La radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía por parte del equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha puesto en la mira la polémica contratación de asesorías en el sector petrolero nacional.
El caso, que involucra a la filial Cenit de Ecopetrol, gira en torno a un contrato adjudicado a la firma Gesycobro SAS, el cual superó los 21.108 millones de pesos y resultó favorecido frente a reconocidas firmas del sector.
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La denuncia sostiene que existen presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato de asesoría jurídica. Según el abogado Germán Calderón España, quien lidera el equipo dorado anticorrupción del proceso de empalme, se habrían detectado posibles delitos relacionados con la celebración del contrato.
El señalamiento apunta a supuestas relaciones políticas entre miembros de la firma beneficiada y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, quien previamente se desempeñó como representante a la Cámara por el Huila.
La controversia se centra en la presunta ausencia de idoneidad de la firma adjudicataria y en la sospecha de vínculos políticos que, de acuerdo con los denunciantes, influyeron en el proceso de selección.
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Calderón España comunicó que la denuncia va respaldada por los respectivos contratos, informes de auditoría forense, reportes de prensa y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República.
“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló el abogado.
El documento presentado destaca que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta, regulada bajo un régimen especial como entidad adscrita a Ecopetrol. Esta característica implicaría consecuencias específicas en materia penal, disciplinaria y fiscal para los responsables de la gestión contractual.
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La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre el caso. Mientras tanto, el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella insiste en que los hallazgos presentados constituyen una muestra concreta de la labor de auditoría forense impulsada durante el proceso de empalme.
“El 11 de julio de 2004, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) emitió una advertencia ordinaria al gestor fiscal consistente en un estudio sectorial para lo minero-energético. En ella, se identificaron cuatro (4) riesgos: (i) el de una baja significativa en los ingresos de la Nación; (ii) el impacto fiscal que la mitigación de costos a través de subsidios tendria; (iii) el de la disminución de la inversión extranjera directa (IED) en el pais y (IV) incrementando el déficit del PTEC”, señala la denuncia.
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La otra denuncia en marcha por contrato de tierras: 500.000 millones y ejecución nula
El primer expediente presentado se refiere a un convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientado a la adquisición y entrega de predios dentro del programa de Reforma Agraria.
El equipo de empalme sostiene que el valor del acuerdo asciende a 500.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya habría sido desembolsado. No obstante, el informe revela que la ejecución material sería inexistente, ya que la obligación principal era entregar los bienes debidamente escriturados y, hasta el momento, según el análisis, “no existe escritura alguna”.
Esta denuncia plantearía un riesgo inmediato: los beneficiarios del programa podrían recibir terrenos sin títulos idóneos, lo que compromete la seguridad jurídica y la efectividad de la Reforma Agraria. El Equipo Dorado Anticorrupción considera que este tipo de irregularidades debe ser investigado en profundidad por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
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En medio del empalme, el grupo anticorrupción del presidente electo ha interpuesto denuncias penales, disciplinarias y fiscales sobre la gestión de fondos públicos, señalando posibles delitos y omisiones en la ejecución de programas clave. Las pruebas incluyen documentos contractuales, análisis forense y reportes oficiales, con el objetivo de que las autoridades determinen responsabilidades y tomen medidas.
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