Más de diez imputados por presunto ecocidio y deforestación en Meta, recuperan la libertad tras decisión judicial

Más de diez personas vinculadas a una investigación por presuntos delitos de ecocidio y deforestación de 52.000 hectáreas en Mapiripán, Meta, quedaron en libertad luego de que dos jueces concluyeran que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para imponer una medida de aseguramiento. Así lo reportó Blu Radio, medio que tuvo acceso a las audiencias y documentos del proceso.

Las decisiones judiciales se dividieron en dos diligencias. El Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio resolvió que no existía inferencia razonable de autoría o participación necesaria para aplicar la medida restrictiva solicitada por la Fiscalía.

Entre los beneficiados por esta determinación se encuentran Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez, quienes estaban imputados por delitos como concierto para delinquir, daños en los recursos naturales, ecocidio, deforestación y fraude procesal.

En una segunda diligencia, otros imputados, entre ellos Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, Eduardo Santos Leguizamo Barreto y el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque, recuperaron la libertad después de que un juez no legalizara sus capturas.

En ambos casos, los jueces señalaron que la Fiscalía no demostró la existencia de un acuerdo criminal ni la participación directa de los procesados en los hechos investigados. El medio ya mencionado detalló que el despacho judicial también rechazó la tesis de delincuencia transnacional y consideró insuficientes los elementos presentados para vincular a los imputados con la deforestación señalada.

Avances y pendientes en la investigación

El proceso, según la información recogida por la radio, también involucra al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa con presencia en el municipio desde 2008 y dedicada al cultivo de palma de aceite. Sobre Vigna Taglianti pesa una solicitud de medida de aseguramiento cuya definición está prevista para el 22 de julio.

Otro de los implicados, Mario Enrique Ibáñez, se presentó voluntariamente ante las autoridades y recibió la libertad por decisión de un juez. La imputación formal de cargos para otros procesados está programada para el 17 de julio.

Origen y fundamentos de la investigación

La investigación de la Fiscalía se fundamenta en informes técnicos y sobrevuelos realizados sobre una superficie de 918.200 hectáreas en Mapiripán, donde se identificaron daños en predios como Santa Ana y Macondo. Los reportes originados a partir de los registros del Ideam entre 2000 y 2023 documentan focos permanentes de quema y un patrón de deforestación que, según la entidad acusadora, habría ocurrido entre 2007 y 2026.

De acuerdo con los documentos citados por el medio, los investigadores detectaron una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial, así como la presencia de cultivos ilícitos, campamentos asociados a actividades ilegales y un crecimiento en la frontera agroindustrial.

Entre 2021 y 2023, las hectáreas sembradas con palma de aceite pasaron de 8.140 a 9.345, un aumento del 15%. Además, cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) indican que el censo bovino municipal creció un 148,59% entre 2016 y 2023.

Argumentos de la Fiscalía y posición de la defensa

En audiencia, la Fiscalía argumentó que existía un riesgo para la comunidad debido a la presunta continuidad de las actividades investigadas y una posible relación con organizaciones criminales de la zona. Sobre Vadid Aljure Peña y su familia, el ente acusador señaló la supuesta apropiación de cerca de 70.000 hectáreas de terrenos baldíos que después fueron negociados con Poligrow Colombia.

El juez, citado por Blu Radio, cuestionó la solidez de la investigación y afirmó: “Aquí empieza a fallar la investigación, y empieza a fallar toda la exposición que hizo la señora fiscal. Esto es un llamado de atención muy serio a la Fiscalía”. El despacho determinó que no era posible inferir la participación de los procesados en los hechos y negó la medida de aseguramiento.

Próximos pasos judiciales

La decisión de la primera instancia fue apelada por la Fiscalía, pero la audiencia de segunda instancia sigue pendiente tras no realizarse la programada para el 7 de julio. El proceso continúa abierto y, según el medio, la situación jurídica de Carlo Vigna Taglianti se definirá el 22 de julio, mientras las imputaciones para otros procesados avanzan en el calendario judicial.