Operativo contra la minería ilegal en Segovia, Antioquia, terminó en disturbios: una persona resultó muerta

En la madrugada del 12 de julio, Segovia se convirtió en el epicentro de una grave crisis de orden público tras un operativo policial en la mina Frontera Gold. El saldo incluye la muerte de un manifestante, tres heridos y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Según la información conocida hasta el momento, las familias de la zona reportaron afectaciones directas, mientras la fuerza pública mantiene una presencia activa para intentar recuperar el control del municipio.

Las protestas comenzaron después de que, según testimonios de habitantes y trabajadores mineros, cerca de 150 uniformados irrumpieron sin previo aviso en la zona minera entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m. del domingo. Los mineros artesanales, respaldados por líderes locales, denunciaron que los agentes emplearon gases lacrimógenos y armas de fuego, sin mostrar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante los disturbios, testigos relataron a El Colombiano que una persona murió tras el rebote de un disparo realizado al suelo por un uniformado. Otras tres personas resultaron heridas en medio de la confrontación, lo que incrementó la indignación de la población y motivó que las movilizaciones alcanzaran puntos estratégicos del municipio, como las instalaciones de la electrificadora.

”Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo) con gases”, señaló el testigo al diario nacional.

El operativo tenía como objetivo un allanamiento contra minería ilegal en la mina Frontera Gold, donde operan mineros informales que consideran el yacimiento su fuente principal de sustento.

Testimonios recogidos por medios regionales señalan que la intervención contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Ejército y agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Habitantes denunciaron que los gases lacrimógenos no solo se utilizaron en las inmediaciones de la mina, sino en barrios residenciales. Varias familias, incluyendo niños, tuvieron que abandonar sus viviendas por la presencia de humo y gas en el interior de sus casas.

Un ciudadano consultado por El Colombiano relató que existió una supuesta coordinación entre las autoridades y la multinacional Aris Mining para ejecutar la intervención, aunque la empresa respondió que el operativo fue un asunto de orden público, remitiendo a la versión oficial.

Entretanto, la muerte del joven involucrado en los disturbios habría ocurrido en medio de un intercambio de disparos durante las protestas. De acuerdo con fuentes militares consultadas por el medio nacional, un soldado respondió a un ataque armado por parte de un manifestante y, tras el enfrentamiento, un hombre herido fue trasladado a un centro de salud, donde falleció. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la identidad de la víctima ni su posible vinculación con grupos armados ilegales.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó los hechos a una posible retaliación del Clan del Golfo ante los operativos de las autoridades contra la minería ilegal. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó respaldo a la fuerza pública e informó sobre la realización de un consejo de seguridad para coordinar la respuesta.

Rendón aseguró que persistían bloqueos viales, incineración de vehículos y ataques a patrullas del Ejército en diferentes puntos de acceso a Segovia. Además, señaló la presunta instrumentalización de algunos habitantes por parte de estructuras criminales, lo que añade complejidad a la situación.

“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, señaló el gobernador.

En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado esclarecimiento de los hechos y garantías para la población civil, especialmente para las familias afectadas por los gases lacrimógenos y los disturbios. Hasta el cierre de esta edición, la Policía Departamental no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.