La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Bucaramanga y su área metropolitana debido al incremento de riesgos asociados al accionar de grupos armados, bandas criminales y estructuras delictivas.
La advertencia busca salvaguardar la vida, libertad e integridad de los habitantes de la región, donde la presencia y expansión de actividades ilegales han generado preocupación entre autoridades y comunidades.
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El análisis identificó a las organizaciones criminales Los de la olla, el Tren de Aragua y grupos que operan desde cárceles como los principales responsables de ejercer control territorial en barrios populares.
Estas estructuras exigen “permisos” para el ingreso de personas, imponen normas y afectan la legitimidad de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
El Tren de Aragua, de carácter transnacional, se dedica al sicariato, la extorsión y el microtráfico, con amplia influencia en entornos escolares, deportivos y comunitarios. Por otro lado, la operación desde los centros penitenciarios consiste en coordinar extorsiones, amenazas y homicidios desde las cárceles, especialmente desde los municipios de Girón y la capital santandereana.
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La Defensoría advirtió que niños, niñas y adolescentes se encuentran entre los grupos más vulnerables, siendo instrumentalizados como “campaneros” o utilizados para el transporte de drogas.
Las mujeres, en particular aquellas que enfrentan riesgos de feminicidio, también figuran en alto nivel de exposición, junto con personas Lgbtiq+, líderes sociales, comerciantes y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes han sido blanco de amenazas y acciones violentas.
En el mapa de riesgos presentado por la Defensoría y citado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), se destacaron zonas de mayor presencia y control territorial de estos grupos en diferentes comunas de Bucaramanga y municipios aledaños como Girón, Floridablanca y Piedecuesta.
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Los corredores de movilidad identificados son rutas frecuentemente utilizadas para actividades ilícitas, donde se facilita la circulación de drogas, armas y dinero producto de la extorsión. Además, las cárceles con operación delictiva consolidada están señaladas como focos de coordinación criminal y generación de violencia.
Entre las dinámicas de riesgo descritas, se encuentra la extorsión a comerciantes, transportadores y contratistas, así como el microtráfico en entornos escolares y la violencia basada en género.
El reclutamiento y uso de menores para actividades ilícitas, la coordinación de homicidios y la instrumentalización de liderazgos sociales figuran como tendencias preocupantes. El informe subrayó que la violencia sexual y feminicida es una amenaza persistente, especialmente para mujeres y personas Lgbtiq+.
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Recomendaciones de la Defensoría ante la problemática en Santander
La Defensoría formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas, destacó la necesidad de disuadir e investigar los factores de amenaza, fortalecer la protección diferencial para poblaciones vulnerables y mitigar las vulnerabilidades en los territorios priorizados.
Por ende, solicitaron la prevención de violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como el fortalecimiento institucional y de capacidades locales para enfrentar la criminalidad organizada.
El documento sugirió, además, intervenciones integrales en comunas, entornos escolares y deportivos, corredores metropolitanos y zonas de alta incidencia delictiva.
En el informe recomendaron la coordinación entre entidades como el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Gobernación de Santander, alcaldías municipales, Policía Metropolitana y la Unidad Nacional de Protección, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Inpec.
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El informe señaló la importancia de articular esfuerzos para reducir la presencia de grupos armados y bandas, proteger la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y evitar la instrumentalización de menores.
Las acciones deben incluir la atención a mujeres en riesgo, prevención de feminicidios y violencia sexual, y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección frente a amenazas contra la comunidad Lgbtiq+.
La Defensoría enfatizó la urgencia de implementar medidas integrales para restablecer la seguridad y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales en Bucaramanga y los municipios de su área metropolitana.
Por último, la entidad reiteró su compromiso de monitorear el desarrollo de los riesgos identificados y de acompañar a las comunidades en la exigencia de garantías de seguridad, vida y dignidad.
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