El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia dejó sin efecto la imputación de cargos que la Fiscalía había presentado contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción
La Fiscalía había iniciado una investigación formal por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para supuestamente restituir de manera ilícita un lote identificado como Aguas Vivas, acusando a Daniel Quintero y a otros exfuncionarios de haber participado en ese proceso.
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Por esta decisión, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció durante el Consejo de Ministros realizado el martes 14 de julio en la Casa de Nariño.
El mandatario colombiano celebró la decisión del tribunal y calificó a la jueza como valiente. Según el jefe de Estado, la justicia en Antioquia supuestamente está influenciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Asimismo, calificó el procedimiento del ente acusador como “irregular”, comparando su situación con la de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
“Recientemente, una jueza tomó una decisión valiente en Antioquia. Según mi percepción, la justicia en ese departamento está influenciada por Fico Gutiérrez, lo que genera una situación que considero dictatorial. Esta jueza anuló el procedimiento irregular que habían realizado algunos fiscales, quienes habían ordenado su detención, de manera similar a lo que han intentado conmigo por ejercer la oposición en esa región”, indicó el presidente Petro.
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El mandatario colombiano denunció que los fondos públicos de Antioquia y Medellín supuestamente se mezclaron con recursos ilícitos. Según Gustavo Petro, provienen del narcotráfico y de empresas relacionadas con el “llamado sindicato antioqueño”.
“Dispongo de datos sobre estos hechos, aunque aún espero la visita de una persona a la que le he solicitado información, ya que tengo una duda pendiente de resolver. Lo que sí puedo afirmar es que fondos públicos de Antioquia y de Medellín se mezclaron con recursos provenientes de actividades ilícitas. Entre estos se encuentran dineros vinculados al narcotráfico y a empresas relacionadas con el llamado sindicato antioqueño, entre otras”, indicó el jefe de Estado.
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El presidente Gustavo Petro afirmó que posee los nombres y la información sobre las cuentas presuntamente implicadas. El mandatario colombiano calificó como “probable” que el supuesto fondo haya financiado una “campaña de desprestigio” en su contra, así como contra Iván Cepeda y Daniel Quintero.
“Tengo en mi poder los nombres de las empresas y la información sobre las cuentas implicadas. Estos recursos se habrían canalizado a través de un fondo administrado por el señor Palacios, junto a un ciudadano italiano, vinculado a actividades de lavado de activos. Considero probable que este fondo haya financiado la campaña de desprestigio en redes sociales dirigida contra Iván, contra mí y contra Daniel Quintero”, aseveró.
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Detalles del fallo
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia decidió anular la imputación de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud.
La Fiscalía lo había acusado de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, dentro del proceso conocido como “Aguas Vivas”.
Según la investigación, este caso involucró la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para permitir la restitución irregular de un terreno llamado Aguas Vivas. La Fiscalía consideró que Quintero y otros exfuncionarios habrían participado en el esquema.
“Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
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El juzgado concluyó que la imputación debía anularse debido a deficiencias graves en la formulación de los cargos. La decisión se sustentó en la falta de precisión de la Fiscalía al explicar los hechos jurídicamente relevantes y en la ausencia de claridad sobre los elementos que sustentan los delitos imputados.
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