municipios podrían establecer una tarifa de cero por mil para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) , como mecanismo para reactivar la construcción de vivienda y enfrentar el déficit habitacional”.

Además, quedarían habilitados para fijar tarifas diferenciales y progresivas según variables como el estrato, la antigüedad del catastro, el área del predio y el uso del suelo. El comunicado presenta esa facultad como una manera de adaptar el cobro a las condiciones de cada inmueble.

La bancada y Álvaro Uribe Vélez resumieron el propósito de la iniciativa en la búsqueda de “un sistema catastral y tributario más justo”, con información predial actualizada pero sin incrementos excesivos trasladados a los ciudadanos, y con mayor estabilidad para los contribuyentes del país.